Una investigación por presuntos sobornos, fraude al fisco y lavado de activos en las licitaciones de alimentación escolar escaló hasta el Congreso Nacional. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó a la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente allanar domicilios, incautar dispositivos electrónicos y acceder a correos institucionales y antecedentes bancarios de empresarios, funcionarios de la Junaeb y figuras políticas vinculadas a la causa.
En el caso, los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto aparecen individualizados como imputados y quedaron sujetos a una serie de diligencias intrusivas. El tribunal autorizó registrar dependencias del Congreso Nacional asociadas a ambos, incautar los dispositivos electrónicos que portaran y acceder a sus correos institucionales, con el fin de determinar si existieron comunicaciones vinculadas con la entrega de información reservada o gestiones favorables a SOSER.
Además, en el centro de las indagatorias aparece SOSER S.A., compañía a la que el Ministerio Público atribuye graves irregularidades en la ejecución de contratos del Programa de Alimentación Escolar. Antecedentes tenidos a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío mencionan raciones supuestamente infladas, certificados falsificados para obtener pagos con recursos públicos, adulteración de registros informáticos y distribución de alimentos contaminados en establecimientos educacionales de O’Higgins.
En concreto, la arista más delicada apunta a un presunto mecanismo de corrupción montado para favorecer a la empresa en licitaciones públicas. De acuerdo con los antecedentes expuestos ante el tribunal por la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina Calquin, se habría intercambiado información reservada, gestionado actos administrativos favorables y presionado para apartar a funcionarios fiscalizadores, a cambio de beneficios económicos o laborales. En ese esquema, según la presentación de la persecutora, habrían intervenido ejecutivos de SOSER, lobbistas informales, funcionarios de la Junaeb e incluso miembros del Congreso.
En efecto, la ofensiva investigativa permitió a la Fiscalía obtener autorización para revisar teléfonos, computadores, correos, registros de llamadas, geolocalizaciones y movimientos bancarios desde 2018. Entre los lugares comprendidos por la orden figura el Congreso Nacional, asociado en el expediente a los parlamentarios Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS), además de otros imputados.
Expediente SOSER
El principal objetivo del Ministerio Público en esta causa penal es la empresa SOSER. Se trata de una de las principales firmas prestadora servicios de alimentación escolar a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
En detalle, en el caso se indagan, entre otros, los delitos de fraude al fisco, fraude informático, falsificación, cohecho, lavado de activos y responsabilidad penal de la empresa.
De acuerdo con una presentación ante el tribunal capitalino, a la que tuvo acceso Bío Bío Investiga, el ente persecutor apunta a que SOSER habría cometido una serie de irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En la mayoría de los casos, los establecimientos educacionales involucrados corresponden a la región de O’Higgins.
Entre ellas figura la declaración de un número mayor de raciones que las efectivamente entregadas, junto con la falsificación de certificados para justificar pagos improcedentes con cargo a recursos públicos y el ingreso de información falsa en los sistemas informáticos de la Junaeb.
Asimismo, se indaga la potencial entrega indebida de excedentes y otros beneficios a directores de establecimientos y encargados del Programa de Alimentación Escolar, además de la distribución de alimentos contaminados. A ello se suma la arista más grave: el preseunto pago de sobornos a funcionarios públicos para acceder a información reservada y favorecer los intereses de SOSER en procesos de licitación.
Las diligencias autorizadas
Con esos antecedentes sobre la mesa, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó una amplia batería de diligencias intrusivas. Durante un plazo de diez días, la Fiscalía y la Brigada Anticorrupción de la PDI podrán ingresar y registrar ocho inmuebles para incautar teléfonos, computadores, discos duros, documentos relacionados con las licitaciones, respaldos de movimientos de dinero, efectivo y cualquier otro elemento vinculado con los delitos investigados.
La orden abarca domicilios ubicados en Vitacura, Lo Barnechea, La Florida, Coquimbo, Viña del Mar, Santiago y Copiapó. También incluye dependencias del Congreso Nacional, individualizadas en la resolución como lugar de trabajo asociado a Sergio Gahona, Miguel Ángel Calisto y Gianni Rivera Foo.
En caso de que las personas investigadas no se encuentren en esos lugares, el tribunal permitió igualmente incautar los dispositivos que porten al momento de la diligencia. La medida alcanza, entre otros, a ejecutivos y personas vinculadas a SOSER, funcionarios y exfuncionarios de la Junaeb, dirigentes gremiales, el exdiputado Hugo Gutiérrez y el senador Miguel Ángel Calisto.
La autorización no se limita a retirar los equipos. Los investigadores podrán acceder, extraer y analizar toda la información almacenada en celulares y computadores, incluidas fotografías, videos, audios, mensajes, redes sociales, correos electrónicos, registros de llamadas y datos de geolocalización. También podrán ingresar a las cuentas en la nube que se encuentren vinculadas a los dispositivos incautados.
El tribunal autorizó, además, el acceso a correos institucionales de funcionarios y exfuncionarios de la Junaeb. La misma medida alcanza las casillas utilizadas en el Senado y la Cámara por Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, con el objetivo de establecer si existieron comunicaciones relacionadas con la entrega de información reservada, las licitaciones investigadas o las gestiones realizadas en favor de la empresa.
A ello se suma el levantamiento de información bancaria de las personas y sociedades individualizadas en la causa. Las entidades financieras deberán entregar movimientos de cuentas, pagos, transferencias, cheques, depósitos, vales vista, líneas de crédito y otros productos, identificando fechas, montos y cuentas de origen y destino.
En términos generales, el periodo autorizado se extiende desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha de la resolución. En una arista paralela, el tribunal permitió revisar los correos y nubes institucionales de cinco funcionarios de la Junaeb que habrían conocido una advertencia judicial sobre las raciones supuestamente infladas y que, pese a ello, no habrían presentado una denuncia. En este caso, la revisión quedó acotada al periodo comprendido entre enero y abril de 2025 y busca establecer si hubo instrucciones, conversaciones u otras razones que expliquen la falta de acción.
Con todo, debido al número de domicilios y regiones involucradas, el juez autorizó efectuar las entradas incluso en horario nocturno y recurrir al descerrajamiento con auxilio de la fuerza pública. Todas las diligencias fueron decretadas bajo reserva y confidencialidad.
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