Juicios laborales, demandas de proveedores e incluso una denuncia al Ministerio Público por irregularidades en el manejo financiero es la otra cara de la moneda que dejó Santiago 2023, luego de unos exitosos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Un nuevo capítulo se agregó a la trama con un desfavorable oficio que llegó desde la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Ñuñoa hasta la dirección del Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND).
En dos páginas, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Ñuñoa puso una fecha crítica al Instituto Nacional de Deportes (IND): el próximo 20 de octubre. Si para entonces los recintos construidos para Santiago 2023 no cuentan con sus respectivas recepciones definitivas, sus permisos de edificación se entenderán caducados y deberán ser tramitados nuevamente, lo que podría significar costos millonarios.
La advertencia alcanza a ocho proyectos deportivos que fueron construidos y utilizados para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pero que casi tres años después siguen sin recepción municipal. El problema podría comprometer su funcionamiento: la ley impide, como regla general, destinar una obra a uso antes de su recepción y la nueva habilitación transitoria solicitada por el IND aún no ha sido autorizada.
Entre los recintos afectados se encuentran: centros de entrenamiento paralímpico, de hockey en césped, de deportes de contacto, de deportes acuáticos, de tenis y deportes de raquetas, de deportes colectivos urbanos y de atletismo, además de Parque Deportivo Estadio Nacional.
A pesar de ello, la propia cartelera oficial del Parque Estadio Nacional mantiene programado para el 22 de octubre —dos días después de la fecha fijada por la DOM— un Campeonato Sudamericano de Taekwondo en el Centro de Deportes de Contacto, para el que se esperan más de 1.200 personas.
La solución, comentan quienes conocen la situación, no es tan fácil, ya que la obtención de la recepción definitiva depende de una serie de obras y trámites anexos que todavía permanecen en distintas etapas de diseño y ejecución. Entre ellas, el ensanchamiento de veredas exteriores, construcción de infraestructura de ciclovías, mejoramiento de accesos al Estadio, reposición de pavimentos, etc.
En un oficio enviado el pasado 7 de abril por el IND a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y Diputadas, el término proyectado para la construcción de obras exteriores, cesión y medidas de mitigación del Parque Deportivo Estadio Nacional estaba proyectado para el 2028.
Para Santiago 2023, el IND pudo utilizar anticipadamente las obras a través de una autorización provisoria de uso, pese a no tener la recepción definitiva, quedando a partir de ese momento las obras paralizadas. De acuerdo a la normativa, tras tres años de paralización, el permiso de edificación caduca automáticamente, plazo que se cumple en octubre.
Uno de los puntos más graves, es que, en caso de caducar los permisos, muchos de los proyectos que en su momento fueron aprobados hoy no lo serían por cambios en normativa, lo que podría significar una millonaria pérdida de recursos del Estado.
Recientemente, el IND solicitó una nueva habilitación transitoria. Pero la DOM no accedió a autorizarla con los documentos presentados, advirtiendo que faltarían antecedentes técnicos suficientes –como los informes de profesionales responsables– para acreditar que los recintos puedan usarse de manera segura mientras seguían sin recepción definitiva.
En el oficio, el DOM de Ñuñoa fue aún más allá y recordó al IND que además de aquella infraestructura construída para Santiago 2023, también hay otras edificaciones previas a los Juegos que no registran recepción definitiva, alertando sobre el hecho de que el IND no haya abordado la situación de aquellos recintos.
La investigación de Contraloría
La investigación impulsada por Dorothy Pérez estableció que los problemas en la rendición de los recursos de Santiago 2023 eran conocidos desde mucho antes de que estallara la controversia. La autoridad había advertido ante la Cámara de Diputadas y Diputados que existían cuantiosos fondos todavía sin justificar: algunos mantenían vigente su plazo de rendición, pero otros acumulaban retrasos que ya excedían ampliamente los vencimientos establecidos.
Las irregularidades fueron objetadas por la Contraloría General de la República y los antecedentes terminaron remitidos al Consejo de Defensa del Estado. La advertencia provocó una airada reacción de Harold Mayne-Nicholls, entonces director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, quien consiguió que el Senado citara a la propia Pérez, al director del Instituto Nacional de Deportes y a él mismo a una sesión descrita como particularmente hostil.
Durante esa instancia, Mayne-Nicholls leyó una carta en la que acusó que las advertencias formuladas estaban dañando “irresponsablemente” la imagen de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y, con ello, la reputación internacional de Chile. Sin embargo, las fiscalizaciones posteriores terminaron confirmando que las alertas no eran infundadas.
El Informe Final N.º 249 de Contraloría estableció que el IND transfirió más de $302 mil millones a la Corporación Santiago 2023. Al 31 de enero de 2024, existían más de $245 mil millones en gastos que no habían sido aclarados o rendidos, aunque una parte importante todavía se encontraba dentro de plazo. Además, de los $90 mil millones ya rendidos, $32.817 millones, un 36,43%, permanecían observados. Auditorías y controles posteriores insistieron en el mismo punto: Contraloría llevaba largo tiempo advirtiendo, una y otra vez, sobre fondos sin justificar, rendiciones objetadas y una fiscalización deficiente por parte del IND.
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