Un lamentable incidente que tuvo como víctima al arquero Cristian Bravo empañó el duelo entre Coquimbo Unido y Huachipato por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.
En el minuto 68 del cruce, bombas de estruendo impactaron al guardameta del elenco acerero, que posteriormente fue trasladado al Hospital San Pablo.
Su estado de salud, según confirmó el propio Huachipato, es de “observación” previo a retornar a su hogar. Mientras tanto, lo que asoma es un posible castigo a Coquimbo Unido.
Sin embargo, la decisión se tomará recién la próxima semana. Los aurinegros, entonces, jugarán el miércoles ante Universidad de Concepción con público local.
Posible castigo a Coquimbo Unido tras duelo ante Huachipato
En ese sentido, fuentes del Tribunal de Disciplina ANFP confirmaron a BioBioChile que, a la espera del informe arbitral de Nicolás Gamboa, las sanciones contra el elenco pirata pueden ser amplias.
Vale mencionar que el ente no tiene la facultad para decidir si el partido se suspende o no.
Por su parte, el Código de Procedimiento y Penalidades y el Reglamento del fútbol chileno indican que los castigos van desde “una multa de 10 a 500 Unidades de Fomento y la prohibición de ingreso de las personas, de una a cinco fechas, en partidos como local y/o visita, según lo determine el Tribunal“.
En el caso de identificar a quienes incitaron la violencia, “el Tribunal ordenará bloquear las cédulas de identidad para efectos del ingreso de los asistentes para los encuentros que correspondan, y los clubes organizadores deberán poner en conocimiento de los asistentes, al momento de la venta de entradas, esta disposición”.
Si se reincide, se podrán cerrar localidades desde una a cinco fechas en el recinto deportivo de los responsables, como también restringir por el mismo plazo el ingreso de público e incluso, limitándolo a solo mujeres, niños y adultos mayores desde los 65 años.
De la misma forma, aparece como opción jugar a puertas cerradas.
Hasta ahora, Coquimbo Unido se pronunció y aseguró que “tomará las medidas necesarias para identificar a los responsables, aplicar el correspondiente derecho de admisión y ejercer las acciones legales que correspondan”.