A eso de las 16:45 se retiraron los dueños de la compañía Minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny tras comparecer por cerca de 5 horas ante la Comisión Investigadora de Seguridad en Faenas Mineras de la Cámara de Diputados, en donde se busca establecer responsabilidades por el accidente que mantiene a 33 mineros atrapados en el Yacimiento San José.
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En la sesión Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny -quienes asistieron acompañados de sus asesores más cercanos- descartaron tajantemente que hayan realizado presiones indebidas o que hayan caído en actos de corrupción con el objeto de obtener las autorizaciones necesarias para la reapertura de la mina. “Somos gente honesta”, enfatizó Bohn, al tiempo que recordó que la empresa San Esteban ha realizado funciones por 30 años en Atacama.
El ejecutivo reconoció, sin embargo, que frente a la problemática que significaba el cierre de la mina, en 2007, y a la falta de atención respecto del tema, tuvieron conversaciones con las autoridades disponibles de la zona, como fueron la intendenta del momento y los senadores de la circunscripción, con el objeto que intercedieran para que el asunto “se atendiera técnicamente”.
Los ejecutivos sostuvieron que esta situación los tiene completamente consternados, reconociendo todo el dolor producido. “Es una situación triste, no es una situación agradable, es una situación desesperada. Afortunadamente nuestros trabajadores están vivos y, por lo visto a través de la prensa, con mucho ánimo. Sin embargo, el dolor que ha causado esta situación indeseada e imprevista por nosotros, merece que nosotros pidamos disculpas por la angustia que se ha vivido en estos días. Ha sido una situación terrible y esperamos que tenga buen término muy pronto”, recalcó Bohn.
Adicionalmente, el ejecutivo, quien dijo ser parte de la empresa desde el año 2004, aseguró que, como compañía, se va “a hacer todo lo posible para poner en disposición de nuestros trabajadores y de nuestros acreedores todos los bienes que tiene disponible nuestra empresa para concurrir a ellos en todo lo que sea necesario”.
Detallando las fechas, Alejandro Bohn relató los distintos hitos del proceso de reapertura en los cuales intervino activamente el ex Subdirector Nacional de Minería del Sernageomin, Exequiel Yanes.
Explicó que, en cada etapa autorizada, se fueron realizando distintos trabajos de recuperación y estudios destinados a cumplir con las demandas del Sernageomin, principalmente, en lo relativo al despeje de la rampa; y la fortificación de las galerías, según lo indicara el informe geotécnico que fue encargado a E-Mining Technologies, por recomendación del entonces director regional, Anton Hraste.
Informó que, tras una reunión sostenida con Exequiel Yanes y Santiago Pinilla (jefe de Seguridad Minera), donde se presentó un resumen de las conclusiones del estudio geomecánico que aseguraba que la mina era explotable y que el régimen de esfuerzo se calificaba de medio a bajo, el 19 de diciembre de 2007 se autorizó, después de once meses de paralización, la limpieza del nivel 90 y su explotación parcial.
Bohn especificó que, tras esta última autorización, se exigió la pronta entrega del informe geomecánico y de dos proyectos adicionales: ventilación y eléctrico. Confirmó que el informe geomecánico fue entregado el 3 de abril de 2008 al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y que 7 de abril fueron mandamos los otros dos proyectos, documentos que permitieron que el 30 de mayo se de la autorización para reapertura total de la mina San José. “No ha sido un proceso donde hayamos tenido un privilegio especial, así lo sentimos nosotros”, enfatizó.
El ejecutivo sostuvo que no se debe vincular el accidente puntual, que costó la amputación de parte de una pierna a un trabajador de la mina, el cual se produjo por una serie de errores en los procedimientos internos, con un movimiento de roca de 700 mil toneladas. “Lo segundo es una catástrofe que no teníamos antecedentes de que pudiera ocurrir”, sentenció.
Ambos ejecutivos dijeron que no tienen antecedentes respecto de las causas reales que ocasionaron el desplazamiento y que es preciso esperar al informe técnico para dar cuenta de los hechos. En todo caso, recalcaron que la empresa gasta entre 30 y 40 millones de pesos mensuales para garantizar buenas condiciones de seguridad.
Pese a lo anterior, se reconoció que hubo condiciones impuestas por el Sernageomin que no fueron cumplidas a cabalidad, como acondicionar las chimeneas como vías alternativas de escape.
