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Corte Suprema acoge recurso y ordena investigar intercepción telefónica de abogado y cliente
Publicado por: Poder Judicial
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La Corte Suprema revocó el sobreseimiento dictado por el Séptimo Juzgado de Garantía -y ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago- en el caso de intercepción de las comunicaciones telefónicas de un abogado y su cliente.

En fallo un√°nime, los ministros de la Segunda Sala del m√°ximo tribunal -Nibaldo Segura, Jaime Rodr√≠guez, Rub√©n Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos K√ľnsem√ľller- acogieron el recurso de queja presentado en el caso que afect√≥ al abogado Carlos Cort√©s Guzm√°n.

La sentencia del máximo tribunal determinó que hubo falta grave del juez y los ministros al dictar la resolución que determinó el sobreseimiento de César Bórquez Bórquez, quien fue acusado de infracción al artículo 161-A por la intercepción ilegal de comunicaciones:

‚ÄúEs efectivo que las discrepancias interpretativas no pueden motivar un recurso de queja y una sanci√≥n disciplinaria, como ya lo ha resuelto reiteradamente esta Corte; sin embargo, el tenor literal de las normas de los art√≠culos 161 A del C√≥digo Penal y 222 del C√≥digo Procesal Penal -que deben necesariamente relacionarse- es de tal modo claro, que no es precisa una mayor interpretaci√≥n para conclu√≠r que la prohibici√≥n de interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado reconoce como √ļnica excepci√≥n en el C√≥digo Procesal Penal, la orden de un juez de garant√≠a, por estimar fundadamente, sobre la base de antecedentes de los que dejar√° constancia en la respectiva resoluci√≥n, que el abogado pudiere tener responsabilidad penal en los hechos investigados, excepci√≥n que no concurre en este caso. La historia fidedigna del establecimiento del art√≠culo 222 citado, nos revela que la C√°mara de Diputados propuso incorporar una norma que asegure que no se podr√°n interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado, a menos que el juez de garant√≠a lo ordenare por estimar fundadamente la circunstancia se√Īalada en el p√°rrafo precedente. La Comisi√≥n Mixta acept√≥ esa sugerencia, entendiendo que concilia el derecho a defensa del imputado con el l√≠mite que cabe admitir para el secreto profesional, cual es la participaci√≥n del abogado en un hecho punible. Con tal prop√≥sito se agreg√≥ el inciso 3¬ļ. (Emilio Pfeffer Urquiaga, C√≥digo Procesal Penal, Anotado y Concordado, 2001, p. 237)‚ÄĚ, indica la resoluci√≥n.

Y agrega que ‚Äúla conversaci√≥n habida entre el imputado y su abogado fue interceptada, grabada y difundida posteriormente, al ser reproducida por escrito en un informe policial por el mismo autor de la interceptaci√≥n. El inciso final del precepto excluye de la punibilidad a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorizaci√≥n judicial, est√©n o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas. Pero en este caso, no ha existido autorizaci√≥n legal, como tampoco judicial, porque la ley permite y ordena a la polic√≠a cumplir los mandatos de los jueces y fiscales, pero al funcionario se√Īor B√≥rquez no se le orden√≥ ni autoriz√≥ interceptar la comunicac√≠√≥n del imputado con su abogado, sino del imputado con otras personas. La conversaci√≥n que, como fruto de la interceptaci√≥n efectuada, obtuvo, grab√≥ y transcribi√≥ el agente policial y entreg√≥ en su informe al fiscal, sostenida entre el querellante en su calidad de abogado y el imputado, no estaba cubierta por el mandato legal, de modo que actu√≥ fuera de la ley. El art√≠culo 222 inciso 3¬ļ del C√≥digo Procesal Penal, s√≥lo le permit√≠a grabar aquella conversaci√≥n espec√≠fica en la medida que el Juez de Garant√≠a se lo hubiese ordenado, quien pod√≠a hacerlo -√ļnicamente- sobre la base de antecedentes que deb√≠an constar en la resoluci√≥n respectiva y cuando el abogado pudiera tener responsabilidad penal en el hecho investigado. Ya que no estaba facultado por la ley, porque carec√≠a de mandato judicial para proceder como lo hizo, el comportamiento del querellado no encuadra en el inciso final del art√≠culo 161-A del C√≥digo Penal y resulta infundado sostener la inexistencia del delito, como motivo determinante del sobreseimiento definitivo cuestionado‚ÄĚ.

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