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Las turbiedades de la empresa que crearon en el Bío Bío dos imputados del caso Caval
Publicado por: Daniel Medina
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Una empresa de prótesis dentales en Concepción pone en aprietos los antecedentes de los imputados por el caso Caval Juan Díaz y Patricio Cordero, debido a las irregularidades que se atribuyen a esta entidad.

Se trata de la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos -Family Health Center-, la que fue creada por el ingeniero civil industrial Héctor Feeley y el abogado Juan Pablo Pozo en febrero de 2012 con la dirección de un inmueble arrendado por la Universidad San Sebastián en calle Camilo Henríquez 1820.

A pesar de que los imputados no figuran en la creación de la sociedad, Patricio Cordero aparece en sus documentos como gerente general, consigna Ciper. De hecho, Cordero, Feeley y Pozo están vinculados por haber prestado servicios a municipios de la desaparecida Alianza en la Región Metropolitana.

Cordero y D√≠az aprovecharon su red de contactos para impulsar el negocio. Precisamente, con estos v√≠nculos apuntaron hacia el Servicio de Salud Concepci√≥n, con quien se habr√≠a acordado en 2012 una licitaci√≥n “a la medida” de la sociedad por un valor de 35 millones de pesos para cubrir 200 atenciones odontol√≥gicas del Consultorio Dr. V√≠ctor Manuel Fern√°ndez.

En el intercambio de comunicaciones entre quien entonces era el subdirector de Recursos F√≠sicos y Financieros del Servicio de Salud, George Sep√ļlveda, y el administrador de Family Health Center, Rodrigo Jerez, se consignan detalles como los modos de pago y las condiciones de la licitaci√≥n previo a que √©sta fuera abierta el 7 de septiembre.

Sep√ļlveda era considerado como mano derecha del director del citado Servicio de Salud, Jorge Madariaga, quien era un “antiguo conocido” de Juan D√≠az y con quien se cre√≥ el nexo entre la sociedad y el SSC.

La apuesta de la sociedad fue continuar en la senda de las adjudicaciones, logrando una nueva para suministrar prótesis al municipio de San Pedro de la Paz, aunque de menor cuantía (2,5 millones de pesos).

El plan de lograr nuevas licitaciones fracas√≥ con la salida de Madariaga, quien fracas√≥ en su intento de lograr un esca√Īo en la C√°mara de Diputados con un cupo de la Alianza.

La situación de la sociedad ya estaba complicada a inicios de 2013, donde se inició una reestructuración que terminó con la salida de Rodrigo Jerez como administrador, siendo reemplazado por Claudio Durán. Posteriormente se renovó todo el directorio, y los dos fundadores, Héctor Feeley y Juan Pablo Pozo, salieron de la sociedad tras vender su participación. De paso, el nombre de fantasía de la sociedad se cambió a Clínica Thompson y comenzó a funcionar en el centro de Concepción.

Patricio Cordero, a estas alturas, sigue figurando en negocios de la sociedad. Luego de ganar una licitaci√≥n por 18,5 millones de pesos por “altas dentales” del consultorio Dr. V√≠ctor Manuel Fern√°ndez, en las √≥rdenes de compra que efectu√≥ el recinto aparece el nombre de Cordero como destinatario.

A esto se suma otra licitación con un monto de $24 millones, también del citado consultorio y que, al igual que la anterior, establece como destinatario a Patricio Cordero.

La sociedad fue disuelta en diciembre, luego de que el Servicio de Salud diera término anticipado a la licitación de altas dentales por diversos incumplimientos de Clínica Thompson.

Durante su existencia, la empresa enfrent√≥ tres demandas laborales, entre ellas la del ex administrador Rodrigo Jerez quien acus√≥ “despido injustificado” y una deuda de casi 8 millones de pesos desde la sociedad.

Esta demanda terminó siendo retirada luego que Jerez fuese acusado por el nuevo administrador, Claudio Durán, de sustraer 32 millones de la cuenta de la sociedad. Tras un acuerdo, Rodrigo Jerez recibió 7 millones de pesos de compensación con la condición de que se retractara de la acción judicial.

En lo que respecta al caso Caval, Patricio Cordero fue imputado de facilitar desde la sociedad familiar Inversiones y Asesorías Lo Beltrán documentos tributarios falsos a la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero. Juan Díaz, en tanto, está acusado de soborno, facilitación de documentos falsos y obtener ventaja indebida producto del negocio en Machalí.

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