Un total de 8.852.556 pesos en multas deberán pagar los responsables de mantener en ilegales y deplorables condiciones laborales, de salud y seguridad a 19 campesinos peruanos y una chilena que trabajaban en la cosecha de frutillas en la provincia de San Antonio.

La irregular situación quedó al descubierto el martes 22 de noviembre a raíz de una denuncia anónima que movilizó a la PDI, al Ministerio Público y motivó una fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo en esa ciudad.

Ambos grupos de campesinos carecían de contrato de trabajo escriturado y, pese a haber cumplido un mes y medio recolectando frutillas, ninguno de ellos pudo demostrar documentalmente que había recibido alguna remuneración.

Además, los recolectores peruanos provenientes de la zona de Puno sólo contaban con visa de turista.