Cuando ya son 13 los días que llevan bajo tierra 74 trabajadores de la mina Santa Ana, en protesta por el no pago de los sueldos de julio y las últimas 12 cotizaciones previsionales, las propuestas gubernamentales para destrabar el conflicto no han sido aceptadas, y todos los dardos apuntan a los dueños de SW Curanilahue S.A. responsables de esta deuda.
El seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, informó que, según el registro oficial, esta sociedad anónima es representada por Miguel Hernández, pese a que se aseguró que esto “no es tan así”.
Otro enfoque tiene el diputado gremialista por la zona Iván Norambuena, quien cuestionó el origen de este trato, indicando que el Estado debe asumir las consecuencias de una transacción realizada al “filo de la ley” el año 2008.
Luego de unos años de esta entrega, vino el traspaso de las acciones desde Rodrigo Danús a Miguel Hernández a muy bajo precio, transacción que, a juicio del senador por la zona Víctor Pérez, es irregular y donde el Estado debe investigar.
Agregó que en Chile se permite que existan empresarios controladores que nadie conoce ni sabe quiénes son, e hizo un llamado a los organismos fiscalizadores a investigar con rigor este supuesto traspaso, y sobre todo a averiguar quién es el real controlador detrás de esta transacción.
