Lo ocurrido en la Universidad de Valparaíso —donde un foro académico con la presencia de Evelyn Matthei fue suspendido y debió modificarse a formato virtual tras el rechazo y presión de agrupaciones estudiantiles— constituye un atropello a principios fundamentales que se dice defender.
Esto se repite en democracias contemporáneas polarizadas: la imposición del autoritarismo moral, la cultura de la cancelación y el debilitamiento de la libertad académica, de pensamiento, expresión y reunión. Este episodio no es un hecho aislado; es una grave incoherencia e inconsecuencia filosófica, sociológica y política, que cuestiona la naturaleza de los derechos humanos, la misión universitaria y las raíces del dogmatismo.
La misión universitaria y la libertad académica
Desde la Ilustración, el principio rector de la universidad ha sido la búsqueda de la verdad mediante la confrontación plural de ideas. Cuando una comunidad educativa, más aún en una universidad pública, censura a un actor que opera dentro del marco legal democrático y sin procesos ni condenas judiciales, desnaturaliza el espacio académico.
En Sobre la libertad (1859), John Stuart Mill advirtió que silenciar cualquier opinión perjudica a la sociedad entera: si la idea censurada es verdadera, se pierde la opción de corregir el error; si es falsa, se desperdicia la oportunidad de contrastarla con la verdad, convirtiendo las certezas en dogmas muertos incapaces de resistir la crítica. En el ámbito universitario, cancelar expositores cercena el derecho a escuchar, debatir y refutar. La institución deja de ser un foro de deliberación y pensamiento crítico para convertirse en una cámara de eco orientada al adoctrinamiento y a la validación endogámica.
La dinámica de cancelación revela una asimetría moral preocupante. Por un lado, el enfoque universal e imparcial concibe los derechos humanos como garantías inherentes a todo individuo, exigiendo la condena irrestricta de cualquier vulneración —provenga de la izquierda o de la derecha— y radicando las responsabilidades exclusivamente en el debido proceso y la justicia formal.
Por otro lado, un enfoque normativo ideologizado degrada los derechos humanos a privilegios supeditados a la afinidad política. Esto genera ceguera moral, donde se fustiga al adversario mientras se minimizan los atropellos de sectores afines. Es escandalosa la emergencia de «tribunales morales» que cancelan sin sustento jurídico. Apelar a los derechos humanos para censurar a un contradictor político mientras se calla ante abusos propios desnaturaliza este principio, transformándolo en un instrumento de trinchera partidaria.
Diversos pensadores han analizado el repliegue académico hacia la intolerancia:
• Jonathan Haidt (La transformación de la mente americana) explica cómo la universidad ha asumido que las ideas contrarias constituyen un «daño psicológico», sustituyendo el debate por «espacios seguros» (safe spaces) que promueven una fragilidad emocional que percibe la discrepancia como agresión moral.
• Steven Pinker (En defensa de la Ilustración) alerta que la libertad de expresión es el mecanismo de autocorrección de la razón; sofocarla mediante vetos o sanciones sociales fomenta el autoritarismo y la polarización extrema.
• Nathalie Heinich describe cómo los movimientos identitarios imponen una ortodoxia moral donde el matiz es perseguido, reemplazando el juicio académico por el dictamen ético de conveniencia.
Intentar normalizar estos hechos es grave, por el riesgo del conformismo Intelectual. La pretensión de poseer una verdad absoluta y la incapacidad de dialogar con la alteridad constituyen el germen histórico de los totalitarismos del siglo XX. En este punto cobra vigencia el teólogo y filósofo alemán Dietrich Bonhoeffer. En sus reflexiones carcelarias antes de ser ejecutado por el nazismo, formuló su conocida Teoría de la Estupidez, concluyendo que la necedad moral es más peligrosa que la malicia:
1. Es un defecto sociológico y moral, no intelectual: Ocurre cuando el individuo renuncia a su juicio autónomo para someterse a consignas de grupo.
2. El dogma bloquea la razón: La persona se vuelve impermeable a los hechos, sorda a los argumentos e incapaz de empatizar con la realidad ajena.
3. Sustenta la tiranía: Los regímenes dictatoriales se nutren de masas que delegan su responsabilidad reflexiva en consignas absolutas.
Esto remite al concepto del idiotes griego: el individuo desprovisto de sentido cívico, encerrado en su subjetividad e incapaz de coexistir en la diversidad. Como complementa Byung-Chul Han, al suprimir la resistencia del «otro» y recluirse en la homogeneidad, la sociedad contemporánea pierde la capacidad de escuchar y cae en un narcisismo que veta todo aquello que no refleje sus propios dogmas.
En conclusión el veto y la cancelación en las universidades (especialmente si es pública) representan un grave síntoma de degradación democrática. Cancelar a quienes no tienen imputaciones ni condenas judiciales no es proteger los derechos humanos, sino vulnerar sus bases: la libertad de pensamiento, el debido proceso y la pluralidad ideológica.
Como enseñaron Mill y Bonhoeffer, capitular ante el dogmatismo por comodidad institucional o cobardía moral debilita las libertades que hacen posible la convivencia civilizada, de esto debe tomar debida nota la autoridad pública. La universidad debe recuperar su rol como templo del debate riguroso y del pensamiento crítico, único antídoto eficaz frente a las derivas autoritarias.
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