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Iván de la Maza cerrará audiencias de comisión investigadora sobre fraude al GORE porteño

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En la sesión de hoy, el ex jefe de la División de Administración y Finanzas, Gabriel Aldana, junto con reiterar que no tuvo participación en los hechos, reconoció que no revisaba habitualmente la documentación de las carpetas de proyectos ni verificaba la aplicación de instrucciones de control impartidas a sus funcionarios.

Sala

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Con la participación del ex intendente Iván De la Maza, el próximo martes 17, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre fraude por sobre los mil millones de pesos al Gobierno Regional de Valparaíso, cerrará su ciclo de audiencias e iniciará su proceso de definición de conclusiones.

En la sesión de hoy, concurrió nuevamente el ex jefe de la División de Administración y Finanzas, Gabriel Aldana, dado que los parlamentarios querían aclarar sus afirmaciones a la luz de otras versiones ante la Comisión, emitidas con posterioridad a su primer testimonio.

Aldana volvió a negar cualquier participación en los hechos investigados y, en ese sentido, desmintió categóricamente las afirmaciones de Harajá Mancilla, quien lo acusó junto al ex Intendente de encabezar la operación. Asimismo, fue enfático en señalar que Iván De la Maza respetaba el trabajo de sus subordinados y que nunca recibió una instrucción suya para acelerar el pago de algún proyecto.

Frente a consultas de los diputados, Gabriel Aldana reconoció que, pese a ser la segunda firma de control, no revisaba habitualmente la documentación de las carpetas de proyectos que se le presentaban para pago de anticipos de obras. Junto con justificar su obrar en la gran cantidad de operaciones que tenía que realizar diariamente, dijo que sólo comprobaba que los controles previos, realizados por los formalizados en el caso, estuvieran correctos.

En relación al uso de una sola cuenta y contraseña para ingresar datos en el libro banco, hecho que facilitó la introducción de información que cubrió el fraude, indicó que emitió un instructivo para evitar esta práctica. Sin embargo, confirmó que confió su realización al ex jefe del Departamento de Finanzas, Lorenzo Leiva, confeso en el fraude, sin verificar personalmente que ello se cumpliera.

Para el diputado RN Joaquín Godoy, estos antecedentes muestran la falta de control que existía en la unidad. “Lo que hemos descubierto en la Comisión es que ésta era la manera de operar en nuestro Gobierno (Regional). Así trabajaba la gente de los otros gobiernos; trabajaban sin revisar ni preocuparse de los dineros de todos los porteños y de esta región y eso me parece muy preocupante”, recalcó.

El diputado DC, Eduardo Cerda, dijo que una de las conclusiones que propondrá a la Comisión es la separación de las cuentas relativas a la administración propia de la intendencia (pagos de persona, viáticos, etc.), con la contabilidad relacionada con los proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Regional.

El lunes, ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, el Ministerio Público solicitó la formalización de seis personas bajo el cargo de fraude reiterado al fisco y lavado de activo. Cuatro de los inculpados corresponden a ex funcionarios del GORE porteño: Julio Medina, ex jefe de la División de Control y Gestión; Lorenzo Leiva; Harajá Mancilla, su pareja, miembro del departamento durante el período del fraude; y el ex contador de la unidad, Jaime Lorca.

Además, la fiscalía formalizó a Eugenio Aubele, quien cobró personalmente la mayor parte de los cheques, y su cuñado, Marcelo Urzúa, quien lo habría ayudado en algunas maniobras.

Gabriel Aldana dijo no estar sorprendido por los formalizados, estimando que es concordante con lo expresado por él y por el ex Intendente. Consideró que la Fiscalía está avanzando por un buen camino y felicitó que “no se han dejado engañar por mentiras e injurias que han vertido personas para tratar de ocultar la verdad para poder salir de esto”.

Para el diputado Cerda, la formalización de estas personas no ha despejado aún el tema de dónde está la mayor parte de los dineros defraudados ($1.017 millones), estimando posible que se encuentren ocultos.

Consultado si considera posible que otras personas de rango mayor sean inculpadas, el diputado Joaquín Godoy planteó que, frente a los testimonios recibidos, queda la sensación “que la forma de actuar de toda esta gente es hacer la vista gorda”.

Finalmente, independientemente del rumbo judicial, estimó que se cometió un error al no emprender una acusación constitucional en contra del ex Intendente, en la perspectiva de sancionar mucho más drásticamente a las personas que han estado involucradas en esto.

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