El controvertido plan del gobierno británico para enviar a inmigrantes irregulares a Ruanda vio la luz verde en el Parlamento.
Este lunes, el controversial proyecto del gobierno británico para expulsar a los inmigrante ilegales fue aprobado en el Parlamento. Tanto el primer ministro, Rishi Sunak, como su partido (Conservador), estaban insistiendo hace tiempo para que se aprobara la medida.
En pocas palabras, el “Plan Ruanda” consiste en expulsar a los inmigrantes irregulares a Ruanda, obligando a los jueces a considerar a dicha nación como el destino para los migrantes expulsados. Se trata de un proyecto que fue presentado en 2022, siendo revisado y modificado varias veces dentro del órgano por considerarse “inadecuado”.
Lo cierto que el proyecto “otorgará a las autoridades encargadas de decidir sobre las solicitudes de asilo, la potestad de ignorar secciones del derecho humanitario internacional y británico y esquivar una decisión del Tribunal Superior de Justicia que consideró ilegal el proyecto”, según explicó nuestro medio asociado DW.
Esta nueva medida se enmarca en las dificultades que ha enfrentado el gobierno por el número récord de solicitantes de asilo que, seguido, cruzan el Canal de la Mancha desde Francia. El Primer Ministro ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus principales prioridades, especialmente de cara a las elecciones legislativas de este año.
En qué consiste el “Plan Ruanda” específicamente
El plan Ruanda implica enviar a dicho país a cualquier solicitante de asilo que haya ingresado ilegalmente al Reino Unido después del 1 de enero de 2022.
Las personas deportadas que tengan sus peticiones aprobadas recibirán el estatus de refugiados y podrán permanecer en Ruanda. No obstante, aquellos cuyas solicitudes sean rechazadas podrían buscar establecerse en Ruanda por otras razones o solicitar asilo en otro “tercer país seguro”, pero no tendrán la posibilidad de regresar al Reino Unido en ningún caso.
Según consignó la BBC, a mediados de 2022, los gobiernos británico y ruandés firmaron “un acuerdo por medio del cual el primero se comprometió a entregarle al segundo US$150 millones a cambio de recibir a los inmigrantes”. Sin embargo, este no se había podido poner en marcha por una serie de dictámenes de la justicia europea.
Según cálculos del citado medio, se estima que 52.000 de los más de 100.000 solicitantes de asilo que hay en el país podrían ser deportados al país africano en los próximos cinco años, tiempo que estará vigente el acuerdo con Ruanda.
Para evitar futuras intervenciones judiciales que obstaculicen el proceso de deportación de inmigrantes ilegales, a finales de 2023 el gobierno de Sunak presentó una ley ante el Parlamento que protege el acuerdo con Ruanda, declarando al país africano como “seguro” para recibir a los deportados y limitando la capacidad de los jueces británicos para bloquear los traslados de inmigrantes.
Sunak aseguró que el plan “dejará muy claro que si vienes ilegalmente, no podrás quedarte”.
Críticas al plan de deportación
Si bien Sunak, que es descendiente de inmigrantes indios, ha asegurado en reiteradas oportunidades que la iniciativa servirá para “disuadir a migrantes vulnerables de realizar los peligrosos cruces y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan”, existe una amplia crítica sobre las implicancias del plan en la práctica.
Lo cierto es que ha sido fuertemente criticado por la oposición laborista, la Iglesia anglicana, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el austriaco Volker Türk, afirmó que va “contra los principios fundamentales de los derechos humanos”.
También han surgido dudas sobre el trato que recibirán los migrantes dentro del país africano, el cual hace solo unas décadas fue objeto de uno de los genocidios más sangrientos del último tiempo, y cuyas credenciales democráticas han sido puestas en duda reiteradas veces por organismos internacionales.
