El acuerdo alcanzado por la Fiscalía con los seis imputados del caso Tsunami, para evitar ir a un juicio oral, impedirá conocer testimonios en estrado, como la declaración de la presidenta, Michelle Bachelet.
Las condiciones para aplicar la suspensión condicional del procedimiento incluyen pedir perdón, no reincidir por un año y pagar compensaciones económicas que van de los $2 millones a los $80 millones para cada imputado.
Hasta el mediodía de este lunes tienen plazo para sumarse a esta salida alternativa el ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, la ex directora de la ONEMI, Carmen Fernández, y el ex jefe de la central de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, el ex director del SHOA, Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial Mario Medina, quienes están formalizados por cuasi delito de homicidio, por la fallida alerta de maremoto que significó la muerte de 105 personas.
Sólo queda por resolver si la Fiscalía les permitirá pagar en cuotas la compensación, como lo han planteado las defensas de Fernández y de los tres ex marinos a quienes se les fijó un monto de 40 millones de pesos. Si es ratificada esta salida alternativa por la justicia, no se conocerán testimonios y pruebas de los errores que cometieron las autoridades en la fatídica madrugada del 27F.
El abogado Alfredo Morgado, representante de un grupo de familiares de las víctimas y actual concejal del PPD por Santiago, destacó que en la lista de testigos tendría que haber estado la presidenta Michelle Bachelet.
Para mañana, a las 17 horas, están invitados a la Fiscalía Occidente los abogados querellantes, que representan a los familiares de las víctimas para ser notificados de este acuerdo.
Uno de estos juristas, Raúl Meza, adelantó que rechazarán esta salida alternativa.
El próximo 14 de marzo está fijada la audiencia de preparación de juicio oral, donde el fiscal José Luis Pérez Calaf, deberá presentar este acuerdo que podría significar el sobreseimiento de la causa que se prolongó por 6 años.
