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El debate sobre el nuevo reglamento de Seguridad Municipal nos invita a una reflexión profunda que va mucho más allá de las fronteras de un sector político o de una institución en particular.
El verdadero desafío que enfrentamos como sociedad es la constante tendencia a buscar soluciones rápidas en el papel, perdiendo de vista la realidad del día a día en nuestros barrios. Cuando la urgencia por entregar respuestas inmediatas domina la agenda, se corre el riesgo de dictar normas que no conversan con lo que verdaderamente puede y debe hacer una persona de carne y hueso en la vía pública.
Para avanzar, todas las autoridades involucradas —tanto en el diseño como en la implementación de las políticas públicas— necesitan hacer una pausa y conectar las decisiones con el sentido de realidad. Existe una confusión creciente que urge aclarar: un inspector de seguridad municipal no es un policía, aunque su uniforme y su patrulla lo hagan parecer.
En el último tiempo, los municipios han hecho un esfuerzo enorme por profesionalizar no solo el rol preventivo, sino que también su presencia visual con chalecos, vehículos balizados y equipamiento táctico. Sin embargo, detrás de esa apariencia hay un funcionario comunitario, no un carabinero ni un detective entrenado durante años para enfrentar el uso de la fuerza y el delito complejo.
Exigirle a un funcionario municipal que intervenga en procedimientos de alta peligrosidad penal es una desproporción que los expone de manera imprudente e inaceptable. La labor comunal nació hace décadas con un foco preventivo, social y de convivencia cotidiana —como resolver ruidos molestos, fiscalizar el comercio o asistir al vecino en una emergencia—, tareas para las cuales la seguridad del barrio es fundamental.
Forzar este rol hacia la primera línea del combate delictivo, sin las facultades legales, las armas correspondientes ni la debida protección jurídica y de salud, es una improvisación que puede costar vidas.
La normativa no es una varita mágica que soluciona los problemas por el solo hecho de publicarse. El diseño de la seguridad pública requiere que las autoridades aprendan a escuchar para entender las necesidades del territorio, y no solo para reaccionar al debate del momento.
Debemos pasar de la imposición de nuevas exigencias a la propuesta de soluciones viables, que vengan acompañadas de los recursos financieros y técnicos que la calle exige. Cuidar a los inspectores municipales es también cuidar el Estado de derecho, asegurando que cada actor cumpla el rol para el que fue preparado, con la protección que se merece.
Como Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal AChM valoramos que el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, haya propiciado una instancia de trabajo técnico y con experiencia práctica, para revisar detalladamente el reglamento de Seguridad Municipal y al mismo tiempo determinar aquellas observaciones y mejoras a la Ley de Seguridad Municipal que permitan su implementación adecuadamente. Las expectativas de la comunidad son altas y por ende la respuesta desde el Estado en esta materia debe estar a la altura esperada.
