"Una de las primeras medidas de prevención de tortura y de garantías de no repetición de este crimen grave, son investigaciones sustanciadas de acuerdo a los principios de la debida diligencia y sanciones adecuadas para los responsables de tales hechos".
En el mes de junio se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. El día elegido para recordarlas y reconocerlas fue el 26 de junio, fecha en la que Naciones Unidas ratificó la Convención contra la Tortura. En el Chile del año 2023, esta conmemoración adquiere una fuerza y un significado especial, pues se cumplen 50 años del golpe militar, al que le siguieron 17 años de una cruenta dictadura, la que en forma sistemática, grave y masiva hizo desaparecer, ejecutó y torturó a miles de personas.
En relación a los crímenes cometidos por agentes del Estado en el pasado reciente -tanto en dictadura como en democracia- observamos con preocupación que viejas y nuevas generaciones, en distintos ámbitos de la sociedad, han intentado debilitar o derechamente destruir los vínculos socio-culturales que relacionan la experiencia presente con las experiencias de las generaciones del pasado, a través de la relativización o negación de la violencia estatal que se extendió por Chile y el resto de los países de la región. En este sentido, el filósofo español Reyes Mate observa que especialmente las nuevas generaciones creen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven (…) concluyendo que cuando damos el paso de olvidar la muerte perpetramos un crimen hermenéutico que se suma al crimen físico.
El agorero del fuego Walter Benjamín nos sigue recodando en sus Tesis sobre el concepto de la historia (XI) que la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío, sino por un tiempo repleto de ahora. Ese ahora, en el Chile del siglo XXI, nos habla de una deuda gigantesca que el Estado tiene con las víctimas del pasado y del presente, la cual tiene una proyección jurídica y moral.
En el ámbito jurídico-institucional, las agencias del sistema de justicia penal y sus operadores, no han sido capaces de dar una respuesta adecuada a los miles de casos de prisión política, tortura y a los casos de violencia institucional de la actualidad. Respecto de la falta de la debida diligencia en la gestión de las investigaciones y la falta de proporcionalidad en las sanciones aplicadas a los responsables, los números hablan por sí solos. De las cerca de 40.000 víctimas de prisión política y tortura, y de los casos judicializados, sólo en 16 de ellos se ha obtenido sentencia condenatoria (Observatorio de Justicia Transicional UDP, 2022). Volviendo al presente, según datos de la propia Fiscalía Nacional de los 10.936 ingresos por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social de 2019, sólo existen 130 casos formalizados, con 206 personas imputadas y 16 sentencias condenatorias. Ese rendimiento en las investigaciones no es muy distinto en los casos que ocurren día a día en distintos lugares del país.
El incumplimiento de las obligaciones internacionales relatadas en el párrafo anterior, trae una consecuencia aún mayor, cuyos efectos expansivos impactan no sólo a las víctimas y sus familias, sino que también a toda la sociedad. La falta de eficacia en las investigaciones, en lo inmediato, trae como consecuencia que día a día se construya una cultura de la impunidad, la que envía un mensaje nocivo de permisión a todas las personas funcionarias públicas, en especial a aquellas que están encargadas de lugares de privación de libertad, custodia o cuidado, pero además, socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y por ende en todo el sistema democrático.
Es por ello que, una de las primeras medidas de prevención de tortura y de garantías de no repetición de este crimen grave, son investigaciones sustanciadas de acuerdo a los principios de la debida diligencia y sanciones adecuadas para los responsables de tales hechos. El efecto comunicativo de la sentencia, restituyendo el orden quebrantado, es fundamental para dar comienzo a una adecuada reparación a las víctimas y reconstruir la confianza hacia las instituciones.
La prevención funciona y la construcción de una cultura del buen trato es posible, pero para que lo sea, es esencial que sea construida sobre los cimientos sólidos de la verdad, la justicia y la reparación.
