Chile enfrenta decisiones cada vez más complejas. La transición energética, la infraestructura, el agua, la vivienda, la transformación digital y el desarrollo de nuestras ciudades exigen algo más que voluntad política: requieren evidencia, capacidad técnica, evaluación de alternativas y una implementación rigurosa.

Eso no significa reemplazar la política por la técnica. La política democrática define prioridades, distribuye recursos y expresa distintas visiones de sociedad. Pero cuando esas definiciones deben transformarse en políticas, obras, sistemas o servicios concretos, la calidad técnica importa, y mucho.

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Muchas veces la discusión pública se concentra en qué queremos hacer, pero bastante menos en cómo hacerlo, qué capacidades requiere, cuáles son sus riesgos o cómo evaluaremos sus resultados. Allí la ingeniería tiene mucho que aportar.

Una buena decisión de ingeniería no consiste únicamente en encontrar una solución técnicamente posible. También implica evaluar alternativas, utilizar responsablemente recursos escasos, anticipar riesgos y comprender las consecuencias de lo que hacemos. Por eso Chile necesita buenos técnicos. Pero necesita algo más.

Hace décadas, Enrique Kirberg hablaba de los “nuevos profesionales”: personas cuya formación técnica estuviera vinculada también con las necesidades de la sociedad y del país. La expresión conserva una particular vigencia.

Hoy necesitamos ingenieros técnicamente sólidos, capaces de diseñar, calcular, modelar y gestionar, pero también de comprender los problemas de su tiempo, dialogar con otras disciplinas y asumir las consecuencias de sus decisiones. Detrás de una obra, un sistema o una política pública existen personas, comunidades y territorios.

Esto supone también recuperar con fuerza la dimensión ética de nuestra profesión. La ética profesional no puede reducirse al cumplimiento formal de una norma. Significa actuar con independencia técnica, transparentar conflictos de interés, reconocer incertidumbres y ser capaces de sostener una opinión profesional fundada incluso cuando resulte incómoda.

La técnica tampoco ocurre en el vacío. Elegir dónde construir, qué riesgos aceptar, qué tecnologías utilizar o cómo priorizar una inversión tiene consecuencias sociales, económicas y territoriales.

Muchos de los problemas que enfrentamos tampoco llegan perfectamente definidos. Peter Checkland mostró que, frente a situaciones complejas, distintos actores pueden interpretar de manera diferente qué está ocurriendo y qué cambio sería deseable. Stafford Beer, desde la cibernética organizacional, agregó otra dimensión: enfrentar esa complejidad requiere organizaciones capaces de coordinarse, aprender y adaptarse.

Decidir bien no consiste, entonces, solo en aplicar correctamente una herramienta, sino también en comprender el sistema en el que intervenimos.

Los colegios profesionales, asociaciones y espacios gremiales también pueden contribuir a ese desafío: reuniendo experiencia, generando discusión técnica y aportando conocimiento al debate público. Para hacerlo necesitan pluralidad e independencia, precisamente porque su valor está en construir posiciones fundadas que no respondan automáticamente a un gobierno, un partido, una empresa o un interés particular.

Chile necesita instituciones capaces de implementar, profesionales preparados para enfrentar problemas complejos y espacios donde el conocimiento pueda transformarse en mejores decisiones.

Necesitamos ingeniería para construir infraestructura, desarrollar energía, mejorar nuestras ciudades y crear nuevas tecnologías.

Pero también necesitamos ingeniería para decidir mejor. Quizás ese sea uno de los principales desafíos de los nuevos profesionales de nuestro tiempo: poner el conocimiento técnico al servicio de un desarrollo productivo, sostenible y socialmente responsable.

Juan Pablo De la Torre
Ingeniero Civil Industrial.
Magíster en Ciencias de la Ingeniería y docente universitario.
Candidato a Consejero Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile.

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