Una tasa de 1,6% de condenas por los delitos cometidos por agentes institucionales, con apenas 11 condenados por las 230 víctimas con trauma ocular. Esos son parte de los resultados de la fiscalía a más de seis años del estallido social.
La Unidad de Investigación de Bío Bío revisó decenas de sentencias sobre violencia institucional relacionadas con la crisis social, a partir de una respuesta del Ministerio Público a la abogada especialista en derechos humanos Karinna Fernández, en que el órgano persecutor detalló la resolución de dichas causas.
Las cifras expuestas dan cuenta de que, tras abrir más de 11.504 causas, sólo en 75 se han obtenido sentencias favorables, con 114 condenados. De ellos, sólo 12 fueron sentenciados a penas de prisión efectiva.
1,58% de condenas
En su respuesta del 7 de agosto de este año, la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, Mónica Naranjo, entregó detalles estadísticos de la resolución de los casos. La carta asegura que, de todas las causas abiertas, el 96,53% se encuentran finalizadas, 0,18% suspendidas y 3,29% vigentes.
Pero que hayan terminado no significa que el resultado haya sido una sentencia. El mismo documento especifica que las causas generaron 15.860 relaciones en el sistema interno de fiscalía (distintas víctimas, imputados, delitos relacionados con cada caso).
De esas relaciones, 24,18% terminaron porque la causa se agrupó a otra, 24,21% porque el Ministerio Público decidió no perseverar en la indagatoria y el 46,02%, porque pasaron a archivo provisional —o sea, la fiscalía suspendió la indagatoria por falta de pruebas—.
Así, menos del 5% terminó en salidas judiciales, con el 1,02% de sobreseimientos definitivos, un 1,2% de sentencias absolutorias y el 1,58% de sentencias condenatorias.
114 condenados
La fiscalía entregó además un listado de las 75 causas con sentencias condenatorias contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas por los hechos ocurridos durante el estallido social.
En total, 114 agentes institucionales han sido condenados. Tras analizar las sentencias, la Unidad de Investigación de Bío Bío detectó que sólo 12 uniformados fueron sentenciados a penas de cumplimiento efectivo, mientras que los 102 restantes pudieron optar a distintos beneficios para cumplir sus condenas en libertad.
De ellos, el que cuenta con la mayor condena es el capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda. De acuerdo con el fallo, el 20 de octubre de 2019, mientras se realizaban manifestaciones en los alrededores del Mall de La Serena, Faúndez ordenó abrir fuego contra civiles. Producto de esos disparos, dos personas resultaron con lesiones graves, mientras que una tercera, Romario Veloz, falleció.
Por esos hechos, Faúndez fue condenado a 15 años de presidio por el delito de violencia innecesaria causando la muerte y dos delitos de violencia innecesaria causando lesiones graves.
En segundo término, con 12 años y 183 días de presidio, aparecen tres funcionarios de Carabineros, entre ellos el capitán Patricio Maturana, quien cegó a la hoy senadora Fabiola Campillai.
Alrededor de las 20:30 horas del 26 de noviembre de 2019, a una distancia de 51 metros, el uniformado disparó una bomba lacrimógena en dirección de Campillai, quien caminaba a esa hora por San Bernardo en compañía de su hermana y no formaba parte de las manifestaciones que se desarrollaban. Maturana fue condenado a 12 años y 183 días de presidio.
Con la misma condena resultaron también el cabo Henry Cuéllar y el carabinero Víctor Lastra, quienes el 23 de octubre de 2019 en Buin golpearon a Mario Acuña al punto de que quedó postrado de por vida, incapaz de poder hablar. Fueron condenados por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
Desde que José Antonio Kast asumió como presidente de la República, se ha especulado sobre la posibilidad de que distintos uniformados sean indultados. Entre los nombres que se han rumoreado están Faúndez y Maturana. Por este último incluso la Cámara de Diputados envió un oficio para solicitar el perdón presidencial.
88% sin responsables
En el caso de los lesionados con trauma ocular, los números no son mejores. Analizadas las sentencias condenatorias, sólo 11 corresponden a casos en que las víctimas tuvieron lesiones con compromiso a su visión.
El mismo Ministerio Público había informado en mayo de este año a la Unidad de Investigación de Bío Bío que de las 230 causas relacionadas a personas con compromiso visual 120 se encontraban terminadas, 86 estaban vigentes y de 24 no se pudo obtener información.
Sin embargo, los números de esos casos seguirían la línea del resto. De los 12.007 delitos asociados a las distintas causas, el Ministerio Público informó a Fernández que sólo el 12% contaba con un imputado conocido, mientras que en el 88% de los casos no se sabía quién había sido el responsable.
Aparte de Patricio Maturana, también fueron condenados a cárcel efectiva otros tres miembros de Carabineros en casos con lesiones oculares con compromiso visual.
El suboficial mayor Luis Antonio Castillo fue sentenciado a 11 años de cárcel por apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves gravísimas. El 21 de noviembre de 2019, el uniformado agredió a una menor de edad con golpes en su cráneo, tórax y en su ojo derecho, por lo que perdió la visión de este.
Por otra parte, el cabo Belisario Morales Martínez disparó desde un balcón del edificio municipal de La Cisterna hacia la vía pública. Uno de los perdigones dio directamente en el rostro de un transeúnte, quien perdió la visión de su ojo izquierdo.
Morales fue condenado a 8 años y dos días, por los delitos de disparos injustificados y de lesiones graves y gravísimas. El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago le reconoció como abono 1.010 noches de arresto domiciliario nocturno, por lo que deberá cumplir cinco años más en prisión.
El capitán Pablo Carvajal Díaz, en tanto, disparó su escopeta antidisturbios al rostro de una víctima, a apenas 13,9 metros de distancia. Uno de los perdigones dio en el ojo derecho del joven, causándole la pérdida de visión. Por ello, Carvajal fue condenado a 7 años de presidio por apremios ilegítimos calificados.
Absoluciones
—Ciento catorce condenados, mayoritariamente a sanciones no efectivas, frente a más de catorce mil víctimas no es un dato estadístico; es la dolorosa evidencia y la medida exacta del fracaso del Estado ante los delitos que sus propios agentes perpetran —señala la abogada Karinna Fernández.
La legista cuestiona que siete de cada diez casos se hubiesen cerrado por archivo provisional o por decisión de no perseverar, y critica al Ministerio Público por “abdicar de su obligación de investigar” y construir impunidad.
—Sobre esa impunidad ya consumada, discutir indultos o amnistías es jurídicamente prohibido, genera responsabilidad internacional a nombre del Estado de Chile y es moralmente insostenible —agrega.
Fiscalía también detalló el listado de sentencias registradas por la Unidad Especializada en Derechos Humanos entre febrero de 2025 y junio de este año. En ese historial más reciente se cuentan también absoluciones, como la de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica.
También está el caso del mayor de Carabineros Gonzalo de la Costa, quien fue acusado por la fiscalía de dos delitos de lesiones y dos de disparos injustificados en la vía pública por distintos hechos ocurridos el 20 de octubre de 2019 y el 2 de marzo de 2020.
El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo absolvió por considerar que el funcionario había actuado en legítima defensa y que en ambos casos no se podía acreditar que sus disparos hubiesen sido la causa de las lesiones de las víctimas.
Esta semana, la comisión investigadora del estallido social —iniciada por el Partido Nacional Libertario— aprobó su informe, en el que criticó “excesivos incumplimientos” del gobierno de Sebastián Piñera durante la crisis y recomendó quitarle facultades al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
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