¿Por qué se habla tan poco de las mujeres afganas?

En agosto de 2021, cuando los talibanes entraron nuevamente en Kabul, el mundo asistió en directo a una derrota que parecía condensarse en una sola imagen: miles de personas intentando huir, familias separadas en el aeropuerto, hombres colgados de aviones militares, mujeres que intuían -quizá mejor que nadie- lo que venía. Durante algunas semanas Afganistán volvió a ocupar portadas, discursos, declaraciones solemnes. Después, poco a poco, desapareció.
Han pasado cinco años.

Un reciente reportaje de La Repubblica de Italia vuelve sobre ese país que el mundo progresista parece haber archivado. El título es brutal por su sencillez: “Mujeres borradas, ejecuciones y pobreza extrema”. No se trata de una exageración periodística. Afganistán ha vuelto a ser una teocracia represiva, empobrecida, con severas restricciones a la libertad de prensa y con una persecución sistemática contra las mujeres.

Cuando recuperaron el poder, los talibanes prometieron que esta vez serían distintos. Hablaron de amnistía y aseguraron que las mujeres conservarían sus derechos dentro de la sharía. Intenciones que fueron espejismo. Una sucesión de decretos fue cerrándoles progresivamente la vida pública: primero la educación, luego el trabajo, después los espacios comunes, los desplazamientos, incluso la posibilidad de hacer escuchar su voz en determinados ámbitos.

Naciones Unidas contabiliza ya más de cien disposiciones que restringen los derechos de mujeres y niñas. Afganistán es hoy el único país del mundo donde existe una exclusión de esta magnitud respecto de la educación, el empleo, la movilidad y la participación pública. Y entre los regímenes de prevalencia musulmana, es el más oscurantista y opresivo.

Hay cifras que deberían provocar bastante más que una declaración de condena. Casi el 80% de las jóvenes afganas entre 18 y 29 años no estudia, no trabaja ni recibe formación. La educación universitaria les está prohibida y desde fines de 2024 las restricciones alcanzaron incluso los institutos de formación médica. El resultado no consiste solamente en truncar biografías individuales. Es la destrucción deliberada de una generación entera de mujeres profesionales.

La dimensión cotidiana quizá sea aún más reveladora. En una encuesta reciente de ONU Mujeres, más de la mitad de las entrevistadas declaró salir de su casa apenas una o dos veces al mes. Cerca de tres cuartas partes sienten temor de hacerlo sin un acompañante masculino. Siete de cada diez califican su salud mental como mala o muy mala. No estamos hablando de una discriminación difusa ni de una supervivencia cultural arcaica. Estamos frente a un sistema político que ha convertido la segregación femenina en política de Estado.

A pesar de ese cuadro brutal, Afganistán casi ha desaparecido de nuestras conversaciones políticas.

Esto resulta particularmente bochornoso para quienes se reconocen en el mundo progresista y democrático. Durante décadas se ha hecho de los derechos humanos una parte esencial de identidad política. Se ha aprendido, además, que los derechos de las mujeres no son un capítulo secundario de la democracia, sino una medida bastante precisa de su calidad. ¿Por qué entonces se habla tan poco de las mujeres afganas?

La pregunta debe hacerse al feminismo occidental y, por supuesto, al chileno. No porque exista una obligación de pronunciarse diariamente sobre cada tragedia del planeta, ni porque unas causas deban competir con otras. Pero resulta difícil comprender la escasa presencia pública de una situación que constituye posiblemente la ofensiva institucional más radical contra los derechos de las mujeres existente hoy en el mundo.

Hay marchas, declaraciones y campañas internacionales frente a numerosas vulneraciones, muchas de ellas justificadas. Afganistán, en cambio, aparece apenas de manera episódica. La paradoja es evidente: mientras en nuestras sociedades discutimos con intensidad sobre cuotas, lenguaje, representación o brechas laborales, millones de mujeres afganas están luchando por cosas anteriores y más elementales: poder estudiar, trabajar, caminar solas por la calle, ir a un parque, acudir a un hospital o simplemente decidir sobre su propia existencia. Recordarlo no relativiza ninguna de las batallas locales, sino que las vuelve más universales.

Puede haber varias explicaciones para este silencio. La fatiga internacional después de veinte años de presencia estadounidense (después de los diez años de ocupación soviética), el fracaso de aquella intervención, la multiplicación de conflictos simultáneos, la distancia geográfica. También existe, probablemente, una dificultad política más profunda. Condenar a los talibanes obliga a enfrentarse con una forma de fundamentalismo religioso que no encaja fácilmente en algunas categorías habituales del debate progresista contemporáneo. Pero los derechos humanos pierden sentido cuando empiezan a depender de quién es el verdugo o de cuál es su bandera.

El testimonio de una ginecóloga afgana, recogido también por La Repubblica, lo expresa de manera desoladora diciendo que el mundo puede ver lo que ocurre, pero ella se pregunta a quién le importa realmente. Tal vez ese sea el punto más inquietante. No es que ignoremos lo que sucede, lo deplorable es que lo sabemos.

Se sabe que millones de niñas han quedado fuera de la educación, que las mujeres han sido expulsadas de buena parte de la vida pública. Se conocen organizaciones femeninas que aún prestan asistencia y que están cerrando o reduciendo sus actividades por falta de recursos. Sabemos incluso que muchas mujeres afganas, por los medios a su alcance, piden expresamente a la comunidad internacional que no las abandone.

Cinco años después del regreso de los talibanes, quizá ha llegado el momento de sacar Afganistán de ese rincón olvidado de nuestra conciencia política. No para reclamar otra guerra ni para repetir las aventuras militares que terminaron tan mal, sino para sostener presión diplomática, ayuda humanitaria, apoyo a las organizaciones de mujeres, acogida a quienes huyen y una condena internacional constante frente a un régimen que ha convertido a la mitad de su población en ciudadanía de segunda categoría.

También para reiterar una idea bastante sencilla que está en el corazón de la izquierda democrática: los derechos humanos no tienen nacionalidad, religión ni conveniencia política.

Si el feminismo significa que ninguna mujer debe aceptar como destino una vida decidida por otros, las mujeres de Afganistán deberían encontrarse entre sus preocupaciones principales.