La aprobación del proyecto impulsado por el Gobierno de Rishi Sunak para deportar migrantes irregulares a Ruanda despierta críticas y profundiza los temores de las ONG. En tanto, desde Naciones Unidas y el Consejo Europeo le insistieron a Londres para que desista de esta nueva legislación. Sin embargo, el premier británico enfatizó en las últimas horas que “nada se interpondrá” en las deportaciones, las cuales anunció para dentro de 10 o 12 semanas.
Horas convulsas se viven en Europa luego de que el Parlamento de Reino Unido le diera luz verde al plan para deportar migrantes irregulares a Ruanda. El proyecto impulsado por la Administración de Rishi Sunak es vista con preocupación por entidades humanitarias y actores de la comunidad europea.
La ONU –que ha insistido para que el premier británico baje sus intenciones- volvió a la carga este martes 23 de abril, luego de que los altos comisionados para los Refugiados y Derechos Humanos recalcaran su estado de alarma por la aprobación de la ley.
“La nueva legislación se aleja de la larga tradición del Reino Unido de proporcionar refugio a quienes lo necesitan, en contravención de la Convención sobre los Refugiados”, apuntó Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados.
Remarcando que la vida de los deportados correrá riesgo, la ONU pidió que reconsideren el plan y se apeguen a “medidas basadas en la cooperación internacional y el respeto de los Derechos Humanos”. Uno de los temores de Naciones Unidas es que tenga repercusiones negativas a escala mundial en materia de “reparto de responsabilidades y protección de los refugiados”.
Por su parte, Volker Türk –alto comisionado para los Derechos Humanos-, acusó que la ley británica “desplaza la responsabilidad sobre los refugiados y restringe el acceso a los recursos legales en el Reino Unido”.
Además, Türk alegó que se ve “obstaculizado gravemente” el Estado de derecho y tildó esto como un “peligroso precedente a nivel mundial”.
Las entidades no gubernamentales advirtieron que el problema de la migración no se detendrá con este movimiento británico.
Kay Marsh, directora de medios y defensa de la organización benéfica Samphire, afirmó que los barcos no se detendrán: “Veremos más muertes, veremos que se corren riesgos más peligrosos. Definitivamente no actuará como un elemento disuasorio, nada más lo ha hecho”.
El Consejo Europeo, también en contra
Michael O’Flaherty, comisario de DD. HH. para el Consejo de Europa, se sumó a pedir a Reino Unido que no envíe migrantes a Ruanda. Para el funcionario, esta disposición viola la independencia de la Justicia y los tratados internacionales.
A través de un comunicado, O’Flaherty recalcó que Londres no puede llevar adelante su plan porque va contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al cual está suscrito como miembro, y al Convenio de la ONU sobre los refugiados.
En tanto pone un manto de duda a la posterior acción que los refugiados podrían sufrir al llegar a Ruanda, donde corren el riesgo de ser expulsados a sus respectivos países, violando la protección de no enviar a los solicitantes de asilo a su nación de procedencia.
En su perspectiva, la nueva ley “prohíbe explícitamente a las jurisdicciones británicas examinar el riesgo de que Ruanda envíe a personas a otros países y verificar la equidad y la eficacia de los procedimientos de asilo en Ruanda”.
