El fiscal de la Corte Suprema, Jorge Pizarro Astudillo, se reunirá la próxima semana con los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones del país. La cita tendrá como fin abordar la disparidad de criterios en la fiscalización a notarios y conservadores.
Las diferencias se estarían produciendo por la aplicación de la Reforma al Sistema Notarial y Registral en Chile, que introduce cambios en las obligaciones de los fedatarios. Según comentan múltiples fuentes a la Unidad de Investigación de Bío Bío, existe descontento entre los notarios y conservadores, ya que en algunas zonas los fiscales judiciales —siguiendo instrucciones de Pizarro Astudillo— han exigido el cumplimiento de deberes que no estarían vigentes.
Por este motivo, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales incluso pidió un informe al respecto a un expresidente del Tribunal Constitucional, quien criticó en el documento las actuaciones del jefe de la Fiscalía Judicial, ya que la nueva ley no le da las facultades interpretativas que se está arrogando.
Sin reglamentos
—En virtud del cumplimiento de un primer ciclo de inspecciones trimestrales a notarías, conservadores y archiveros tras la entrada en vigencia de la ley 21.772, el Sr. Fiscal ha dispuesto citar a una reunión con las y los Sres. Fiscales de todas las jurisdicciones, a fin de escuchar y conversar respecto a los aspectos complejos, puntos obscuros o dificultades que se han presentado con ocasión de la aplicación de las disposiciones introducidas por la citada ley.
Esa fue la citación que recibieron el pasado 5 de agosto una treintena de fiscales judiciales, de Arica a Punta Arenas. Una “invitación” que llega luego de que en distintas circunscripciones surgieran conflictos en la aplicación de la nueva ley.
Según comentan fuentes conocedoras de la materia, Pizarro Astudillo ha intentado acelerar el cumplimiento de las nuevas obligaciones con el cambio legislativo, que deja la fiscalización en manos de la Fiscalía Judicial. El problema es que la misma legislación vigente desde abril plantea la necesidad de reglamentos.
En concreto, la ley establece que se requiere un reglamento sobre el repositorio digital y otro sobre garantías y cauciones, además de un decreto con fuerza de ley que regule las tarifas y cobros. Ninguno de ellos ha sido publicado.
No se trata de la primera vez que Pizarro Astudillo interviene por las fiscalizaciones a notarios y conservadores. En mayo de este año ya les había reprochado el incumplimiento de deberes funcionarios, en algunos casos “por más de 30 años”, como el pago de las cauciones o fianzas, que deben aportar en caso de multas o indemnizaciones.
Tras ello, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile respondió que las cauciones antiguas podían requerir actualización, pero que más del 70% de sus asociados había “tomado pólizas de seguros de responsabilidad civil adicionales”, por montos superiores a los de la norma.
El informe
Ante la falta de los reglamentos, notarios y conservadores a lo largo del país han mostrado su oposición a la “interpretación” de Jorge Pizarro. La Unidad de Investigación de Bío Bío tuvo acceso a un informe solicitado por la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales a Carlos Carmona, expresidente del Tribunal Constitucional.
El documento afirma que Jorge Pizarro Astudillo ha incurrido en un “equívoco proceder” al intentar adelantar la reforma mediante tres oficios en los que instruyó aplicar los cambios a pesar de la falta de reglamentos.
—La vigencia de la ley no es un asunto menor. Está en juego la manifestación de voluntad del Congreso […]. La Ley Nº 21.772 no le dio ninguna facultad normativa al fiscal. Tampoco le entregó potestad interpretativa —señala el informe.
Además, el escrito detalla que incluso si estuvieran publicados los reglamentos de repositorio digital y de garantías y cauciones, debería haber un periodo de seis meses de vacancia, en que no se deberían aplicar. Por ello, se han generado roces entre los fiscales judiciales y los notarios:
—Piden que los notarios les mostremos los balances, pero nosotros por ley no podemos tributar como sociedades; por lo tanto tributamos en segunda categoría como personas naturales… son cosas así de ridículas —comenta un fedatario.
Agachar el moño
El problema lo viven los fiscales judiciales de las distintas jurisdicciones. Uno de ellos cuenta fuera de micrófono que ha optado por acatar lo que dice su jefe, pese a que no está necesariamente de acuerdo con sus interpretaciones:
—En el tema de las cauciones, él quería que todos las rindieran de acuerdo a la nueva ley, tanto los antiguos como los nuevos. Y a eso yo no le encontré ninguna justificación ni legal ni normativa. Jamás se me pasó por la mente exigirles a notarios que están en el cargo hace cinco, diez, 20 o 30 años que rindieran la fianza de nuevo. Pero como yo también soy un subalterno, yo tengo que hacer lo que me dicen de arriba —asegura el legista.
Pero existirían otros más reacios a la obediencia. Por eso, la citación para una reunión fue vista por algunas fuentes como un nuevo intento del jefe de la Fiscalía Judicial de hacer valer sus términos.
La citación exigía enviar las dudas sobre la implementación de la reforma a más tardar el pasado viernes, sin la posibilidad de plantear nuevas interrogantes durante la reunión.
—Yo creo que le llegaron tantas preguntas que se vio obligado a atrasarla —especula un convocado.
Originalmente, la reunión estaba programada para este jueves 20 de agosto, pero fue reprogramada para el 27. De acuerdo con la citación, se realizaría de forma híbrida desde Santiago.
Aparte de la implementación de la nueva ley sin los respectivos reglamentos, también han surgido otros inconvenientes, como la falta de financiamiento para que los fiscales judiciales vayan a las distintas notarías apartadas geográficamente. Por ello, Pizarro instruyó simplemente realizar fiscalizaciones de manera remota, cuenta un fiscal judicial.
Por otro lado, el concurso para la Tercera Notaría de Temuco, el primero realizado por el Servicio Civil bajo el nuevo sistema, fue declarado desierto después de que no se alcanzara el mínimo de tres postulantes que aprobaran la prueba de conocimientos. Un problema importante, si se considera que a partir del 1 de octubre quedarían más de 150 cargos vacantes de notarios, conservadores y archiveros a lo largo del país por la implementación del retiro forzado a los 75 años.
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