El gobierno de Kast y la gris ilusión de su doctrina transformadora

Hay una premisa que circula con la fuerza de lo evidente y que, sin embargo, falla con regularidad inquietante: un gobierno que triunfa debe usar su tiempo para construir su obra. Aprovechar la ventana, imprimir doctrina, dejar tras de sí un país parcialmente reescrito a la luz de sus convicciones. Es la exigencia mínima de todo proyecto político con ambición histórica: que el pensamiento y la acción se reconozcan en una misma huella.

La premisa parece obvia. Pero la historia chilena reciente muestra que entre el triunfo electoral y la doctrina hay una distancia mucho mayor que la que sugiere la aritmética de los votos. Lo que separa una victoria de una obra no es voluntad, ni siquiera convicción: es una condición que el calendario electoral no produce por sí solo, y que cuando falta convierte cualquier intento de transformación en una administración simbólica de la crisis.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, tuvo casi todas las condiciones formales para fundar época. Un mandato amplio. Una coalición ampliada. La incorporación de los liderazgos más legitimados del movimiento estudiantil. Un clima de exigencia reformista que parecía haber esperado durante años una oportunidad como esa.

Pero la historia no se deja impresionar por las condiciones formales.

El gobierno osciló. Avanzó cuando podía retroceder, retrocedió cuando podía avanzar, habló de reformas estructurales sin construir nunca una doctrina capaz de sostenerlas. Terminó atrapado entre quienes la acusaron de claudicación y quienes la acusaron de extralimitación. Y esa indefinición persiste hasta hoy.

Nunca hubo un proyecto con forma completa. Hubo titulares, intuiciones, ideas generales, reformas importantes, negociaciones parciales. Pero una negociación no reemplaza una doctrina. Y menos aún cuando la contraparte no se hace cargo de aquello que negoció.

Ahí está el caso de la reforma tributaria.

Hoy Bernardo Fontaine puede criticar la reforma de Bachelet aun cuando se negoció privadamente con él y su hermano en la famosa reunión de las galletitas. Puede decir que desde entonces Chile entró en una curva decreciente. Puede borrar su propia participación de la escena. Y no pasa nada. Porque cuando una reforma no queda inscrita en una doctrina, queda disponible para que cualquiera la niegue después. Lo que no se transforma en relato histórico termina convertido en anécdota administrativa.

Sebastián Piñera

Sebastián Piñera, en su primer mandato, asumió con bastante lucidez que la derecha no estaba en condiciones de instaurar una doctrina propia. Por eso se propuso administrar el equilibrio concertacionista con mayor eficiencia ejecutiva.

El cálculo no era absurdo. Pero confundió tecnocracia con conducción política, ejecutivos con estadistas, planillas con legitimidad. El resultado fue una ofensa de clase: un gabinete de empresarios instalado sobre una sociedad que ya incubaba el malestar que terminaría explotando años después.

En su segundo gobierno intentó lo contrario.

Intentó una derecha más consciente de sí, más dispuesta a marcar identidad, más convencida de que podía poner límites. Ya estaba ahí la premisa de Andrés Chadwick: “no pasarán”. Pero pasaron. Y pasaron más que nunca en la historia reciente. La frase que pretendía clausurar el conflicto terminó convertida en epitafio de una lectura equivocada del país.

Gabriel Boric

Gabriel Boric, finalmente, inauguró su mandato con la promesa transformadora más ambiciosa de la democracia chilena, sostenido institucionalmente por una Convención Constitucional inédita. Llegó con una generación que se sentía llamada a cerrar la transición, con una épica juvenil, con una izquierda que creyó ver en el poder la prolongación natural del estallido.

Pero en pocos meses el gobierno ya no tenía juego para esa promesa.

El resto de su período se redujo a administrar el daño, a contener el derrumbe, a sobrevivir gracias a un votante de izquierda que prefirió evitar la catástrofe antes que celebrar una obra. El gobierno que había llegado para inaugurar un ciclo terminó convertido en gobierno de contención. No condujo la transformación: sobrevivió a su fracaso.

El mensaje es claro: el camino de la transformación está lleno de fracasos.

El momento constituyente

Estos casos —los dos de Bachelet, los dos de Piñera, el de Boric— comparten algo más que su fracaso doctrinario relativo. Comparten una pregunta común: ¿por qué la legitimidad electoral no se convirtió, en ninguno de ellos, en capacidad transformadora?

La respuesta no está en los errores tácticos, aunque la mirada corta de la política chilena prefiera creerlo así. No basta con contar ministros equivocados, vocerías torpes, errores comunicacionales o semanas mal administradas. Eso explica episodios, no épocas. El problema yace en una condición previa que la teoría constitucional ha pensado con más rigor que la ciencia política de coyuntura: la existencia, o inexistencia, de un momento constituyente.

No en el sentido formal del término. No se trata simplemente de escribir una Constitución.

Se trata de algo más profundo: un clima histórico de doble inflamación en el cual una sociedad se hace simultáneamente disponible para rechazar el presente y para creer en un futuro alternativo.

La primera inflamación es la de la crítica. La segunda es la de la propuesta, la de la ilusión, la del porvenir imaginado como recompensa. Sin ese doble fuego, cualquier intento de doctrina se vuelve aire. Con él, incluso los fracasos pueden ser reinterpretados como parte de una gesta.

