La excepción iliberal

Se suman voces críticas frente a la reforma constitucional relativa a los estados de excepción del presidente Kast. En la propia derecha, sustento de su gobierno, crecen los reparos a dicha reforma, lo que dificulta su aprobación parlamentaria. Por primera vez el término iliberal (aplicable a los regímenes autocráticos, como señalé en mi columna anterior) se le adosa al gobierno, cuestión que el Presidente se apresuró a desmentir. El hecho es que dicha reforma cruza la línea roja de los principios liberales de la democracia que rige al país.

Lo de iliberal no es una calificación antojadiza. Se habla de democracia liberal porque la democracia no consiste únicamente en que gobierne quien obtiene la mayoría, pues supone también que esa mayoría está sometida a reglas, derechos fundamentales y controles que protegen al individuo frente al poder del Estado.

La reforma cruza esa frontera al ampliar de manera especialmente intensa las facultades de excepción y reducir las salvaguardias que justifican precisamente su carácter excepcional. Y lo hace, además, mediante una reforma constitucional, elevando la alteración del equilibrio entre autoridad y libertad al nivel más alto del orden jurídico nacional.

Chile necesita un Estado fuerte frente al crimen organizado, al terrorismo y a cualquier forma de violencia capaz de disputar territorialmente su autoridad. Lo que no necesita es confundir esa fortaleza con una ampliación indefinida de los poderes excepcionales del Ejecutivo.

El proyecto del gobierno de Kast crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública que podría mantenerse hasta 240 días antes de requerir autorización parlamentaria para continuar. Durante su vigencia permitiría restringir o suspender libertades personales, intervenir comunicaciones, limitar reuniones y asociaciones y adoptar otras medidas de particular intensidad.

Esto no es una simple ampliación del actual estado de emergencia. Es un cambio radical de su naturaleza. Hay, asimismo, un aspecto que vuelve la propuesta todavía más delicada; ello porque aunque su justificación política está centrada en el crimen organizado y el terrorismo, la causal constitucional no queda limitada a esos fenómenos.

El nuevo estado podría declararse ante una “amenaza grave e inminente contra la seguridad pública” o cuando esta haya sido “gravemente afectada”. Una cosa es crear una herramienta excepcional para enfrentar territorios dominados por bandas criminales claramente identificadas. Otra muy distinta es incorporar a la Constitución una facultad extraordinaria apoyada en un concepto tan amplio como la seguridad pública. Violencia urbana extendida o disturbios graves, podrían eventualmente ser interpretados dentro de esa fórmula.

Por eso resulta difícil justificar que una causal relativamente abierta permita mantener durante ocho meses un régimen excepcional antes de que el Congreso deba renovar necesariamente su autorización. Cuantos mayores sean las atribuciones que se entregan al Ejecutivo, más precisas deberían ser las circunstancias que permite ejercerlas y más frecuente el control democrático sobre su continuidad.

Chile ya dispone, además, de mecanismos constitucionales para enfrentar situaciones graves. El estado de emergencia ha sido utilizado durante años en la Macrozona Sur y también se recurrió a estados de excepción frente a la crisis fronteriza del norte. Gobiernos de distinto signo han podido desplegar Fuerzas Armadas, limitar determinadas libertades y recuperar capacidad estatal sin necesidad de crear una nueva categoría constitucional.

Si esas herramientas son insuficientes, el Gobierno debería demostrar en qué son insuficientes y qué facultad concreta le falta. Esa explicación es mucho más convincente que la invocación genérica de una nueva emergencia.

El origen político del proyecto también importa. Varias de sus ideas encuentran antecedentes en la propuesta constitucional de 2023, elaborada por un Consejo en el que el Partido Republicano tuvo una posición dominante y que finalmente fue rechazada por la ciudadanía. No estamos, por tanto, ante una respuesta improvisada a una dificultad policial reciente, sino ante una determinada concepción sobre autoridad, orden y poder presidencial.

Aquí es donde la discusión sobre el iliberalismo deja de ser una cuestión coyuntural.

Una democracia liberal no se agota en las elecciones. Supone también límites al poder, controles parlamentarios, jueces independientes y garantías individuales que no quedan a disposición del gobierno según la intensidad de la coyuntura. Existe hoy una corriente política que identifica eficacia con concentración de poder. Frente al delito, la migración irregular, la violencia o el desorden, la respuesta sería liberar al Ejecutivo de amarras y ampliar su margen de decisión. Esa idea puede resultar provechosa cuando la ciudadanía está atemorizada y con ello se puede allegar más consenso (y votos).

La derecha tiene razón en algo que parte de la izquierda demoró demasiado en comprender: sin seguridad, muchas libertades se vuelven puramente nominales. Para quien vive sometido al narcotráfico, la libertad de desplazarse por su barrio puede ser apenas una declaración constitucional. Pero también vale la afirmación inversa, porque si para garantizar seguridad se debilitan progresivamente las libertades y los controles al poder, termina deteriorándose aquello que se decía defender.

Chile necesita una política criminal de Estado (que nunca ha tenido) y presencia permanente del Estado en los territorios donde las organizaciones criminales pretenden sustituirlo. Una oposición democrática y responsable debería colaborar en todo ello. Lo que no parece necesario es entregar al Ejecutivo poderes excepcionales durante ocho meses mediante una causal que excede claramente el crimen organizado y el terrorismo.

Las constituciones existen precisamente para los momentos difíciles. Su función no es facilitar que el poder haga todo lo que considera necesario, sino establecer qué cosas, incluso en nombre de una causa legítima, el poder no puede hacer sin límites ni controles.

Por último, este debate sobre el iliberalismo que se insinúa en la reforma constitucional del Gobierno ha permitido, a su vez, el efecto saludable de devolver al centro de la atención el binomio democracia liberal. La izquierda, en especial el socialismo democrático, debiera asumirlo sin mayores reservas. La democracia que merece ser defendida es aquella que combina soberanía popular con derechos individuales, pluralismo, separación de poderes, alternancia y límites efectivos a quien gobierna. Buena parte de las disquisiciones sobre democracias “populares”, “sustantivas”, “avanzadas” o de otro apellido han servido demasiadas veces para relativizar precisamente esas garantías. La izquierda democrática haría bien en abandonar esa riesgosa ambigüedad.