Corría el invierno de 1993 y Nintendo se preparaba para recibir uno de los títulos más controversiales lanzados hasta la fecha: Mortal Kombat (MK). Este videojuego remeció a su público, por la crudeza de las escenas violentas que no habían sido vistas de tal manera hasta esa fecha en ningún otro juego.

Si bien, hoy por hoy podemos ver imágenes mucho más fuertes, también es cierto que en ese entonces los videojuegos no iban dirigidos hacía una audiencia en especifico y podían ser jugados por todos, desde niños hasta adultos. Fue tanto el impacto a nivel internacional, que MK fue prohibido en Brasil, Alemania y Corea del Sur.

Su impacto en Estados Unidos llegó aún más lejos, provocando el desarrollo de una ley especial para clasificar a los videojuegos, la que conocemos hoy como ESRB a nivel mundial.

Según indica la BBC, la situación tuvo lugar cuando “Un hijo de Bill Andresen, un antiguo jefe de gabinete del senador Joe Lieberman, le pidió a su padre que le comprara Mortal Kombat. Pero cuando Andresen vio el juego, se lo mostró a Lieberman y éste se escandalizó”.

Tras lo anterior, vinieron una serie de alegatos y protestas en contra del juego, lo que terminó en el desarrollo de la ESRB, la que rige hasta hoy.

Situación de Chile

En abril, el Senado terminó de aprobar la ley que regula la venta de vidojuegos en nuestro país. En resumen, ahora los títulos contarán con una etiqueta que se refiere al tipo de audiencia al que están dirigidos, mientras que los juegos para mayores de 18 años deberán ser comprados con Cédula de Identidad en mano.

La nueva legislación busca impedir que menores de edad estén expuestos a videojuegos con imágenes explícitas de violencia, para lo cual se exige a los fabricantes una etiqueta con la clasificación en el producto que ocupe un 25% del envoltorio, similar a lo que sucede con las películas.

Además, los eventuales clientes deberán acreditar que tienen la edad suficiente para comprar algún videojuego con restricción, presentando su carnet de identidad.

Por otro lado, la nueva ley señala que en el caso de ser sorprendido faltando a la legislación, el infractor arriesga multas de 1 a 50 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre unos $41 mil a $2 millones, además del decomiso de los productos.

La multa, en tanto, podría ser aumentada al doble en el caso que se trate de un reincidente, que para efectos de la ley, corresponderá a quien cometa el ilícito dentro del mismo año.

La situación con respecto a la clasificación de videojuegos en nuestro país apenas comienza, sin embargo, la controversia no se detiene en torno al tema.