“Presidente José Antonio Kast, usted fue concejal”. Sabe, o debería saber, que ninguna política pública funciona si no se piensa desde el territorio. Por eso llama la atención que su gobierno trate a los municipios como un estorbo.

Lo advirtió elegantemente el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri Bascuñán, en carta a El Mercurio. Y no es precisamente un alcalde de oposición.

Son dos episodios en menos de un mes. El ministro de Seguridad, Arrau, ingresó a Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal sin socializarlo con los municipios. Su artículo 8 abría la puerta a destituir por reglamento a un alcalde elegido por voto popular. El rechazo fue transversal y el Gobierno tuvo que retirarlo el 16 de septiembre.

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Al día siguiente, el mismo patrón: el Minvu reingresó a Contraloría la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pese al compromiso de conversar antes con los municipios. “Es indignante”, dijo el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Son los alcaldes quienes después tendrán que hacerse cargo de los guetos verticales y del colapso vial.

Dos veces es una práctica, no un error. Se decide en el escritorio, se informa después y, si el municipio reclama, se retrocede a medias. Mientras tanto, los alcaldes siguen esperando que el ministro Quiroz los convoque a la mesa del reglamento de exención de contribuciones, que golpeará sus ingresos. El mismo Gobierno que les exige estar en primera línea contra el delito les recorta recursos con una mano y los amenaza con la destitución con la otra.

Esta mirada va a contramano de más de treinta años de descentralización. Desde la elección democrática de alcaldes en 1992 hasta la primera elección de gobernadores regionales en 2021, gobiernos de distinto signo entendieron lo mismo: las soluciones llegan más rápido cuando se deciden cerca de la gente. El municipio es la primera puerta del Estado: ahí llega la vecina cuando enferma, al Cesfam; cuando se inunda el pasaje o cuando saca escombros al remodelar la casa.

Quienes hemos trabajado en el municipalismo por la probidad y la transparencia lo decimos sin ambigüedad: fiscalización, siempre. Pero una cosa es fiscalizar y otra es instalar la sospecha como política de Estado. El control mejora la gestión; la desconfianza sistemática la paraliza.

Quizás el problema está en quienes conducen hoy la seguridad: un ministerio en manos republicanas y una Subsecretaría de Prevención del Delito con conducción libertaria hasta hace pocos meses. Nunca han tenido que administrar un presupuesto municipal que no alcanza ni responderle a un vecino en la feria el sábado. Regulan una realidad que no conocen, y se nota.

Descentralizar no es un favor que La Moneda concede a los alcaldes: es la forma en que el Estado llega a tiempo. Presidente, usted fue concejal: recuérdelo y hágaselo saber a sus ministros.