La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó anular el juicio contra el ex alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, y otros funcionarios municipales, dejando a firme las penas por delitos de corrupción. Los condenados deberán cumplir hasta 3 años de cárcel aunque en libertad, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la devolución de los dineros defraudados.

Tras una breve audiencia, la ministra de la 4º Sala del tribunal de alzada penquista informó que habían sido rechazados los recursos de nulidad presentados por los condenados en el caso Rivera.

Se desechó así la solicitud para una repetición del juicio y fueron dejadas a firme las penas contra el ex alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, y 4 funcionarios públicos, todos investigados por delitos de corrupción.

El Ministerio Público expresó su satisfacción por el fallo de la Corte penquista, según lo manifestó el fiscal a cargo del caso, Patricio Aravena.

Los abogados defensores indicaron en tanto que estudiarán el fallo antes de resolver un posible recurso de queja, en el caso de Marcelo Villena, por el ex alcalde Rivera, mientras que Francisco García adelantó que buscarán dejar sin efecto las inhabilitaciones de los funcionarios públicos.

Rivera fue condenado por los delitos de fraude al Fisco y cohecho, a 3 años de cárcel, aunque con el beneficio de la remisión condicional, a la inhabilitación perpetua para ejercer como alcalde, y al pago de 32 millones de pesos como devolución de los dineros defraudados.

Ese monto, sin embargo, debe ser cancelado conjuntamente con el funcionario municipal Mario Gutiérrez, también responsable de fraude al Fisco, quien deberá cumplir 41 días de cárcel, también en libertad y la imposibilidad de ejercer el cargo de jefe de personal mientras dure la condena.

Los otros tres funcionarios públicos condenados por obtención fraudulenta de prestaciones fiscales, todos hoy directivos en la Municipalidad de Hualpén, son Nelson Cuevas, Patricio Garrido y José Miguel Peña. Ellos deberán cumplir entre 300 y 541 días de prisión remitida, el pago de multas y la inhabilitación de cargos públicos mientras duren las penas.