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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Vecinos de Idahue, en San Pedro de la Paz, presentaron un recurso de protección contra la constructora FVR y el municipio por inundaciones de barro que afectan sus viviendas desde julio. Acusan que las obras inmobiliarias intervinieron la ladera y que faltó fiscalización. También temen una emergencia sanitaria y solicitaron analizar el agua estancada. La Corte admitió el recurso y dio 10 días a ambas partes para presentar sus descargos.

A la justicia acudieron los vecinos de Idahue en San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, a raíz de las inundaciones por el deslizamiento de agua y barro que han sufrido desde julio.

Denuncian a la constructora con un proyecto inmobiliario en el lugar y a la Municipalidad, subrayando en lo que además podría ser una emergencia sanitaria.

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Cansados de los problemas que han sufrido desde hace tres meses, cuando comenzaron a ver como el lodo y el barro ingresaban a sus viviendas, vecinos del kilómetro 1 de la Ruta de la Madera, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones penquista.

La acción legal va dirigida contra la constructora FVR y la Municipalidad de San Pedro de la Paz; a la empresa por la intervención de la ladera y el movimiento de tierra a raíz de un proyecto inmobiliario, mientras que a la casa edilicia por la falta de fiscalización, como explicó el abogado Eduardo Iturra.

Por su parte, la vecina Ana María Orellana explicó que decidieron acudir a la justicia porque a pesar de los trabajos que se han hecho, el problema persiste. Pero su preocupación ahora, dijo, es sanitaria.

Una nieta está afectada por una bacteria y el problema partió en paralelo a las inundaciones en julio pasado.

Por eso, informó la vecina, pidieron a la Seremi de Salud analizar el agua estancada y el lodo que aún existe en el área.

Por otro lado, los residentes han pagado trabajos particulares para sacar el barro e incluso la instalación de ductos que lleven el agua al río.

Sin embargo, como denunció Rosalba Rica, maquinaria de la empresa y de Vialidad destruyeron los tubos de plástico.

El recurso de protección ya fue admitido a trámite por la Corte, entregando a la constructora y al municipio un plazo de 10 días para entregar los descargos.

Desde la corporación edilicia indicaron que aún no ha sido notificados y lo mismo señaló la constructora, que está esperando la luz verde para una solución integral del problema.