Tras el caso del denominado cartel del papel higiénico, donde las empresas CMPC y SCA (ex PISA) se coludieron para controlar el mercado durante 10 años en los precios de los productos tissue como papel higiénico, toallas de papel, faciales, servilletas, pañuelos desechables, entre otros; nace la interrogante respecto a si se tomarán las acciones legales pertinentes en contra de los ejecutivos involucrados.
Según consignó Pulso, CMPC no iniciará ningún tipo de acción legal, es decir, no realizará demandas civiles ni querellas penales, hacia el grupo de ejecutivos que participó en la colusión con SCA.
Incluso, los trabajadores involucrados en este caso de colusión y que fueron despedidos, recibieron una indemnización por los años que laboraron en la empresa.
Asimismo, el medio especializado en Economía explica que la decisión de la Papelera frente a este tema se basa en que en todo el proceso, desde la investigación hasta el juicio que se lleve adelante en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, debe garantizar que los ex ejecutivos involucrados en la colusión colaborarán con la indagatoria.
Para eximirse de una multa, el artículo 39 bis de la ley de libre competencia señala que uno de los requisitos para lograr este objetivo es que los antecedentes proporcionados constituyan un aporte efectivo para el esclarecimiento de la colusión y la determinación de los demás responsables.
Una de las fuentes cercanas explicó al medio que muchos de los gerentes que participaron de la colusión la negaron repetidas veces los hechos y que admitieron la verdad tras indicarle que la empresa se había acogido al sistema de delación compensada, y que por lo tanto, si colaboraban con el juicio, la compañía no tomaría acciones legales en su contra.
A través de la indemnización a los ex ejecutivos, debían comprometerse a no divulgar la solicitud de estos beneficios hasta que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) formulara el requerimiento que involucra a una serie de ejecutivos que habrían mantenido las conversaciones con Gabriel Ruíz-Tagle, ex dueño de PISA.
Cabe recordar que frente al denominado “Cartel del Confort” existe urgencia al proyecto de ley que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia con el aumento en las penas de cárcel para los ejecutivos involucrados en casos de colusión.
