La seguridad no puede depender de la comuna donde vives

Chile tiene menos homicidios que hace tres años. Es una buena noticia y hay que decirlo. Pero hay una cifra que impide cualquier celebración: durante 2025 fueron asesinadas 1.091 personas en nuestro país. La tasa llegó a 5,4 homicidios por cada 100 mil habitantes y prácticamente uno de cada dos homicidios —el 48,7%— se cometió con un arma de fuego.

Hemos avanzado, pero seguimos enfrentando niveles de violencia que Chile no puede normalizar.

Por eso la reforma constitucional en materia de seguridad presentada por el presidente José Antonio Kast merece ser discutida con seriedad y celeridad. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha llamado a tramitarla con urgencia y a construir los acuerdos necesarios para avanzar.

Creo que la oposición cometería un error si rechazara una reforma simplemente porque proviene del Gobierno. La seguridad no pertenece a la derecha ni a la izquierda. Pertenece a las familias.

La reforma propone consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado y entregar nuevas herramientas frente al crimen organizado y el terrorismo, junto con cambios en materia penitenciaria y mecanismos para perseguir con mayor eficacia las estructuras criminales. Hay que discutir esas herramientas.

Pero legislar rápido no significa entregar un cheque en blanco. Una democracia debe ser firme contra el crimen y, al mismo tiempo, respetar las garantías constitucionales.

Y existe una pregunta todavía más profunda que esta reforma debería responder: ¿Dónde está el Estado antes de que el narcotráfico o el crimen organizado se apoderen de un territorio?

Porque podemos endurecer penas, construir cárceles y entregar nuevas atribuciones. Pero si el Estado llega solamente después del homicidio, después del secuestro, después de la balacera o cuando una familia ya dejó de utilizar la plaza de su barrio por miedo, estamos llegando tarde.

El mapa del delito también es un mapa de las desigualdades de Chile. La seguridad también es justicia territorial. Y eso exige reconocer una realidad incómoda: la capacidad del Estado para prevenir, vigilar y recuperar un territorio cambia dependiendo de la comuna donde vive una familia.

Hay municipalidades que pueden destinar importantes recursos a cámaras, vehículos, tecnología, centrales de televigilancia y recuperación de espacios públicos. Otras enfrentan problemas sociales y delictuales igualmente complejos con capacidades financieras e institucionales mucho menores.

El delincuente, sin embargo, no pregunta cuánto recauda una municipalidad antes de instalarse en un barrio.

Ahí es donde la desigualdad territorial comienza a convertirse también en desigualdad frente a la inseguridad. Y esa brecha se vuelve especialmente visible en los territorios más vulnerables.

El último catastro de TECHO-Chile identificó 120.584 familias viviendo en 1.428 campamentos a lo largo del país, la cifra más alta registrada desde 1996. No son solamente números. Son familias.

En Cerrillos está Nuevo Amanecer, identificado como el campamento más grande de la Región Metropolitana, con alrededor de 1.550 familias y emplazado en terrenos del antiguo vertedero Lo Errázuriz. En Maipú existen sectores conocidos popularmente como Pequeña Haití, donde persisten importantes desafíos de integración urbana y presencia estatal. En Colina, distintos asentamientos enfrentan también brechas de infraestructura, servicios y conexión con la ciudad.

Conozco esa realidad. He recorrido esos barrios y he conversado con familias que no están pidiendo privilegios: están pidiendo algo tan básico como que el Estado llegue.

Son realidades distintas, pero todas nos obligan a formular la misma pregunta: ¿puede el Estado garantizar allí el mismo derecho a vivir seguro que en los territorios con mayores recursos?

Quiero ser muy claro. Vivir en un campamento no convierte a nadie en delincuente. Ser migrante tampoco. Las primeras víctimas del abandono territorial son precisamente las familias que viven allí y los vecinos de los barrios que los rodean. Porque cuando el Estado retrocede, el territorio no necesariamente queda vacío. Ese espacio puede ser ocupado por el narcotráfico, por organizaciones criminales, por redes de extorsión o, simplemente, por el miedo.

Donde hay más vulnerabilidad necesitamos más Estado, no menos. Ese Estado no puede aparecer únicamente con un operativo policial cuando el problema ya explotó. Tiene que estar antes: con prevención, servicios públicos, iluminación, recuperación de espacios, inteligencia, policías y municipios coordinados, escuelas funcionando y barrios integrados a la ciudad.

La seguridad no puede consistir solamente en perseguir delincuentes. También significa impedir que el crimen encuentre territorios abandonados donde instalarse.

El Gobierno ha anunciado un Plan Operativo de Seguridad Pública que contempla 50 barrios prioritarios, comenzando su implementación en 20 polígonos durante 2026. La estrategia considera patrullaje preventivo focalizado, recuperación de espacios públicos y coordinación entre municipios y policías.

Es una dirección que debemos valorar. Pero Chile tiene miles de barrios. ¿Qué ocurre con aquellos que no están entre los primeros 20? ¿Y con los que no estarán entre los 50? ¿Debemos esperar a que un territorio se transforme en una zona crítica para que el Estado llegue con toda su capacidad?

Creo que no. Por eso esta reforma debería abrir una discusión más ambiciosa: Chile necesita un piso mínimo nacional de seguridad territorial. Un estándar que garantice que, independientemente de los ingresos de una municipalidad, toda comunidad tenga capacidades básicas para prevenir el delito, iluminar puntos críticos, recuperar espacios públicos, contar con sistemas adecuados de televigilancia y coordinar eficientemente la acción municipal con Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública.

No se trata simplemente de repartir más recursos ni de llenar las comunas de cámaras. Se trata de establecer un estándar nacional de prevención, tecnología, recuperación urbana, coordinación policial y capacidad municipal. Y los recursos deben distribuirse de acuerdo con la realidad de cada territorio: población, vulnerabilidad, extensión territorial, concentración delictual, presencia de crimen organizado y capacidad financiera municipal.

No podemos seguir diseñando políticas de seguridad como si todas las comunas partieran desde el mismo lugar.

Si somos capaces de identificar dónde están las mayores brechas, también debemos ser capaces de concentrar allí la presencia del Estado.

Chile necesita perseguir al crimen organizado con toda la fuerza de la ley. Necesitamos policías fortalecidas, inteligencia moderna, coordinación institucional y cárceles donde los líderes criminales no puedan continuar dirigiendo sus organizaciones.

Pero necesitamos algo todavía más difícil: llegar antes. Antes de que el narcotráfico controle una calle. Antes de que una familia abandone una plaza. Antes de que un barrio se acostumbre a escuchar disparos. Antes de que un territorio sienta que el Estado desapareció.

La reforma de seguridad puede convertirse en una oportunidad para construir un verdadero acuerdo nacional. La oposición debe contribuir con propuestas y el Gobierno debe estar dispuesto a incorporarlas.

Porque seguridad sin prevención es llegar tarde. Y seguridad sin justicia territorial significa aceptar que la capacidad del Estado para proteger a una familia dependa del lugar donde vive.

El crimen organizado no distingue entre izquierda y derecha, pero sí sabe reconocer dónde el Estado es más débil. Y precisamente ahí debemos hacernos más fuertes. Porque la seguridad es un derecho. Y ese derecho no puede depender de la comuna donde vives.