La Ley de Protección de Datos Personales fue despachada por el Congreso en agosto de 2024 y debería entrar en vigencia a partir de diciembre de este año, pero esa fecha podría aplazarse.
De hecho, el Gobierno, a través del ministro de la Segpres, José García Ruminot, está en conversaciones con los parlamentarios y representantes gremiales para evaluar la posibilidad de postergar por un año el inicio de su aplicación.
Recordemos que esta norma reemplaza la Ley sobre Protección de la Vida Privada (19.628), vigente desde 1999 con sanciones bajas y casi sin fiscalización real.
En cambio, la nueva legislación establece obligaciones a servicios públicos y empresas al momento de tratar información privada de las personas, reconociendo los derechos de los titulares de los datos y con la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales (APDP).
Esta entidad funcionará como una corporación autónoma y con potestad para investigar de oficio, multar, ordenar suspensiones de tratamiento y publicar un Registro Nacional de Sanciones.
Sin embargo, los gremios de grandes empresas han argumentado que existe “falta de certeza jurídica” en la disposición legal, ya que aún no se ha implementado la agencia que supervisará este tema y que debía, por ley, haber estado operativa a más tardar el 1 de junio de 2026.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, deslizó que ese aplazamiento se ve muy posible, a propósito de la falta de acuerdo para elegir a los consejeros del nuevo organismo.
“Se ha ido avanzando, se produjeron distintos consejeros, no ha habido acuerdos en el Parlamento, en las respectivas comisiones, y es por eso que estamos conversando con el mundo político para ver cómo implementarlo de la mejor forma”, señaló Mas.
Consultada por este aplazamiento, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, delegó las declaraciones oficiales al Ejecutivo, pero comentó que en efecto han recibido reparos de algunos sectores.
“Es un tema del Ejecutivo. Sin embargo, efectivamente hay definiciones que se podrían mejorar en lo que respecta a cómo impacta esto al mercado financiero“, sostuvo.
La iniciativa establece un nuevo régimen de infracciones y sanciones a eventuales empresas infractoras, las que fluctuarían entre $358 y $1.400 millones de pesos.
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