Proteger a niñas, niños y adolescentes exige reglas para las redes sociales

Por
Paulina Núñez
Presidenta del Senado

Diego Ibáñez
Senador de la República (FA)

Chile debe mirar con atención el acuerdo alcanzado entre Meta y una coalición bipartidista de fiscales generales de Estados Unidos. Aprobado judicialmente, contempla pagos de hasta US$18.000 millones y nuevas protecciones automáticas para menores de 18 años en Facebook e Instagram: límites diarios de uso, restricciones nocturnas, notificaciones silenciadas en horario escolar, ocultamiento de los recuentos de “me gusta” y mayores herramientas de acompañamiento familiar.

Las acciones judiciales acusaban a la empresa de fomentar un uso compulsivo, recopilar datos de menores sin el consentimiento exigido y minimizar los riesgos de sus plataformas. Meta no admitió responsabilidad. Sin embargo, las obligaciones asumidas establecen un nuevo estándar: la protección de niñas, niños y adolescentes no puede descansar únicamente en la autorregulación de las empresas tecnológicas.

La urgencia en Chile es evidente. El informe de la OCDE Growing up in the social media age, publicado en 2026 con datos PISA 2022, muestra que los jóvenes chilenos de 15 años superan las 45 horas semanales de uso de redes sociales, frente a un promedio cercano a 35 horas en la organización.

Estas plataformas ofrecen oportunidades de aprendizaje, creatividad y conexión, pero su uso intensivo también puede exponerlos a contenidos perjudiciales, acoso, pérdida de privacidad y mecanismos de diseño orientados a prolongar su atención. Regular no es censurar ni excluirlos del mundo digital; es exigir que la innovación respete los derechos de la niñez.

Quienes suscribimos esta declaración, desde distintas sensibilidades políticas, compartimos una convicción: la salud mental, la dignidad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes deben estar por sobre cualquier incentivo comercial orientado a capturar indefinidamente su atención.

Por ello, nos comprometemos a impulsar y concordar con urgencia una legislación transversal que establezca seguridad desde el diseño, verificación de edad respetuosa de la privacidad, protección reforzada de los datos personales, evaluación y mitigación de riesgos, salvaguardas activadas por defecto, acompañamiento familiar, transparencia de los sistemas de recomendación y fiscalización independiente.

Estas obligaciones deben alcanzar a toda plataforma de redes sociales que preste servicios en Chile, cualquiera sea su domicilio, sin afectar la libertad de expresión ni sustituir el rol de las familias.

Las diferencias ideológicas no pueden inmovilizarnos cuando está en juego el bienestar de la niñez y la adolescencia. Sus derechos no pueden valer menos por conectarse desde Chile.