El neofeudalismo de Kast

Durante años se ha intentado instalar la idea de que el Estado es un problema. Que todo lo público es ineficiente, que los funcionarios públicos son un gasto innecesario y que la solución para los desafíos de Chile pasa por reducir al mínimo la presencia estatal. Sin embargo, detrás de ese discurso aparentemente técnico existe una definición profundamente política: mientras menos herramientas tenga la ciudadanía para protegerse, más vulnerable se vuelve frente a quienes ejercen el poder.

La reducción sistemática del Estado no es una simple diferencia ideológica sobre el tamaño de la administración pública. Es una decisión que afecta directamente la vida de millones de personas. Porque cuando desaparece un programa social, cuando se debilita un hospital o cuando se reduce la capacidad de un municipio, no desaparece la necesidad que ese servicio cubría. Lo único que desaparece es la ayuda.

La pregunta es simple: ¿cómo se sostiene la salud primaria, secundaria y terciaria sin un Estado fuerte? ¿Quién financia los Cesfam, las postas rurales, las campañas de vacunación, los hospitales regionales y los tratamientos de alto costo? Quienes promueven el achicamiento permanente del Estado rara vez responden esa pregunta. Prefieren repetir consignas sobre eficiencia mientras miles de familias dependen cada día de una red pública para sobrevivir.

La contradicción se vuelve grotesca cuando se intenta eliminar programas de cuidados paliativos y luego el Presidente aparece destacando la labor de fundaciones que apoyan a pacientes con cáncer. Las fundaciones cumplen un rol valioso, pero no pueden reemplazar una política pública nacional. Pretender lo contrario es una forma elegante de abandonar responsabilidades que corresponden al Estado.

Lo mismo ocurre con los municipios. La basura se recoge porque existe una estructura pública que lo hace posible. Las calles se iluminan porque existe una estructura pública que lo financia. Las emergencias se coordinan porque existe una estructura pública que responde. El día que esas funciones desaparezcan, no surgirán mágicamente soluciones privadas para todos. Lo que aparecerá será desigualdad: quienes puedan pagar tendrán servicios; quienes no puedan, simplemente quedarán abandonados.

Podemos seguir sumando ejemplos. ¿Qué ocurrirá con los adultos mayores que dependen de medicamentos entregados por el sistema público? ¿Qué pasará con las familias que viven en sectores rurales donde ninguna empresa privada tiene interés en llegar? ¿Quién financiará los sistemas de agua potable rural, los programas de vacunación, las campañas preventivas o la rehabilitación de personas con discapacidad? La respuesta siempre es la misma: cuando el Estado se retira, las necesidades permanecen, pero las soluciones desaparecen.

Pero quizás el aspecto más preocupante de esta visión no es económico, sino político. Un ciudadano con acceso a salud, educación, transporte, seguridad social y servicios básicos tiene mayor autonomía para tomar decisiones. Un ciudadano que depende de la caridad, de favores o de soluciones improvisadas es mucho más vulnerable. Por eso resulta legítimo preguntarse si detrás de la obsesión por debilitar el Estado no existe también una lógica de control social.

La historia demuestra que el miedo y la pobreza han sido herramientas utilizadas por distintos grupos de poder para disciplinar a las sociedades. Una población que teme perder su atención médica, que teme quedarse sin medicamentos, que teme no llegar a fin de mes o que teme perder el acceso a servicios esenciales tiene menos capacidad para cuestionar al poder. La dependencia reemplaza a la autonomía.

Por eso preocupa que mientras se recortan funciones públicas se intente instalar un relato permanente de crisis y amenaza. Se habla de libertad, pero se reducen las herramientas que permiten a las personas ejercerla. Porque la verdadera libertad no consiste en que el Estado desaparezca. La verdadera libertad consiste en que una persona pueda enfrentar la vida sin que una enfermedad, una cesantía o una emergencia familiar la condenen a la desesperación.

Los caminos rurales, los sistemas de agua potable, los hospitales, las escuelas públicas, los puertos, los puentes y las redes de transporte no fueron construidos por quienes buscaban ganancias rápidas. Fueron construidos porque el Estado entendió que había necesidades colectivas que debían ser atendidas aunque no generaran rentabilidad inmediata.

El problema de fondo es que el gobierno parece entender al Estado como un obstáculo y no como una herramienta. Y cuando un gobierno considera que todo lo público es prescindible, termina convirtiendo derechos básicos en mercancías. Lo que antes estaba garantizado pasa a depender exclusivamente de la capacidad de pago de cada familia.

Presidente Kast, sus ministros y quienes impulsan esta política de reducción permanente del Estado deben explicar con honestidad cuál es su verdadero objetivo. Porque cuando se debilita la salud pública, se reducen programas sociales, se eliminan cuidados paliativos, se abandonan responsabilidades esenciales y se traspasan cada vez más costos al bolsillo de las familias, cuesta no concluir que lo que se busca es precarizar la vida de las personas. Un ciudadano con acceso a servicios públicos robustos es un ciudadano autónomo; uno que vive angustiado por pagar medicamentos, por conseguir atención médica o por llegar a fin de mes es un ciudadano desesperado.

Y los ciudadanos desesperados son más fáciles de controlar. Da la impresión de que algunos en el gobierno añoran una sociedad donde unos pocos concentran el poder económico y político mientras el resto depende de su voluntad para mantener un estándar mínimo de vida. Una suerte de feudalismo moderno donde los derechos se reemplazan por favores y la seguridad se transforma en dependencia.

Chile no puede avanzar por ese camino. La misión de un gobierno debe ser entregar herramientas para que las personas vivan mejor, no empujarlas a una lucha permanente por sobrevivir. Porque cuando el miedo, la pobreza y la incertidumbre se transforman en políticas públicas, dejan de ser consecuencias de una mala administración y pasan a convertirse en mecanismos de control social. Y esa no es la sociedad que merecemos los chilenos.