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Investigan a autoridades y detectives por presunta red de explotación sexual infantil en Concepción
Publicado por: Pedro Cid
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Autoridades, un juez penal, abogados, un fiscal, empresarios y detectives son investigados como presuntos clientes de una supuesta red de prostituci√≥n infantil que involucra a una joven de 17 a√Īos. La menor escap√≥ del hogar Capullo del Sename donde se encontraba internada.

La investigaci√≥n recuerda el revuelo que provoc√≥ el caso de Gemita Bueno, ya que personas de alto poder adquisitivo, autoridades y funcionarios vinculados con organismos destinados a indagar y prevenir este tipo de il√≠citos, fueron mencionados como clientes por la presunta v√≠ctima principal: una ni√Īa vulnerable de 17 a√Īos, proveniente de Lota.

Cuando ten√≠a apenas 15 a√Īos la adolescente comenz√≥ a trabajar en un “caf√© con piernas” de Coronel, donde se introdujo en el mundo del comercio sexual. Luego se traslad√≥ a Concepci√≥n y es all√≠ donde se habr√≠a contactado con los clientes, embaucada por el pololo -m√°s bien su proxeneta- quien tambi√©n es investigado.

La joven conseguía clientes por internet y en terreno, en lugares donde el dinero abunda como es el casino. Sentada a la barra, la joven lograba que no pocos hombres se le acercaran y con ellos cerraba trato.

La madre present√≥ una denuncia por entonces, el a√Īo 2011, e insisti√≥ frente a la reiteraci√≥n de los episodios. Finalmente, el Tribunal de Familia de Coronel orden√≥ derivarla a un centro del Sename, siendo internada en el hogar Capullo de Chiguayante, s√≥lo a fines del a√Īo pasado, para cumplir el tratamiento de rehabilitaci√≥n.

Mientras estaba internada sin salir, porque así lo ordenó el Tribunal de Familia, la menor comenzó a entregar nombres de sus presuntos clientes: políticos, policías, jueces, abogados y al menos un fiscal de la zona.

Fue por ello que el Ministerio P√ļblico dej√≥ el caso en manos de Luis Toledo, fiscal regional de O’Higgins, el que adem√°s, decidi√≥ trabajar con el OS-9 de Carabineros de Santiago, porque entre los mencionados hay detectives.

Quienes conocen a fondo la investigación -por ahora secreta- aseguran que el caso del fiscal y de una autoridad política son las acusaciones más débiles. No así la que involucra a un juez de la justicia penal, a sus asesores y a varios abogados reconocidos de la plaza, no descartándose una formalización.

La PDI, a través del prefecto provincial Alfredo Espinoza, descartó la participación de efectivos policiales, agregando que en su minuto la menor acusó a dos policías pero se comprobó que eran personas que se hicieron pasar por efectivos de la policía civil.

Sobre el cambio de grupo policial con el cual trabaja el fiscal jefe de O’Higgins, Espinoza entiende que es potestad del √≥rgano persecutor:

El caso del fiscal es llamativo, porque éste presentaría una marca en el cuerpo que la menor NO mencionó. Además, trascendió que al mostrarle la fotografía del persecutor, tampoco lo reconoció.

Hay un aspecto clave en el caso. No est√° claro si los clientes sab√≠an la edad de la ni√Īa, algo fundamental para atribuir un delito sexual. Los acusados pueden indicar que la desconoc√≠an o que ella dec√≠a tener m√°s, y con ello estar√≠an eximidos del il√≠cito.

El hogar Capullo pertenece al Sename, cuya directora regional, Ver√≥nica N√ļ√Īez, sostuvo que apenas recibieron a la menor y los antecedentes mencionados, se present√≥ una querella.

La menor dispon√≠a de una agenda electr√≥nica con 400 n√ļmeros telef√≥nicos de los supuestos clientes y la semana pasada tom√≥ una decisi√≥n radical. Cuando iba custodiada por funcionarios del Sename al psiquiatra escap√≥ y hasta ahora nadie sabe de ella.

El Ministerio P√ļblico declin√≥ referirse al tema.

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