Información de Radio Bío Bío indica que por primera vez, en el Caso Fragatas, se realizará un juicio oral contra el último involucrado en la causa que pesquisa la Fiscalía Oriente por la venta irregular de insumos bélicos y pertrechos a la Armada y Ejército de Chile.
Se trata del General en retiro del Ejército Víctor Lizárraga, que forma parte de la arista “Famae” del caso Fragatas. Lizárraga fue formalizado en 2012 por los delitos de soborno y cohecho en la venta de bienes militares a Famae junto con proyectos de desminado.
Desde las nueve horas de este martes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se realizará la audiencia de preparación de juicio oral contra el militar en retiro, de cara al juicio que pretende enfrentar. Serán los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena los encargados de validar la prueba de cargo ante el tribunal de primera instancia.
Esta causa comenzó con una indagatoria contra el periodista y empresario Guillermo Ibieta, que según el Ministerio Público se coludió con altos oficiales de la Armada, Juan Tapia y Patricio Basili, para obtener información interna que les permitiera convertirse en mediadores para la venta de materiales.
La operación más importante se relacionó con la compra de dos fragatas provenientes de Holanda por un total de 350 millones de dólares dejando un total para Ibieta de 400 mil dólares.
Finalmente el periodista y empresario Ibieta fue sobreseído por su muerte. Mientras que el resto de los imputados fueron condenados por medio de procedimientos abreviados.
El año pasado las hijas de Ibieta recibieron la suspensión condicional de la causa en su contra a cambio del pago de 150 millones de pesos por el lavado de activos que las involucraba en el caso. Delito que el Ministerio Público les atribuyó por recibir dinero de origen ilícito por parte de su padre.
Si bien el Ministerio Público intentó dar término por medio de un procedimiento abreviado al último imputado en esta causa, su defensa explicó que optaron por el derecho de todo acusado para enfrentar un juicio oral. El Consejo de Defensa del Estado pide sobre 10 años de presidio en su contra.
