Al parecer, a los chilenos nos gusta quedarnos en la orilla viendo cómo se nos viene encima una ola, hasta que ya es demasiado tarde para correr.
Verán. Aunque de Essal y su fiasco con el servicio de agua potable en Los Lagos ya se ha dicho todo lo esperable (y más), sólo por asombro recordemos un par de absurdos de su servicio. Fue el mismo subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, quien declaró que esta era una “amenaza latente” y que “ni Osorno ni ninguna otra ciudad de Chile se merecía una empresa tan ‘penquita’ como Essal”.
Razones no le faltaban. La fiscal María Angélica de Miguel calificó la planta que surtía de agua a los habitantes de la capital provincial como “un poquito artesanal”, debido a una interminable lista de irregularidades en su funcionamiento que iban desde equipos obsoletos o deteriorados, hasta su falta de control sobre los trabajadores que llevaban a cabo los procesos.
Precisamente, el problema que provocó dejar sin este servicio básico por 10 días a 150.000 osorninos, fue una negligencia que rivaliza con la del infame puente Cau Cau: el único operario dejado a cargo de recargar un generador eléctrico -sin ninguna supervisión ni apoyo técnico- simplemente olvidó que estaba realizando el proceso y lo dejó correr por horas hasta derramar más de 1.100 litros de petróleo sobre los filtros de agua.
La empresa ha tratado de deslindar la responsabilidad en él, pero ya saben: si sujetamos un muro con alambres y luego se viene abajo, no podemos culpar al alambre.
Esta dista de ser la única polémica de Essal. En los últimos 5 años la concesionaria ha tenido 85 procesos sancionatorios, siendo el más grave la contaminación de la bahía de Ancud en Chiloé con coliformes fecales (digamos, con caca), situación que la empresa atribuyó a algas en un primer momento e incluso pagó a una empresa para emitir un informe que la exculpara.
Y ojo, hablamos de una empresa que sólo en 2018 tuvo ingresos por más de 58.000 millones de pesos, y ganancias para el bolsillo de casi 11.000 millones. No son sueldos reguleques, precisamente.
Pero hablando de arreglar cosas con alambres, ¿que más podemos decir del triste caso de Línea Azul? Luego de que uno de sus buses volcara en la Ruta 5 matando a 6 personas, incluyendo una niña de sólo 9 años, se destapó una espiral de actos criminales, siendo la principal que el bus siniestrado tenía su patente adulterada. ¿Por qué? Para ocultar que la máquina tenía prohibición de circular desde 2016, debido a que ya había protagonizado otros dos accidentes fatales en 2010 y 2012.
No sólo eso. Línea Azul es una de las compañías de transporte más multadas del país, con un 57% de sus controles derivando en infracciones. No me sorprendió. Durante un periodo de mi vida no me quedó alternativa que tomar estos buses para transportarme, y comprobé que el mal estado de los buses y la imprudencia de sus conductores era una constante de la empresa.
(Y sí, también comprobé hasta el hartazgo que, al momento de querer denunciarlas a la Seremi de Transportes, el proceso era engorroso e inútil).
Ahora, además del conductor del malogrado bus, también están bajo arresto el jefe de taller de Línea Azul y el dueño de la empresa, de quien aún no se aclara si fue detenido mientras iba a entregarse o intentaba huir.
No es de extrañar entonces que la justicia haya decretado la incautación de los 14 buses que aún poseía la empresa, y el Ministerio de Transportes iniciara el proceso de cierre de Línea Azul.
¿O sí debería extrañarnos?…
Quizá porque las acciones que en cualquier país civilizado serían evidentes, en el nuestro tardan en llegar hasta que los daños se traducen, incluso, en muertes. Y cuando se trata de sanciones, de haberlas, estas acaban siendo irrisorias.
En el caso de Essal, la empresa inicialmente había ofrecido compensar a sus clientes (o mejor dicho, rehenes gracias a las bondades de los monopolios naturales) con 40 días de agua gratis.
Discúlpenme, pero ni Colón trató de engatusar a los indígenas con semejante chuchería.
Luego la presión ciudadana la hizo anunciar dos meses de agua gratis, pero ello no cubrirá las tremendas pérdidas del comercio, que debió paralizar sus funciones y dejó de recibir ingresos que hoy tienen a muchos locales en riesgo de quebrar.
¿Lo peor? Que muy fresca de cuerpo, Essal advirtió que la legislación no permitirá que les quiten la concesión de aguas anunciada por el SISS. Es que, ahora sí recordaron su “estricto apego a la ley de servicios sanitarios”.
Y probablemente la empresa tenga razón en su desfachatez pues vaya que las leyes la favorecen. El superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, aclaró que nuestra legislación no permite exigir una compensación a las empresas de agua potable, sino sólo sancionar con una multa que no puede superar los 600 millones de pesos, es decir, menos del 5% de las ganancias obtenidas por Essal el año pasado.
Esta indulgencia en nuestra legislación hacia las empresas nace de la misma indiferencia de las autoridades hacia sus transgresiones. En 2013, nuestro colega Cristóbal Vaccaro fue parte de un reportaje que demostró cómo el año anterior, Línea Azul había tenido 266 infracciones (¡una cada 1,3 días!), incluyendo algunas tan graves como transitar con máquinas suspendidas (¿les suena?), el parabrisas roto, sin cinturones de seguridad o con exceso de pasajeros.
En vez de alarmarse, el Ministerio de Transportes de la fecha les respondió que si bien estas infracciones permitían clausurar la empresa, preferían no hacerlo para “no matar la marca” y evitar dejar a muchas personas botadas por falta de movilización, sobre todo hacia lugares donde Línea Azul era la única oferente.
Y vaya que en vez de matar la marca, acabaron matando personas.
Ejemplos de esta inoperancia estatal tenemos por montones. Recibimos alegremente 7 mil pesos de compensación por la colusión de las empresas de papel higiénico CMPC y TSA, lo que les arrojó ganancias de 480 millones de dólares. Si nos hubieran entregado el total de estas ganancias mal habidas -como suele obligar la Unión Europea- cada uno de los 17 millones de chilenos debería haber recibido más de 20 mil pesos.
Suma y sigue, desde el perdonazo de 125 millones de dólares del SII a la cadena Johnson’s, hasta la multa de apenas 24 millones de pesos con que la extinta SBIF sancionó al banco BCI por cobrar intereses ilegales a más de 47 mil clientes de tarjetas de crédito, cuyos montos, hasta la fecha, desconocemos.
Ni mencionemos al grupo Penta, que tras protagonizar el mayor escándalo financiero en la historia del país con más de 20 mil millones de dólares de fraude al fisco -con gran parte de las sumas destinadas al financiamiento ilegal de campañas políticas- terminó con un bullado acuerdo judicial que “castigó” a sus dos principales protagonistas, Carlos Délano y Carlos Lavín, con escribir 100 veces en una pizarra que “esas cosas no se hacen” (sí, literalmente).
Quizá por todas estas razones, los chilenos solemos sentir un recelo intrínseco hacia todo quien lleve el nombre de “empresario” y una desesperanza en cualquier proceso sancionatorio o de compensación (¿alguien todavía confía en obtener algo del Sernac?).
Y esto no es algo propio de un gobierno, de izquierda o derecha, es parte de nuestro Estado en su conjunto, de los tres poderes, como quienes debieran ser garantes de nuestros derechos. Con fiscalizaciones oportunas y suficientes, y con normativas que impongan sanciones realmente severas.
Por ahora, sólo nos queda seguir esperando no ser los próximos en abrir la llave y no tener agua. O subirnos a un bus que jamás debió haber estado circulando.
