Lo que ocurre frente a nuestros ojos

Hay preguntas cuya sola formulación modifica el comportamiento de las personas. No porque entreguen una respuesta, sino porque destruyen una certeza. Eduardo Guerrero Gutiérrez recuerda una de ellas al analizar las investigaciones que hoy alcanzan a las redes político-criminales en México: ¿quién de nosotros ya está hablando?

La pregunta marca el instante en que una organización criminal comienza a perder el recurso más valioso que posee: la confianza. Puede sobrevivir a la captura de sus líderes, a la pérdida de dinero o a la caída de sus principales operadores. Lo que difícilmente resiste es la sospecha de que uno de los suyos decidió colaborar con la justicia. Desde ese momento, la incertidumbre reemplaza a la lealtad y cada integrante deja de preguntarse qué sabe la policía y la fiscalía para comenzar a preguntarse quién habló primero.

Pero esa reflexión conduce inevitablemente a otra pregunta: ¿cómo una organización criminal llega a infiltrar instituciones, proteger mercados ilícitos y asegurar impunidad durante años sin ser advertida?

La respuesta probablemente no esté en la violencia ni exclusivamente en el dinero. Comienza mucho antes, cuando las instituciones dejan de cumplir la finalidad para la cual fueron creadas.

Hace algunos años, Carlos Peña propuso una definición particularmente sugerente de corrupción: el abandono de los deberes posicionales —públicos o privados— en beneficio propio y bajo un manto de aparente legalidad.

La fuerza de esa definición radica en que desplaza la atención desde el delito hacia la función. La corrupción no comienza necesariamente con un soborno o una condena judicial. Comienza cuando quien ocupa una posición de confianza deja de actuar conforme al deber inherente a ella y utiliza esa posición para fines distintos de aquellos que justifican su existencia. Es un proceso silencioso y, precisamente por ello, difícil de advertir.

Desde esa perspectiva, corrupción y crimen organizado dejan de ser fenómenos paralelos. Las organizaciones criminales no prosperan porque destruyan instituciones sólidas; prosperan porque encuentran instituciones que comenzaron a debilitarse mucho antes de su llegada. Necesitan funcionarios que relativicen el deber, controles que dejan de operar y procedimientos que conservan la apariencia de legalidad, pero han perdido su capacidad de proteger el interés público.

En ese contexto, buena parte de la experiencia chilena reciente adquiere un significado distinto. Casos como MOP-GATE, los fraudes en Carabineros y el Ejército, el caso Audios, el caso Fundaciones, la Operación Muñeca Bielorrusa o la Operación Apocalipsis en Gendarmería, entre tantos otros, corresponden a investigaciones distintas, con responsabilidades que deberán establecerse conforme al debido proceso. Sin embargo, todos parecen contener una advertencia común: la degradación institucional rara vez comienza cuando aparece el crimen organizado; comienza cuando determinadas prácticas dejan de sorprender, cuando las excepciones se normalizan y cuando el deber deja de ser un límite para convertirse en una recomendación.

Es precisamente en ese ambiente donde las organizaciones criminales encuentran las condiciones necesarias para expandirse. No necesitan capturar completamente una institución; les basta con identificar aquellas grietas que otros abrieron antes mediante el abandono de sus deberes.

Por eso, la pregunta de Eduardo Guerrero también interpela al Estado. La verdadera inteligencia institucional no consiste únicamente en descubrir organizaciones ilícitas, sino en reconocer tempranamente las condiciones que harán posible su desarrollo.

Los recientes pronunciamientos de la Contraloría General de la República, las investigaciones periodísticas, vuelven a instalar esa inquietud. Más allá de lo que determinen las investigaciones en curso y de las responsabilidades que eventualmente se establezcan, conviene formular una pregunta previa: ¿qué estamos dejando de ver?

Las observaciones frente a hechos de alta connotación publica por parte de representantes de diferentes estamentos de la administración del estado parecen pertenecer a mundos completamente distintos, sin embargo, nos obligan a mirar un fenómeno anterior: la normalización de decisiones excepcionales, la pérdida de sensibilidad frente al abandono del deber y la peligrosa costumbre de aceptar como ordinario aquello que debió activar, desde el primer momento, todas las alarmas institucionales.

Las democracias no suelen deteriorarse por un único gran escándalo. Se erosionan cuando la acumulación de pequeñas renuncias al deber deja de provocar asombro; cuando seguimos mirando, pero dejamos de ver.

Por eso, quizás la pregunta que todavía no nos atrevemos a formular no sea quién está hablando dentro de las organizaciones criminales. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿quién está advirtiendo, dentro de nuestras propias instituciones, que la corrupción nunca comienza con un gran escándalo, sino con pequeñas renuncias al deber que aprendimos a considerar normales?

Cuando el crimen organizado finalmente se hace visible, casi nunca está entrando. Hace mucho tiempo que ya había encontrado la puerta abierta.

El verdadero peligro del crimen organizado no es su capacidad de fuego, sino su paciencia. Las organizaciones criminales no prosperan dinamitando instituciones sólidas desde el exterior; prosperan porque se instalan a vivir en las grietas que la propia élite política, judicial y funcionaria abrió mucho antes de su llegada. En Chile, esa erosión lleva décadas ocurriendo en cámara lenta, frente a nuestros ojos.

Existe una lucidez demoledora en la pregunta que se plantea cuando se analizan las investigaciones a las estructuras criminales: ¿quién de nosotros ya está hablando? Ese es el instante exacto en que el crimen organizado empieza a morir, porque pierde su activo más valioso: la confianza. Sin embargo, para nuestra realidad, esa pregunta llega tarde. La pregunta verdaderamente incómoda que debemos hacernos hoy es otra: ¿quién está advirtiendo, dentro de nuestras propias instituciones, que la corrupción ya se normalizó y se convirtió en parte de nuestra cultura?

Para entender la gravedad del asunto, hay que mirar la corrupción con nuevos ojos. Esta no empieza necesariamente con un maletín lleno de billetes ni con una condena judicial espectacular. Comienza de manera silenciosa, el día en que un funcionario —público o privado— decide que el deber de su cargo es elástico y negociable. Comienza cuando alguien usa una posición de confianza para fines estrictamente personales, manteniendo la fachada de que todo se está haciendo bajo la “apariencia de la legalidad”.

Las democracias no se derrumban por un único gran escándalo. Se erosionan por la acumulación de pequeñas y cotidianas renuncias al deber que dejamos de cuestionar; un proceso peligroso donde la ciudadanía sigue mirando el paisaje, pero deja de ver el peligro.

Hemos construido una cultura pública donde la excepción se volvió la norma y lo irregular se transformó en lo ordinario. Justificamos evasión bajo la excusa de la “eficacia” y terminamos por adormecer las alarmas que debieron encenderse al primer síntoma de descomposición.

El crimen organizado es un depredador oportunista. No necesita asaltar los ministerios con tanques; le basta con mapear el sistema permeable al tráfico de influencias, identificar a los fiscalizadores que aceptan que los procedimientos conserven la “apariencia” de legalidad y aprovecharse de un ecosistema donde el procedimiento ya está vacío por dentro.

Por eso, la verdadera inteligencia del Estado se mide por su capacidad para reconocer y frenar a tiempo la degradación de sus propias estructuras, la inteligencia no puede seguir esperando .

Dejemos de engañarnos, cuando las mafias transnacionales se hacen visibles en nuestros barrios y saturan los noticieros, no están forzando la cerradura de nuestra democracia. Hace mucho tiempo que entraron caminando sin hacer ruido, valiéndose de que las llaves institucionales se quedaron puestas por dentro.