El 22 de abril fue creado para rendir homenaje al planeta en que habitamos, para recordarnos que ésta es la única casa que tenemos y en la cual habitamos junto a otras especies. Este es un día para crear conciencia sobre aquellos problemas provenientes de la actividad humana; la contaminación, la sobrepoblación, el extractivismo, los problemas asociados al calentamiento global y cambio climático.

Pero también es un día para valorar lo que tenemos y comprometernos a cuidarlo; las aguas, los glaciares, ecosistemas de diverso tipo, la biodiversidad en general con sus especies emblemáticas terrestres y marinas como el copihue, la araucaria, el alerce, el espino, pero también la ballena azul, el monito del monte, el picaflor de Juan Fernández o la ranita de Darwin.

Chile, se caracteriza por tener valiosos ecosistemas y especies, paisajes maravillosos, únicos en el mundo. Sin embargo, vivimos en un territorio vulnerable a fenómenos extremos, con frecuencia somos sacudidos por terremotos, aterrados por tsunamis, alertados por actividades volcánicas, pero también debemos soportar largos periodos de sequía o somos afectados por inundaciones, a lo que se suman actividades antrópicas que también nos afectan como devastadores incendios forestales o la contaminación del agua, el aire y los suelos.

Pero eso no es todo, hay un quehacer humano que puede ser regulado, prevenido, sancionado y es el que tiene que ver con proyectos de inversión.

Actualmente a todo lo descrito anteriormente se suma que las comunidades humanas deben hacer frente a enormes proyectos de inversión que alteran su calidad y forma de vida, le quitan las aguas, contaminan medios de producción local entre otros impactos. Sin duda nuestro país y en especial las políticas públicas y regulaciones vigentes no se hacen cargo de las actividades humanas que dañan el valioso patrimonio natural presente en el territorio nacional como tampoco resguardan los derechos y la calidad de vida de las personas.

Respetar la casa, el territorio en que vivimos nos es tarea fácil, se requiere educación, políticas públicas, regulaciones, pero sobre todo autoridades y empresarios comprometidos con la gente y el territorio, cosa que sin duda estamos lejos de alcanzar, pero pese a todo hay algunas señales que abren posibilidades de mejorar la situación actual por estrechas o escasas que sean. Sabemos que hacer cambios efectivos en un sistema depredador del patrimonio natural no es tarea fácil, un sistema donde lo que prima es la supuesta lógica del mercado, donde el más grande se come al más chico, donde el Estado esta relegado a un rol subsidiario y donde las grandes empresas tienen más derechos que las personas.

En este estado de cosas, para hacer cambios no sólo se requiere del convencimiento o las demandas de las personas, de la voluntad política del gobierno de turno, también se requiere de cosas concretas capacidades técnicas y algún grado de conocimiento sobre cómo opera el sistema, lo bueno y lo malo que éste tiene. Las reformas que nuestro país requiere, no son fáciles y probablemente cuenten con poco respaldo de quienes detentan el poder económico y político. Pero si verdaderamente queremos ser un país respetado, valorado y considerado por otras naciones, debemos hacer cambios sustantivos en materia de regulaciones ambientales.

No sé realmente cuál fue la motivación, pero hace pocos días se creó la Comisión asesora presidencial para la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instancia que por nueve meses revisará el actual funcionamiento del sistema de calificación ambiental de proyectos. Un sistema que sabemos es desigual e injusto para las comunidades y que no resguarda adecuadamente nuestra valiosa naturaleza. Este sistema fue creado para facilitar la aprobación de proyectos de inversión, es decir, para validar ambientalmente proyectos que son considerados “necesarios para el desarrollo del país”. Un sistema donde los principios preventivo y precautorio son conceptos que nunca se implementaron.

Probablemente la creación de esta Comisión no tenga como eje central solucionar los problemas que enfrentan las comunidades, así como tampoco resguardar adecuadamente los ecosistemas, prueba de ello es la agenda Pro-Inversión encabezada por el Ministro Arenas y que contempla 27 medidas, varias de las cuales se refieren a cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Comisión recién nombrada, no es equitativa y evidentemente no están presentes o representados en ella en forma igualitaria todos los sectores o actores. En esta Comisión que es de corte técnico, no hay representantes de comunidades, tampoco profesionales del sector público que deben lidiar día a día con el sistema, faltan también en ella académicos de diversas disciplinas especialmente de derecho ambiental. También es notable la poca representación que tienen organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, las cuales cumplen el rol de cautelar los bienes comunes y el bien público.

Pero pese a todas las carencias, esta es una Comisión necesaria, pues sabemos que el sistema presenta enormes problemas. Con el propósito de orientar el sentido de esta Comisión, es relevante recordar el compromiso adquirido por la Presidenta de la República en su programa de gobierno, en el cual se señala “La desigualdad también se expresa en el medioambiente. El deterioro ambiental y la contaminación afectan con mayor severidad la calidad de vida de la población más vulnerable. Tenemos el deber de cambiar esta realidad. La sustentabilidad no sólo exige equilibrar crecimiento económico y protección ambiental, sino también, hacerlo con equidad social. Este será el eje de nuestra gestión: lograr mayor equidad ambiental.” Si efectivamente el gobierno a través de esta Comisión quiere hacer cambios sustantivos que solucionen problemas en el corto y mediano plazo, y a la vez honrar verdaderamente el territorio en que habitamos, este debería ser el lineamiento central con que dicha Comisión debe orientar su trabajo.

Flavia Liberona, directora Ejecutiva de Fundación Terram