Cómo perder la democracia

Leo en el diario italiano La Repubblica un extenso reportaje sobre el retroceso de la democracia en el mundo. Su título hablaba de un mapa de los derechos que se estrechan y de un avance de las autocracias. Los datos provienen principalmente del último informe del Instituto V-Dem, vinculado a la Universidad de Gotemburgo, una de las mediciones más completas sobre la calidad de las democracias contemporáneas.

El cuadro es más que preocupante. Al finalizar 2025 había en el mundo 92 autocracias y 87 democracias. Cerca de tres cuartas partes de la población mundial, un 74%, vivían bajo regímenes autoritarios o derechamente dictatoriales. Solo el 26% residía en democracias y, dentro de este grupo, apenas un 7% de la población mundial lo hacía en democracias liberales, es decir, en países donde no solo existen meras elecciones, sino también derechos civiles, libertad de expresión, independencia judicial y contrapesos efectivos al poder.

Estos datos enseñan que la democracia ya no suele morir como en el siglo pasado, entre tanques, estados de sitio y parlamentos clausurados (véase Chile). Ahora puede extinguirse lentamente, incluso bajo gobiernos elegidos. Primero se desacredita a los tribunales, luego se hostiga a la prensa, se presenta a la oposición como enemiga del país, se copan los organismos fiscalizadores y se modifica la legislación electoral para favorecer a quienes gobiernan. Aparentemente el edificio democrático permanece en pie, pero sus cimientos comienzan a ser socavados.

Esa transformación explica que el retroceso alcance hoy a países que parecían protegidos por instituciones antiguas y tradiciones republicanas. El informe de V-Dem menciona procesos de deterioro en Estados Unidos y otras naciones occidentales. El caso estadounidense resulta especialmente perturbador, porque durante décadas ese país se presentó como referencia de la democracia liberal. Según el estudio, Estados Unidos descendió desde el lugar número 20 al lugar 50, debido al debilitamiento de los controles sobre la Presidencia, las presiones contra medios de comunicación y universidades y la ampliación del poder ejecutivo.

Ello demuestra que ninguna democracia posee estabilidad asegurada. Tampoco basta con realizar elecciones. Una mayoría puede escoger libremente a un gobernante que, una vez instalado, comienza a destruir las condiciones que permitirían reemplazarlo. La elección democrática se transforma entonces en la puerta de entrada a un régimen que conserva urnas y ceremonias, pero reduce progresivamente la competencia, el pluralismo y las libertades. Basta echar una mirada sobre gobernantes que permanecen décadas en el poder, para legitimar dichas sospechas.

América Latina conoce bien esa pendiente. Venezuela y Nicaragua representan sus manifestaciones más completas. En ambos casos, proyectos políticos surgidos de elecciones terminaron apropiándose de los tribunales, los organismos electorales, la administración pública y los medios de comunicación, mientras la oposición era perseguida, encarcelada o empujada al exilio. Cuba continúa siendo una dictadura de partido único. El Salvador ofrece una variante peculiar, debida el enorme respaldo popular de Nayib Bukele, sostenido en resultados visibles contra el crimen, pero que ha servido también para concentrar el poder, debilitar garantías judiciales y eliminar las limitaciones a la reelección.

Chile aparece todavía en una posición favorable. Freedom House, prestigioso centro internacional que categoriza a los países como Libre, Parcialmente libre y No libre, califica a nuestro país como Libre y le asigna 95 puntos sobre 100. Se sostiene que posee una democracia estable y que no enfrenta un riesgo inmediato de reversión autoritaria. Al mismo tiempo, advierte sobre el deterioro del sistema de representación, la fragmentación política, la pérdida de capacidad para tomar decisiones y la prolongada desconfianza hacia las instituciones. Somos una democracia sólida, pero fatigada por tantos experimentos y aventuras constitucionales y políticas.

Los dos procesos constitucionales fracasados entregaron, por cierto, una señal indiscutible. En 2022, una Convención dominada por las izquierdas confundió su mayoría electoral con una autorización para refundar el país desde una sola sensibilidad. En 2023, la derecha conservadora repitió el error desde el extremo contrario. La ciudadanía rechazó ambos proyectos. Chile demostró que no quería ser capturado por ninguna de sus mitades.

Sin embargo, sería ingenuo descansar en esa demostrada moderación. El temor al delito, la inmigración irregular, la corrupción, el estancamiento económico, las listas de espera, la precariedad de las pensiones y la sensación de que el sistema político discute mucho y resuelve poco, pueden erosionar lentamente la adhesión democrática. La mayoría de las personas no abandona la democracia porque haya leído a algún teórico populista, la abandona cuando llega a convencerse de que las instituciones ya no sirven para resolver sus problemas.

Por eso, las fuerzas democráticas chilenas no pueden limitarse a condenar el autoritarismo mediante declaraciones solemnes. Deben demostrar que la democracia también sabe gobernar, y hacerlo bien. Ese suelo común debiera convocar a la izquierda democrática, el centro político, el liberalismo y, ¿por qué no?, a la derecha tradicional. No implica formar una coalición electoral ni borrar las diferencias entre gobierno y oposición. Significa comprender que existen reglas sin las cuales ninguna diferencia política puede procesarse civilizadamente.

Una segunda tarea consiste en recuperar la eficacia del Estado. Las fuerzas democráticas deben enfrentar con firmeza el crimen organizado, el narcotráfico, la inmigración delictual y la ocupación violenta del espacio público. Pero la seguridad no puede quedar solamente entregada a quienes ofrecen mano dura sin límites. Defender los derechos humanos no significa tolerar barrios dominados por bandas, comerciantes extorsionados ni familias encerradas tras las rejas de sus propias casas.

También debemos reconstruir la capacidad de acuerdo. La proliferación de partidos, la indisciplina parlamentaria y la política pendenciera han debilitado la responsabilidad democrática. Una democracia vivida de esa manera podría terminar alimentando la demanda por un populista que decida sin consultar ni a los propios ni a la oposición.

Otra prioridad es proteger la conversación pública. Las redes sociales y la inteligencia artificial permiten fabricar imágenes, voces y noticias falsas con una precisión desconocida. No corresponde crear ministerios de la verdad ni entregar al gobierno la facultad de decidir qué opiniones pueden circular. Sí corresponde exigir transparencia a las plataformas, sancionar la suplantación digital, identificar la propaganda financiada de manera oculta, proteger los procesos electorales y fortalecer el periodismo profesional.

Finalmente, debemos devolver centralidad a la educación cívica. Una generación que desconoce las funciones del Congreso, los tribunales, la Contraloría o el Banco Central difícilmente entenderá por qué esos organismos deben limitar a un presidente populista o irresponsable.

Después de leer el reportaje de La Repubblica, quedamos con una impresión de alarma y a la vez de urgencia. La democracia no está condenada a desaparecer, pero tampoco se preserva sola. En Chile todavía contamos con instituciones fuertes, una ciudadanía moderada y una memoria histórica que debiera protegernos. Pero la memoria se desgasta y las instituciones también pueden ceder, poco a poco y a veces sin darnos cuenta.

La mejor defensa de la democracia será siempre una democracia capaz de garantizar libertad, seguridad, progreso y justicia. Cuando deja de cumplir esas tareas, el autoritarismo encuentra la puerta entreabierta y entra, casi siempre, asegurando que viene solamente a poner orden en la casa.