El Tribunal Constitucional optó por destinar a la Corte de Apelaciones de San Miguel la responsabilidad de entregar o no a la Fiscalía Sur el acceso a los documentos secretos que entregó mediante delación compensada una de las empresas denunciadas por colusión.
A la solicitud del fiscal sur, Raúl Guzmán, se opuso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al asegurar que la Fiscalía no garantiza que pueda resguardar la información, dadas las filtraciones del último tiempo, por lo que recurrió al TC para impedirlo.
La empresa sueca SCA se acogió a la delación compensada, entregando información confidencial sobre las operaciones ligadas al caso de colusión. Su abogado defensor, Rodrigo Díaz de Valdés, declaró que de ser filtrados los datos, se produciría un grave daño a los planes estratégicos de la compañía.
A las críticas a fiscalía por supuestamente no asegurar confidencialidad, se sumó el fiscal nacional económico, Felipe Irrarázabal, quien incluso aseguró que Raúl Guzmán estaría violando la ley con su solicitud.
