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El ciudadano chileno de ascendencia palestina José Nicolás Khamis fue expulsado el 28 de julio por Israel, cuando intentaba ingresar a territorio palestino. Fue retenido durante 35 horas, en las cuales fue sometido a un trato humillante y vejatorio, lo que podría constituir un acto de violación de derechos. Junto a otros pasajeros encerrados en una sala, se le obligó a pasar la noche con luz artificial constante, la televisión al máximo volumen y el aire acondicionado en la temperatura más baja, negándoles la posibilidad de abrigarse. Adicionalmente, se les negó ir al baño.
Como el caso de Nicolás, existen decenas de casos, y probablemente no será el último, en que la potencia ocupante de Palestina deniega el acceso al territorio palestino a quienes considera “sospechosos” solo por su apellido. Es así como la embajada de Israel en Chile, en un comunicado público, insinuó que Khamis y otros miembros de la comunidad palestina serían “radicales” y promoverían el “discurso de odio”.
Al caso Khamis deben agregarse los secuestros en alta mar por parte de fuerzas israelíes, de ciudadanos chilenos que se dirigían al territorio palestino de Gaza, todos los cuales fueron objeto de vejámenes por parte de los secuestradores.
La reacción del gobierno de José Antonio Kast ante la vulneración de la dignidad humana de los citados ciudadanos chilenos, por parte de una potencia con la cual se mantienen relaciones diplomáticas, comerciales y armamentísticas, ha sido débil y pusilánime. Antes que privilegiar la integridad física y mental de nuestros compatriotas agredidos, ha optado por privilegiar la relación con el Estado de Israel, pese a que dicho Estado ya ha dado más que suficientes muestras de su nulo respeto por el Derecho internacional y el Derecho Internacional Humanitario.
Entre los deberes exigibles a un gobierno, se encuentra el de la protección de la integridad física y psicológica de sus ciudadanos, tanto en nuestro territorio como en el extranjero. Dicho deber ha sido gravemente infringido en los casos señalados. Tal infracción nos lleva a preguntar por qué el gobierno no hace valer dicha prerrogativa de protección de sus ciudadanos cuando se trata de una potencia que, lejos de destacar por sus virtudes, ha sobresalido en estos últimos tres años por su ya innegable carácter genocida.
A tal punto, que, si su primer ministro Benjamín Netanyahu pisara suelo chileno, el gobierno se vería en la obligación de proceder a su arresto, de acuerdo con lo determinado por la Corte Penal Internacional y en concordancia con los tratados suscritos por Chile al respecto.
Obviamente, por el momento no parece probable que una situación de esta índole llegue a presentarse. Pero lo que sí es real, es que tenemos el derecho a exigir que el gobierno se pronuncie ante este vejamen y haga valer el principio de reciprocidad, considerando que actualmente, portadores de pasaporte israelí entran a nuestro país sin visa a pesar de sus reiterados malos comportamientos en el sur de Chile, y más recientemente, la confirmación del ingreso de soldados acusados de cometer crímenes de guerra. Chile no se merece que el suelo de nuestro sur y de la Patagonia se constituyan en un lugar de vacaciones para genocidas.
