Los fracasos judiciales para el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no son pocos. Si bien su formalización fue pospuesta para octubre, a raíz de lo solicitado por el Ministerio Público tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, no ha logrado suspender el proceso.
Uno de los últimos intentos de la máxima autoridad de la policía uniformada fue ante el Tribunal Constitucional. A través de un recurso, buscaba declarar inconstitucional su formalización por considerar que “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso”.
Asimismo, señaló que la causa contiene vicios que la hacen susceptible de ser anulada. “Vulneró garantías constitucionales como el debido proceso, en su vertiente al derecho a defensa y derecho al recurso, y principios constitucionales como la supremacía constitucional y de juridicidad”, sostuvo.
Sin embargo, el TC declaró inadmisible tal recurso, por lo que la formalización por su presunta responsabilidad de mando durante el estallido social sigue fijada para el próximo 1 de octubre.
El abogado querellante en este caso, Luis Mariano Rendón, afirmó que “nunca pudieron lograr esa suspensión a través de recursos procesales legítimos. Lo tuvieron que hacer manipulando a la Fiscalía Nacional, aprovechando la conmoción que sufrió el país”.
Con esto último se refiere al homicidio de tres funcionarios de Carabineros en la región del Bío Bío el pasado 27 de abril. Tras este hecho, el fiscal Xavier Armendáriz pidió aplazar la formalización de Yáñez al Séptimo Juzgado de Garantía.
De acuerdo al persecutor, esta decisión se basó en “la necesidad de contar con más tiempo para el análisis de los nuevos antecedentes de la investigación”.
Nuevo intento de mover formalización de Yáñez
No sólo la defensa de Ricardo Yáñez ha utilizado estrategias judiciales, sino también la parte querellante. Esto, con la finalidad de modificar nuevamente la fecha de formalización para meses más cercanos.
Sin embargo, estos intentos no han dado resultado. La abogada especialista en Derechos Humanos y querellante de la causa, Karinna Fernández, indicó que “la misma jueza que dictó la fecha de octubre rechazó, en una resolución con un tono que nos parece arbitrario”.
“Lo que llama mucho la atención de la resolución es que se refiere que la audiencia va a durar un mes, y lo que consta en la carpeta fiscal es que la audiencia va a durar cinco días”, agregó.
Los abogados de la causa también han manifestado su preocupación por la fecha en la que fue programada la formalización, ya que existe la posibilidad de que los delitos puedan prescribir al estar cerca de los cinco años de cometidos.
