“Estamos analizando evidencias de que el expresidente y su familia recibieron ventajas para conseguir acciones dentro del gobierno. Eso aún es una hipótesis”, dijo el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, a cargo de la investigación que hoy realizó un allanamiento en la casa del exmandatario y lo llevó a declarar.
El persecutor sostuvo que cerca de 30 millones de reales (unos 8 millones de dólares) fueron pagados a Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, en forma de donaciones u honorarios por conferencias por grandes constructoras acusadas de corrupción en Petrobras.
El fiscal precisó que las grandes constructoras involucradas en el fraude a la petrolera hicieron el 60% de las donaciones recibidas por el Instituto Lula del exmandatario, por un total de 20 millones de reales entre 2011 y 2014. Seis constructoras hicieron pagos de 10 millones de reales, que representan el 47% de los ingresos de la empresa LILS Palestras, propiedad de Lula.
Las empresas son Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez y UTC.
“No hay nadie exento de investigación en el país (…) Lula no tiene fueros privilegiados”, aseguró Lima.
Los mandatos de allanamiento y traslados para declarar “están siendo ejecutados por la policía federal para investigar posibles delitos de corrupción y lavado de dinero del esquema Petrobras practicados por el expresidente Lula y asociados”, dijo la fiscalía del estado de Paraná, a cargo de la investigación del megafraude a la petrolera.
“Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores provenientes del esquema Petrobras consistentes en un departamento de 3 pisos y una parcela en Atibaia, muebles de lujo en ambas propiedades y almacenaje de los bienes por una empresa de transporte”, sostuvo la fiscalía en un comunicado.
Lula niega ser propietario del departamento ubicado en un balneario del estado de Sao Paulo y de la parcela. La fiscalía sospecha que los predios fueron reformados por grandes constructoras brasileñas, que a cambio obtenían contratos en la estatal Petrobras.
“Creemos que la parcela es realmente del señor Luiz Inacio”, dijo el fiscal Lima.
Los allanamientos se producen un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista, Delcidio Amaral, acusando a Rousseff de interferir en la investigación del escándalo en Petrobras y a Lula de estar al tanto del esquema de corrupción.
El artículo con supuestas declaraciones de Amaral publicado por la revista IstoÉ encendió la ira del gobierno y la propia Rousseff advirtió indignada que las filtraciones a la prensa no pueden ser usadas como un arma política, y que el combate a la corrupción es y seguirá siendo la prioridad de su gobierno.
Partidarios acusan “agresión al Estado de Derecho”
El allanamiento de la casa del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y su traslado a la policía a declarar en el marco del fraude a Petrobras “es una agresión al Estado de Derecho”, dijo el viernes el Instituto Lula del exmandatario.
“La violencia practicada hoy contra el expresidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la exdiputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al expresidente es una agresión al Estado de Derecho que afecta a toda la sociedad brasileña”, dijo el Instituto en un comunicado. La acción de la policía “es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta a la Corte Suprema”.
