El enemigo dentro del Estado

Durante años hemos pensado la lucha contra el crimen organizado como un enfrentamiento entre fuerzas separadas. De un lado, el Estado con sus policías, fiscales, jueces y gendarmes; del otro, organizaciones criminales que intentan evadirlo o desafiarlo. Esa imagen ya no basta. Estas organizaciones no solo buscan derrotar al Estado. Además, cuando acumulan suficiente poder económico y de intimidación, descubren algo más eficaz: infiltrarlo y comenzar su captura desde dentro.

La delincuencia común procura eludir la acción estatal; el crimen organizado, en cambio, necesita crear las condiciones que le permitan sostener sus negocios. Requiere protección, fronteras permeables, comunicación con las cárceles y funcionarios dispuestos a mirar hacia otro lado. Allí donde existe un agente público con información privilegiada, facultades de fiscalización, acceso a una frontera, control sobre una cárcel o poder para autorizar o impedir una actuación, también hay alguien dispuesto a amenazarlo o comprarlo. La intimidación y el soborno suelen ser más efectivos que enfrentarse a las instituciones.

Chile no puede suponer que es inmune a este riesgo. Los casos conocidos de agentes públicos, incluidos policías y gendarmes, vinculados con actividades criminales deberían encender una alerta. Cuanto más sofisticado se vuelve el delito, mayor es el incentivo para penetrar las instituciones encargadas de combatirlo. El problema, por tanto, no se reduce a la venalidad de algunos funcionarios, sino que se agudiza cuando esas mafias transforman actos aislados de corrupción en mecanismos sistemáticos de infiltración y captura.

Pensemos en algo cotidiano. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los inhibidores de señal instalados en las cárceles no funcionan correctamente porque, en vez de impedir las comunicaciones de los internos, afectan los teléfonos de los vecinos? La explicación habitual apunta a problemas técnicos o aparatos poco precisos. Pero, ante la evidencia de corrupción penitenciaria que hemos conocido, cabe preguntarse: ¿esos equipos están orientados y operando efectivamente hacia el interior de las cárceles? ¿Podrían ser manipulados deliberadamente para permitir comunicaciones con el exterior?

Si es una falla técnica, habría que tener mejores equipos; pero si es una vulnerabilidad institucional, entonces habría que exigir mejores controles. Y confundir una con otra puede llevar a la Administración a gastar una y otra vez en tecnología sin cuestionarse quién resguarda su funcionamiento y previene o detecta su manipulación.

No afirmamos que eso esté ocurriendo. Pero, frente al crimen organizado, la posibilidad de corrupción interna debe formar parte de las hipótesis que el Estado está obligado a considerar. En efecto, podemos construir cárceles de alta seguridad, comprar tecnología y entregar mayores atribuciones, pero todo ello pierde eficacia si quienes las administran pueden ser cooptados por las mismas mafias que pretendemos combatir.

Por eso, la agenda no puede limitarse solo a fortalecer las capacidades coercitivas del aparato estatal, sino que también debe blindar sus instituciones con controles patrimoniales que detecten incrementos injustificados, resguardo de información sensible, rotación de funcionarios, protección real al denunciante y sanciones rápidas y ejemplarizadoras.

Tampoco basta con reaccionar. Hay que identificar cuáles son los cargos, procedimientos e instituciones más expuestos a la captura y elevar allí los estándares de control. Aduanas, cárceles, policías, municipios, puertos y servicios fiscalizadores no solo están expuestos a la ineficiencia o la corrupción convencional, sino que también pueden convertirse en objetivos estratégicos de mafias que buscan asegurar la continuidad e impunidad de sus negocios mediante la connivencia estatal.

Mientras mayores sean las atribuciones que otorguemos a los poderes públicos para combatir el delito, mayores y más verificables deben ser los controles sobre quienes las ejercen para detectar a tiempo la captura institucional. La seguridad y la probidad, en esta batalla, son inseparables. El desafío ya no es solo impedir que el crimen organizado actúe contra el Estado, sino evitar que consiga servirse de él desde dentro.