El abogado querellante en el caso tsunami, Raúl Meza Rodríguez, anunció que solicitará una audiencia judicial “para debatir sobre las razones jurídicas” que la fiscal regional de la zona Metropolitana Occidente, Solange Huerta, sostiene para no citar a la ex Presidenta Michelle Bachelet en el proceso.
Mediante un comunicado se informó que ayer viernes “la Fiscal Solange Huerta, que investiga los hechos ocurridos a consecuencia del tsunami, ha notificado al abogado querellante, Raúl Meza Rodríguez, su rechazo a una nueva citación a declarar a la jefa de la ONU Mujeres”.
“En una escueta resolución, la Fiscal Huerta, sin invocar ningún fundamento jurídico para rechazar por octava vez la citación a declarar a Bachelet, solo se remite a un pronunciamiento anterior, de marzo del presente, en el cual, rechaza esta diligencia, por estimar que las conclusiones del informe de la PDI son suficientemente clarificadoras de la intervención y el rol que tuvo la ex mandataria”, asegura el texto.
El comunicado finaliza anunciando que el abogado querellante “solicitará este lunes 22 de octubre, al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que fije audiencia judicial para debatir sobre las razones jurídicas que ha tenido la Fiscal Huerta para no citar ni formalizar cargos contra la Sra. Bachelet, por cuasidelito de homicidio múltiple y denegación de auxilio”.
Raúl Meza anunció además que se opondrá al cierre de la investigación en esta causa, que debe producirse el 7 de noviembre “por estimar que existen diligencias probatorias pendientes y fundamentales” para determinar los responsables penales de la 156 muertes ocurridas en las costas del país la madrugada del 27 de febrero de 2010.
Hay que consignar que el abogado Meza fue condenado en mayo pasado por la Corte Suprema, por encontrarlo culpable de “actos desdorosos, abusivos y contrarios a las normas de ética vigentes”.
La condena de la justicia fue tras la demanda de la Clínica Las Condes, que lo acusó de crear conflictos legales con los pacientes, instándolos a interponer demandas por supuestas negligencias médicas, extorsionando a la Clínica .
El año 2003 la clínica lo demandó tras descubrir que el abogado incitaba a pacientes que habían tenido problemas a realizar demandas, a grabar con cámara ocultas y publicitarlas en medios de comunicación.
