Mucho se ha discutido sobre la administración de los recursos fiscales, centrándose principalmente en los ingresos remuneracionales de los funcionarios públicos, a quienes, indiscriminadamente, se nos ha catalogado de “parásitos”, sin considerar al relevante número de trabajadores que diariamente –tal como en el sector privado- ejercen honestamente sus funciones, recibiendo un ingreso promedio de mercado (e incluso inferior a éste), y siempre a la sombra de quienes logran ingresar a altos cargos del Estado, o ascender al interior de éste, cada vez que un nuevo gobierno es electo.
Y sucede que muchos de aquellos funcionarios, que han sido testigos (y hasta víctimas) de una administración inequitativa de los recursos fiscales al interior de sus organismos, son precisamente lo que sostienen la continuidad de los servicios, haciendo frente a una ciudadanía legítimamente molesta, y cuyas justas peticiones suelen invisibilizarse.
En esta carta nos referiremos a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), de la cual somos parte, aunque no cabe duda de que ejemplos similares han de reiterarse en diversas reparticiones públicas a lo largo de Chile.
En particular, resulta incomprensible cómo el (autodenominado) primer gobierno ecológico de Chile ha empobrecido y reducido el tamaño de las Oficinas Regionales de este servicio, en contraste con las contrataciones en el Nivel Central, con la consecuente falta de capacidad para atender las necesidades de los ciudadanos del país en todo el territorio chileno.
Para contextualizar, cada oficina regional de la SMA se caracteriza por contar con un equipo de fiscalizadores entre cuyos cupos, al menos uno, es destinado a un profesional de larga trayectoria, el cual recibe una remuneración proporcional y que, atendidas las diferencias con el Nivel Central, es considerada extremadamente alta respecto del promedio de remuneraciones asignadas a las Oficinas Regionales.
Dicho esto, durante la actual administración, hemos visto cómo, por ejemplo, en la Oficina de Arica este único cupo fue trasladado a Santiago, dejando a la región sólo con un fiscalizador. Lo mismo ocurre actualmente con la Oficina de Tarapacá, la cual se ha mantenido con dos cargos vacantes durante -prácticamente- todo el año 2025.
Similar situación se ha evidenciado en las Oficinas de O’Higgins y Metropolitana, donde, frente a las vacantes de estos “grados altos” la administración del servicio aprovechó de trasladarlos a Santiago.
Por su parte, desde la creación de las delegaciones regionales, éstas han sido integradas por funcionarios que, cumpliendo las mismas funciones críticas de un Jefe de Oficina Regional, reciben una remuneración hasta cinco veces menor que ellos, y cerca de la mitad del sueldo que recibe un fiscalizador del Nivel Central que cumple idénticas funciones sin siquiera salir a terreno.
En contraste con lo anterior, hemos visto cómo en el Nivel Central de Santiago se ha favorecido de forma directa a ciertos funcionarios con sueldos groseramente altos para las funciones que desempeñan, se han hecho contrataciones a dedo, se han levantado concursos públicos altamente cuestionables que terminan recayendo sobre personas cuyo mérito, experiencia y/o funciones no necesariamente justifican su elección más que su posición de afinidad con los “administradores”.
Parte de esos casos han sido denunciados por esta Directiva a la Contraloría General de la República, organismo del que esperamos el mismo carácter implacable que ha mostrado últimamente, al momento de mirar hacia las altas esferas de la élite política.
Todo lo anterior ha sido diseñado cuidadosamente bajo un esquema de creación de cargos, oficinas y secciones nuevas para justificar la supuesta necesidad del servicio ante la DIPRES, y el Servicio Civil, quienes también tienen responsabilidad en esto.
Reiteramos que todo lo señalado anteriormente transcurre paralelamente a un creciente déficit de funcionariado en las oficinas regionales, donde las tareas de jefaturas, administrativas y de fiscalización se confunden en idénticas personas, quienes deben realizar funciones altamente demandantes y constantemente expuestas a agresiones verbales -e incluso físicas- tanto de parte de las entidades fiscalizadas como de ciudadanos usuarios del sistema, agotados de esperar respuesta para sus diversas solicitudes.
De este modo, la sobrevaloración de ciertas funciones ejecutadas por ciertas personas, al interior de una oficina en Santiago -lejos del bullicio propio que generan las demandas ciudadanas en materia ambiental- se logra gracias -y a costa- de quienes generalmente mantienen en pie el servicio en cada rincón de Chile; y a quienes, por lo demás, se le niega constantemente solicitudes tan básicas como contar con personal suficiente o trabajar en un espacio adecuado y seguro.
La excusa de la negativa es siempre la misma: ausencia de presupuesto. Sin embargo, a la par, aparecen mágicamente aumentos de grados y nuevos cargos no esenciales para el servicio, concursos ad hoc, y una serie de irregularidades que redundan en directo desmedro de la capacidad operativa de la SMA en todo el territorio chileno.
La indignación por el mal uso de recursos fiscales no solo se percibe fuera del Estado, coexiste al interior de éste, todos los días, y sin incumplir las funciones propias y críticas asignadas a un sinfín de funcionarios y funcionarias cuyo interés no es parasitar.
Directiva
Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la SMA
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