Un estudio apunta a que luego de que se comenzara a entregar la píldora anticonceptiva, las hospitalizaciones por aborto disminuyeron. Esta disminución no aumentó tras la aprobación del aborto en tres causales.

Un estudio de la Universidad de Chile apuntó a que luego de que se comenzara a entregar la píldora anticonceptiva de emergencia en centros de atención primaria en 2008, se habrían evitado alrededor de 27 mil hospitalizaciones de emergencia provocadas por abortos hasta 2016.

La investigación, publicada en la revista científica internacional Demography, afirma que “rechazar la entrega de métodos anticonceptivos de emergencia a mujeres que la solicitan se relaciona con un empeoramiento de los resultados de salud reproductiva”.

Así lo explica Damian Clarke, académico de la Universidad de Chile y uno de los autores del trabajo.

Un método tabú

Hasta 2008, la llamada “píldora del día después” no era un producto sencillo de comprar, ya que además de ser difícil de encontrar, sólo se podía entregar en casos específicos como la violación. Sin embargo, fue en ese año que comenzó la expansión de su acceso en centros municipales de atención primaria.

Aquella medida se consolidó en 2011 con la aprobación de una ley que permitió que la píldora fuera vendida o entregada sin restricciones ni causales. Desde entonces, la anticoncepción de emergencia experimentó un crecimiento hasta alcanzar, hacia el 2015, una distribución de 25 mil píldoras en 346 municipios.

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De acuerdo al estudio, este aumento de oferta habría tenido relevancia en la tasa de morbilidad por aborto, apuntando específicamente a la cifra de mujeres que se hospitalizaron por circunstancias asociadas a la interrupción del embarazo.

De acuerdo al artículo, la mayor entrega de anticonceptivos de emergencia disminuyó en un 10% la morbilidad de abortos. Entre 2001 y 2008, las mujeres atendidas por abortos fueron entre 31 mil y 29 mil personas anuales.

Sin embargo, a partir de 2008, hubo una progresiva reducción en la morbilidad que llegó hasta cerca de 22 mil casos en 2017.

En este sentido, plantean que la implementación de esta medida habría evitado más de 27 mil hospitalizaciones generadas por abortos. Con ello, apuntó a que la anticoncepción de emergencia mejoró la salud de las mujeres, al reducir el número de ellas que se expusieron a los riesgos de salud de un aborto clandestino.

El estudio

El trabajo encabezado por Clarke, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y la profesora del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica, Viviana Salinas, se centró en estadísticas públicas sobre atención no ambulatoria (es decir, hospitalizaciones) en hospitales que fueron codificadas directamente como embarazos que concluyeron en aborto.

El académico de la Universidad de Chile explica que la investigación también utilizó cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) disponibles hasta el año 2016-2017, para analizar la incidencia de la píldora anticonceptiva antes de la entrada en vigencia de la Ley de Aborto por tres causales, promulgada en septiembre de 2017.

Sin embargo, “el impacto de esta norma es muy menor. En 2018, por ejemplo, se registraron 632 abortos por tres causales y se estima que ocurren entre 60 mil y 70 mil interrupciones del embarazo al año en el país. Es un número muy bajo en relación a la cifra total de abortos, así que no incidiría de manera importante en las cifras de morbilidad”.

Impacto en la salud pública

Clarke señala que el caso chileno es interesante, porque permite entender el impacto de la pastilla anticonceptiva de emergencia en un momento donde no existía ningún otro tipo de control de fertilidad, particularmente desde 2012, momento a partir del cual todos los municipios contaron con acceso gratuito a la anticoncepción de emergencia.

“Las mejoras en la salud reproductiva de la mujer fueron mayores en las áreas donde la expansión de la píldora anticonceptiva fue mayor”, apunta Clarke.

“Rechazar su entrega a mujeres no solo atenta contra el derecho de tomar decisiones autónomas sobre sus propios cuerpos”, aseguró, apuntando que a quienes se les niega “terminan usando alternativas más riesgosas para terminar sus embarazos”.