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Chile enfrenta hoy una de las tareas más importantes de los últimos años: recuperar la seguridad y devolverle a las familias la tranquilidad que durante demasiado tiempo les ha sido arrebatada por el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Por eso, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo impulsada por el presidente José Antonio Kast constituye una señal política clara: el Estado no puede seguir retrocediendo frente a quienes pretenden imponer sus propias reglas, controlar territorios y desafiar abiertamente a las instituciones.
Desde nuestro sector hemos sostenido históricamente que la primera responsabilidad de un gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La libertad, el desarrollo económico, la convivencia y las oportunidades pierden sentido cuando una familia tiene miedo de salir de su casa, cuando un comerciante debe cerrar por amenazas o cuando comunidades completas viven bajo la presión de organizaciones criminales.
La agenda presentada por el Gobierno apunta precisamente a cambiar esa realidad. Son más de 30 iniciativas legales, además de una reforma constitucional, que buscan fortalecer la persecución penal, entregar mayores herramientas a las policías, enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, mejorar el control migratorio y recuperar el control de nuestras cárceles.
Como senador oficialista, considero que tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de aprobar proyectos de ley. Tenemos que ser capaces de construir un verdadero cambio de paradigma en materia de seguridad.
No basta con reaccionar después de que ocurre un delito. Tenemos que anticiparnos. No basta con detener a los integrantes de una banda. Tenemos que desarticular sus redes financieras, logísticas y territoriales. No basta con tener buenos policías. Debemos entregarles las herramientas, respaldo jurídico y recursos necesarios para que puedan cumplir su función.
Y tampoco podemos permitir que las cárceles sigan siendo centros de operación para organizaciones criminales. Quien está privado de libertad debe estar efectivamente privado de su capacidad de seguir delinquiendo y amenazando a la sociedad. La reciente operación de traslado de internos de alta peligrosidad a un recinto penitenciario de mayor seguridad demuestra que recuperar el control de las cárceles también es parte esencial de esta batalla.
En este desafío debemos actuar con decisión, pero también con responsabilidad. Defender el Estado de Derecho significa precisamente utilizar todas las herramientas que la democracia entrega para proteger a los ciudadanos, respetando siempre nuestra Constitución y las garantías fundamentales.
La seguridad no puede ser patrimonio de un sector político. Pero tampoco puede transformarse en una discusión ideológica donde algunos prefieran discutir las herramientas antes que enfrentar el problema.
Desde nuestra mirada tenemos una convicción: Chile necesita recuperar el orden, la autoridad y el control territorial. Y para eso se requiere voluntad política.
Estaremos disponibles para avanzar con decisión en esta agenda, perfeccionando aquellas iniciativas que sea necesario perfeccionar, pero sin perder de vista el objetivo principal: que los delincuentes tengan miedo de la ley y que las familias vuelvan a vivir sin miedo.
Chile no puede acostumbrarse al crimen organizado ni al terrorismo. El Estado debe recuperar la iniciativa y demostrar que en nuestro país la ley se cumple, la autoridad se respeta y la seguridad de los ciudadanos está primero.
Ese es el compromiso que debemos asumir. Y esa es, también, una de las principales razones por las que los chilenos nos entregaron la responsabilidad de gobernar.
