Organizaciones de defensa de los inmigrantes y expertos en Estados Unidos saludaron este lunes la suspensión de deportaciones de indocumentados sin antecedentes penales, pero recomendaron prudencia a los que quieran presentarse ante las autoridades.
“En este momento, no se entregue. Si es detenido, ejerza su derecho a no contestar preguntas que puedan ayudar a su deportación, no firme su salida voluntaria y pida orientación de abogados”, aconsejó Angélica Salas, presidenta de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), en rueda de prensa telefónica.
El gobierno estadounidense anunció el jueves una revisión caso por caso de más de 300.000 casos pendientes de deportación, que dejará en suspenso la expulsión de los que no tengan antecedentes.
Los que se vean beneficiados por una suspensión, o “acción diferida”, podrían incluso recibir un permiso de trabajo, según altas fuentes.
La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, prometió desarrollar esas nuevas directrices, que darán poderes discrecionales a las agencias de inmigración, en breve.
“Esta es una instrucción con muchas limitaciones y no sabemos a largo plazo quién se va a beneficiar”, añadió Carlina Tapia, miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Migración.
“Cada localidad, cada corte de inmigración, cada fiscal, al principio van a tener poder de interpretar”, añadió Tapia.
La posibilidad de trabajar mientras un indocumentado está pendiente de deportación puede generar confusión, advirtió la letrada.
De los 300.000 casos pendientes, no se sabe con certeza cuántos podrían salir beneficiados de una revisión, explicó la abogada.
El gobierno del presidente Barack Obama, quien apuesta por una reforma migratoria integral, ha deportado al mismo tiempo un número récord de indocumentados, más de un millón en los últimos tres años.
Estados Unidos cuenta con 10,8 millones de inmigrantes sin papeles, según cálculos oficiales.