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Cisjordania vive en 2026 su peor oleada de terrorismo de colonos de los últimos años. Lo que antes se presentaba como “incidentes aislados” se ha transformado en una ofensiva sistemática y paramilitar, respaldada de facto por el Estado de Israel y sus Fuerzas de Ocupación. Esta campaña de pogromos organizados constituye la punta de lanza de una política oficial de la Potencia Ocupante destinada a forzar el desplazamiento de nuestro pueblo y consolidar la anexión de facto de nuestra tierra.
La terrible agresión del 24 de julio en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus, ilustra esta realidad. Una multitud de colonos armados, bajo la protección y el acompañamiento directo de las Fuerzas de Ocupación Israelí (FOI), asaltó viviendas civiles y abrió fuego indiscriminado.
El resultado fue el asesinato de cuatro jóvenes palestinos, dos hermanos y sus dos primos, seguido por el asalto militar al Hospital Especializado de Nablus, donde el personal médico fue intimidado y civiles fueron secuestrados desde sus camas de tratamiento.
La crueldad de este régimen no se limita a las balas. Se expresa también en la asfixia burocrática y militar que impide la supervivencia básica. El 27 de julio, en el puesto de control de Awarta, una mujer palestina con un embarazo de seis meses y una hemorragia severa vio morir a su hijo no nacido tras ser retenida deliberadamente por los soldados de las FOI durante más de treinta minutos, quienes incluso obligaron a apagar el instrumental médico de la ambulancia. Este bloqueo del tránsito sanitario no es un error logístico, es una forma de castigo colectivo que deshumaniza la existencia palestina.
Las Fuerzas de Ocupación no son espectadoras neutrales. Acompañan rutinariamente a los colonos durante los ataques, se niegan a intervenir para proteger a la población palestina, impiden el acceso de servicios de emergencia y, con frecuencia, dirigen la fuerza contra las víctimas en lugar de contra los perpetradores.
La distinción entre la violencia del Estado y la de los colonos se ha difuminado: el terrorismo de los colonos se ha convertido en una extensión de las políticas de ocupación y en el motor principal de la expansión de los asentamientos. Cabe recordar que, la Potencia Ocupante, Israel tiene la obligación jurídica primordial de proteger a la población palestina según el IV Convenio de Ginebra. Sin embargo, ha abdicado de esa responsabilidad para permitir y facilitar, bajo total impunidad, el accionar de estas milicias.
La magnitud de los hechos es innegable. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, se documentaron 3.488 agresiones de colonos hasta finales de junio de 2026 (cifra que incluye hostigamientos, invasiones de tierras y otras formas de coerción). La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), con un criterio más restrictivo que solo contabiliza incidentes con víctimas o daño material, registra más de 1.330 desde el comienzo del año. Hasta finales de julio, 77 palestinos —incluidos 18 niños— han sido asesinados por las Fuerzas de Ocupación o por colonos. Según Save the Children, más de 1.000 niños han sido desplazados forzosamente en el primer semestre a causa del terrorismo de los colonos.
Estos ataques no son espontáneos. Los colonos, armados y organizados como milicias, cometen de manera sistemática asesinatos, incendios provocados de viviendas, vehículos y tierras agrícolas, agresiones físicas, destrucción de hogares y de la agricultura, vandalismo, ataques a lugares de culto e intimidación. Su objetivo es crear un entorno coercitivo, desplazar a la población y facilitar la expansión colonial.
Esta escalada es el resultado directo de la aceleración en la expansión de los asentamientos coloniales ilegales. La asignación masiva de tierras y la legalización de puestos de avanzada actúan como motor que incentiva el terrorismo de los colonos y funcionan como brazo operativo para quebrar la contigüidad territorial de nuestro Estado.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Según Peace Now, solo en 2025 se aprobaron 54 nuevos asentamientos oficiales y se establecieron 86 puestos de avanzada; los puestos agrícolas controlan ya cerca del 18 % del territorio de Cisjordania.
Todos estos asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional. Las Resoluciones 242 (1967) y 2334 (2016) del Consejo de Seguridad, junto con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, confirman la ilegalidad de la ocupación y de los asentamientos, y exigen su desmantelamiento. El Consejo de Derechos Humanos y la Unesco han denunciado asimismo esta expansión y el impacto de la violencia de los colonos en sitios protegidos como Hebrón y Jerusalén Este.
La comunidad internacional ya no puede limitarse a observar. Es momento de traducir el consenso jurídico en acciones concretas: exigir cuentas a quienes organizan, financian y protegen este terrorismo, sin perder de vista que sus raíces se encuentran en la ocupación misma y en los asentamientos ilegales que la consolidan. Solo enfrentando esa causa de fondo será posible construir una paz justa y duradera, en la que el pueblo palestino ejerza, por fin, su derecho a vivir libre en su propia tierra.
