Malversación de caudales públicos fue la figura escogida para la querella interpuesta por el comando nacional de Michelle Bachelet, a raíz de la eventual vinculación de la Gobernación penquista en intervencionismo electoral, al momento de conocerse fotografías de las oficinas públicas con panfletos en contra de la candidata. En paralelo avanza la investigación interna del Gobierno, con consulta a Contraloría.
Hasta el Juzgado de Garantía de Concepción, llegó el secretario ejecutivo del comando nacional de Michelle Bachelet para interponer una querella que persigue el delito de malversación de caudales públicos.
Esto a raíz de la aparición de fotografías donde una caja de panfletos, los mismos que fueron lanzados en Talcahuano en una visita de la candidata a la zona, figura en una oficina de la Gobernación de Concepción.
Rodrigo Peñailillo, secretario ejecutivo del comando dio cuenta de la hipótesis que mantiene.
Asimismo lanzó duras críticas al actuar del Gobierno, y por sobre todo al liderazgo local del intendente del Bío Bío Víctor Lobos.
El abogado del comando Pablo Carvacho, explicó en qué consiste la figura delictual.
Los personeros del comando sostuvieron un encuentro posterior con el fiscal regional Julio Contardo para abordar las implicancias de la indagatoria. Éste último confirmó que la unidad anticorrupción del ministerio público se hará cargo de la causa, con el fiscal Jorge Lorca a la cabeza.
A la arista penal se suma en paralelo la investigación interna instruida por el intendente regional, y que ya tuvo la primera toma de declaraciones de los funcionarios, indagatoria a cargo de la abogada Ximena Saba, que podría extenderse por dos semanas. Esta dará pie a la eventualidad de una investigación macro desde la Contraloría General de la República según lo confirmara su titular nacional Ramiro Mendoza
La investigación del ámbito penal, sumará las últimas fotografías conocidas, a otra investigación del mismo 24 de mayo día de la autoría de los rayados y los panfletos en cuestión, donde ya hubo juicio abreviado, momento en que los 7 autores pidieron perdón y pagaron una multa, reconociendo su relación con comandos de campaña de la UDI.
Según información de Radio Bío Bío, las fotografías originales impresas en papel a color llegaron en un sobre cerrado, de procedencia anónima al municipio de Chiguayante.
Allí su alcalde la hizo llegar al comando, y ahora son parte de la investigación penal.
Además, trascendió que sus autores serían militantes de Renovación Nacional y que incluso existirían nuevas fotografías, donde se explicitaría la presencia de funcionarios UDI de la Gobernación, en la reunión previa al acto mismo de los rayados.
