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La reciente noticia sobre la evaluación gubernamental para postergar la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales –fijada inicialmente para el 1 de diciembre de 2026– ha encendido las alarmas en el ecosistema digital y corporativo.
El rechazo del Senado a la terna para conformar el Consejo Directivo de la nueva Agencia ha evidenciado una preocupante traba política. Sin embargo, para el mundo empresarial, interpretar esta pausa legislativa como un “respiro” o un alivio operativo es un error estratégico de proporciones colosales.
Mientras en el Congreso se debaten plazos y nombramientos, en la calle la crisis de confianza ya está instalada y cuantificada. De acuerdo con la reciente encuesta de Descifra y Artool (publicada por La Tercera), un abrumador 77% de los ciudadanos siente poco o nada de control sobre lo que las empresas y aplicaciones hacen con sus datos personales. Peor aún, al 91% le preocupa “mucho o bastante” que las plataformas utilicen sus datos a sus espaldas.
La ciudadanía no está esperando a que un organismo fiscalizador abra sus puertas para exigir respeto; el mercado ya está castigando la falta de transparencia. Hoy en día, la confianza digital es un activo financiero crítico, y su erosión no obedece a calendarios legislativos ni a negociaciones senatoriales.
Desde la vereda de la gestión corporativa, los hallazgos del Estudio Data Driven INDEX 2026 confirman que las empresas chilenas “intensivas en datos” enfrentan una severa “Crisis de Ejecución”. En la actualidad, el 79% de las organizaciones se escuda detrás de políticas de privacidad formalmente redactadas, pero apenas un 39% ha implementado un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT). Estamos ante un cumplimiento puramente “cosmético”.
Esta asimetría entre la ambición estratégica de los directorios y la capacidad técnica operativa ha hecho caer el índice global de madurez de datos a 3,56 de 5. Esta parálisis no sólo expone a las empresas a riesgos legales, sino que frena la innovación: un 46% de las organizaciones declara inacción total frente a la Inteligencia Artificial Generativa por miedo o incapacidad de gobernar sus datos. Si el gobierno posterga la ley, no le estará dando tiempo a las empresas para “adecuarse”, sino que correrá el riesgo de prolongar esta ilusión de seguridad corporativa mientras la deuda de gobernanza sigue creciendo.
Frente a esta encrucijada, desde la Asociación Chilena de Profesionales en Protección de Datos Personales se ha sugerido que un aplazamiento razonable (no superior a seis meses) podría ser un mal menor, siempre y cuando no se transen los estándares del regulador.
Comparto plenamente esta visión institucional. Rebajar la exigencia de dedicación exclusiva de los consejeros o apresurar un diseño institucional débil sería un golpe fatal para la autonomía de la normativa. Necesitamos un árbitro técnico, fuerte, especializado y despolitizado, capaz de fiscalizar ecosistemas hipercomplejos regidos por algoritmos y flujos de datos transfronterizos. Es preferible esperar unos meses para instalar una Agencia robusta, que inaugurar a tiempo un “león sin dientes”.
Finalmente, no debemos obviar la amenaza más latente: la ciberseguridad. Las bandas de ransomware, la filtración masiva de bases de datos y el cibercrimen no respetan las prórrogas del Senado. Un aplazamiento legislativo no frena las vulnerabilidades de los sistemas heredados ni exime a las organizaciones de la urgente necesidad de auditar el manejo de sus activos críticos de información.
El llamado a los directorios y gerencias generales es claro: utilicen este eventual “tiempo extra” no para guardar los manuales de compliance en un cajón, sino para transformar la gobernanza de datos en su principal ventaja competitiva. Adecuar la arquitectura de la información –desde el diseño y por defecto– es la única vía para reducir el Cost to Serve, recuperar la confianza del 77% de los clientes decepcionados y sostener estrategias de IA verdaderamente ofensivas.
La Ley de Datos podrá esperar un poco más en los pasillos del Congreso, pero la exigencia de los consumidores, la implacable velocidad tecnológica y los ciberataques, definitivamente no lo harán. La ejecución operativa es, hoy más que nunca, mandatoria.
Cristián Maulén
Director Académico de la Formación Profesional en Protección de Datos, Unegocios FEN UCHILE.
