El Ministerio Público indaga pagos por más $68 millones de parte del Congreso Nacional a asesores “fantasma” del otrora diputado de la UDI, Joaquín Lavín León. Al menos tres de ellos, sostiene el Ministerio Público, trabajaron en la oficina de su padre, Joaquín Lavín Infante, durante su fallida carrera presidencial de 2021.
La información consta en el expediente judicial contra el ex parlamentario gremialista que este miércoles fue nuevamente formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por fraude al fisco reiterado. En simple, el organismo persecutor le imputa haber montado un call center electoral a costa de dineros del fisco. Para ello, contrató —con cargo al Congreso Nacional— siete asesores, quienes —según la indagatoria— se dedicaron a campañas electorales vinculadas a la Unión Demócrata Independiente.
De acuerdo con la investigación de la fiscal Constanza Encina Calquín, Lavín León instruyó a su equipo parlamentario trabajar en bases de datos y realizar propaganda política vía telefónica. Usaron de manera íntegra su jornada laboral para tales menesteres.
Una versión que, sin embargo, es desestimada por la defensa. Desde el entorno de Lavín León apuntan a que no se utilizó un solo peso fiscal para campañas políticas y que la recopilación de bases de datos tuvo fines estrictamente relacionados a la labor parlamentaria del ex UDI.
La “maquinaria electoral”
Tal como reveló la Unidad de Investigación de Bío Bío, el perjuicio fiscal más grande que se le imputa a Lavín León está asociado a SocialTazk. Se trata de una plataforma digital diseñada en 2018, para el manejo de bases de datos que posteriormente sirvieron para el envío masivo de mensajes de texto con frases políticas. El objetivo era, justamente, utilizarlo en campañas, tanto del propio imputado como de la UDI en general, sostiene el Ministerio Público.
Entre julio de 2018 y agosto de 2019 Lavín León contrató como asesor legislativo a quien estaba desarrollando la aplicación. Y luego, rindió los gastos de la plataforma ante la sede del poder legislativo.
Hasta ahí, historia conocida.
Sin embargo, la indagatoria se amplió y la fiscalía descubrió que el Congreso —además del creador de la plataforma— también había contratado a otros siete “asesores”. El Ministerio Público apunta que su reclutamiento se dio precisamente para operar la maquinaria electoral de Lavín León.
El primero en aparecer mencionado es Arnaldo Domínguez Vallejos, brazo derecho del exparlamentario. Pese a dedicar su jornada laboral a tareas de campaña según los investigadores, recibió por parte del Congreso Nacional, entre marzo de 2020 y agosto de 2021, remuneraciones cercanas a los $30 millones.
Domínguez es el asesor más complicado junto al propio Lavín León. Cayó en prisión preventiva el mismo día que su exjefe, aunque con una diferencia: él terminó en Santiago 1, mientras que Lavín León purga la medida cautelar en el Anexo Capitán Yáber. Recientemente, la defensa del asesor solicitó que fuese trasladado a este último recinto penal, por problemas de salud. La petición se resolverá en audiencia del 31 de julio, misma fecha en la que se revisarán las cautelares de Lavín.
La defensa
A Arnaldo se suma Aída Olivares Olivera, quien —de acuerdo a los investigadores— dedicó parte de su jornada laboral a labores ajenas a su función parlamentaria. Es decir, a aumentar la base de datos de SocialTazk. Según los cálculos del organismo persecutor, entre agosto de 2020 y julio de 2021, el Congreso Nacional destinó al menos $7,7 millones al pago de remuneraciones que no le correspondían.
En una situación similar se encuentra Ilse Palma Pino ($7,3 millones cuestionados) e Irene Vera Saldaño ($6,7 millones).
A juicio de la defensa, si bien los asesores trabajaron en el perfeccionamiento de la base de datos de SocialTazk, ésta estaba destinada 100% a la labor parlamentaria.
Desde el entorno de Lavín León sostienen que es improcedente imputarlo por fraude al fisco por el mero hecho de recopilar información. Especialmente porque, agregan, no utilizó un sólo peso proveniente del Congreso para campañas políticas.
Por el contrario, afirman, destinó dinero de su bolsillo para emitir mensajes electorales.
La campaña de Lavín Infante en la mira
Casos aparte son los de Shigue Ogino Vargas, Romina Molina Schulz y Carlos Vargas Valderrama. Según estableció el Ministerio Público, los tres prestaron servicios que eran ajenos a su función parlamentaria en 2021 desde la oficina de Joaquín Lavín Infante, el padre del imputado y entonces abanderado presidencial de la UDI.
Hasta ahora, no existen antecedentes que vinculen a los asesores de Lavín León con la carrera a La Moneda del ex ministro de Estado. Se sospecha que llegaron a trabajar ahí puesto que para esa misma época —en plena pandemia— Lavín León había cerrado su oficina distrital.
De acuerdo con la fiscalía, Shigue Ogino recibió $2,5 millones de parte del Congreso. Cumplió sus funciones en las oficinas de Avenida Apoquindo 3001, piso 9, Las Condes, donde operaba específicamente la sede de campaña presidencial de Lavín Infante.
En la misma situación están Romina Molina Schulz ($13,1 millones) y Carlos Vargas Valderrama (1,3 millones).
Entre los siete asesores suman más de 68,5 millones cuestionados por el Ministerio Público. De los últimos tres, sólo Ogino fue formalizado. Quedó con arresto domiciliario nocturno y con arraigo nacional.
Según fuentes cercanas a la defensa de Lavín León, las labores que realizaron estos asesores tampoco están relacionadas a fines electorales y que se insertaron en las labores por las que fueron contratados.
“No me voy a referir [a Lavín Infante] porque es parte de las diligencias que están en curso”, dijo la fiscal Encina post audiencia de este miércoles.
La pareja de Arnaldo
El séquito de Lavín León lo cierra, según se desprende de la indagatoria, Belén Carrasco Riquelme, pareja de Arnaldo Domínguez, con quien mantiene dos hijos en común.
Pese a haber sido contratada también con dineros del Congreso, la fiscalía sostiene que desde 2018 no cumplió función alguna como asesora. Lavín León suscribió boletas de honorarios que luego se pagaron con platas fiscales.
Los investigadores sostienen que el verdadero beneficiado con esos fondos fue el propio Arnaldo Domínguez, quien recibió transferencias por $14,5 millones de parte de su pareja.
A juicio del Ministerio Público, Lavín, Domínguez y Carrasco defraudaron al fisco en $30 millones mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas por servicios que nunca fueron prestados a la sede del Poder Legislativo.
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