Conviene detenerse en esto, porque aquí está el malentendido central.

Una transformación política no funciona como el sueño de comprar un auto. En un crédito automotriz primero se recibe el objeto del deseo: el auto reluciente en la puerta, la sensación de plenitud, el olor a nuevo, la ilusión de haber llegado. Solo después vienen las cuotas, el desgaste, la mantención, la decadencia lenta de todo objeto. Pero queda un capital emocional inicial. Queda una memoria de plenitud que sostiene el sacrificio posterior. Este fue mi sueño, se dice uno. Vale la pena pagarlo.

Es como los primeros meses de una relación de pareja cuando son hermosos. Después podrán venir las dificultades, las discusiones, las zonas grises, pero algo queda depositado como crédito afectivo. Una memoria inicial permite resistir la intemperie posterior.

La transformación política invierte ese orden. Primero llegan las cuotas. Primero llega la incertidumbre. Primero llega el desorden. Primero llega la pérdida de seguridad. Primero aparecen las resistencias de quienes vivían bien en el sistema anterior, las incomodidades de quienes no saben si estarán mejor, los costos materiales y simbólicos de mover estructuras que parecían inmóviles. Solo después, si todo sale bien, llega el objeto del deseo. Y casi nunca se parece al sueño.

La sociedad debe pagar antes de recibir.

Por eso toda gran reforma necesita producir una épica anticipada: una memoria del futuro que permita vivir los costos actuales como señales de estar participando en algo mayor que uno mismo. Cuando esa operación simbólica funciona, incluso los fracasos parciales se sostienen.

Hay pueblos que conservan el orgullo de experiencias históricas que terminaron en pesadilla porque, durante un tiempo, esas experiencias les ofrecieron una imagen de grandeza. Cuando la operación falla, en cambio, la reforma se vuelve puro desorden y la ciudadanía se siente estafada por un crédito cuyas cuotas no terminan nunca y cuyo objeto no aparece jamás.

La condición de esa operación simbólica es precisamente lo que los teóricos del proceso constituyente llaman el momento. Un proceso constituyente, en el sentido fuerte del término, requiere un clima específico: una doble inflamación. No basta con el rechazo del presente. Se requiere también la creencia activa en el futuro. Las dos llamas deben arder simultáneamente.

Y aquí está el punto crítico: las dos no se comportan igual. La inflamación crítica contra el presente puede mantenerse y profundizarse durante años, alimentada por el deterioro continuo de las condiciones materiales o simbólicas. La inflamación esperanzada hacia el futuro, en cambio, es frágil, contingente, fácil de evaporarse.

Una sociedad puede seguir odiando el orden vigente y, al mismo tiempo, haber dejado de creer en el proyecto que prometía superarlo.

Esa es la situación más peligrosa para cualquier gobierno con ambición transformadora: tener el diagnóstico vivo y la promesa muerta. Recibir la herencia del malestar sin recibir su contraparte. Tener rabia social disponible, pero no crédito de esperanza.

La Convención

Boric y la izquierda chilena tropezaron precisamente con esa diferencia. Confundieron la inflamación crítica que produjo el estallido con un momento constituyente en regla. Creyeron que la rabia contra el modelo era equivalente a una adhesión proactiva al proyecto que se ofrecía como reemplazo. Pero no era lo mismo. Nunca lo fue. Una cosa es que una sociedad quiera castigar el presente; otra muy distinta es que esté dispuesta a pagar los costos de un futuro que todavía no logra imaginar.

La Convención avanzó como si la doble inflamación estuviera estabilizada. No lo estaba.

Una de las dos llamas se había apagado mucho antes de que el órgano comenzara a trabajar. Además, la Convención quiso seguir hablando en tono ilusorio, pero sin materialidad alguna. Habló de derechos, de reconocimiento, de plurinacionalidad, de dignidad, de nuevo pacto. Pero no logró construir la potencia visual del futuro. No logró hacer que una mayoría social pudiera decir: ahí quiero vivir. Sin esa imagen, el texto constitucional quedó suspendido en una zona extraña: intenso, cargado, moralmente ambicioso, pero socialmente irreconocible.

La mayoría que rechazó el texto en septiembre de 2022 no había dejado necesariamente de detestar el orden anterior. Simplemente había dejado de creer que la propuesta sobre la mesa fuera mejor. Esa diferencia es decisiva. El rechazo no fue una reconciliación con el pasado. Fue una desconfianza ante el futuro ofrecido.

Eso es exactamente lo que podemos señalar como un proceso caliente sin gobernanza, sin límites, sin muros que ordenaran el contenido y sus definiciones. La Convención fue una asamblea que reprodujo la totalidad del conflicto social en su interior. No logró traducir energía social en producción normativa coherente. Terminó con un texto técnicamente confeccionado, pero socialmente irreconocible. Y el gobierno de Boric pagó el precio de haber leído la realidad como si el momento constituyente fuera una constante estructural, cuando en verdad era un instante volátil que la propia dinámica del proceso fue consumiendo.

Gobierno de Kast

El gobierno de José Antonio Kast está cometiendo el error simétrico. Y es necesario decirlo con todas sus consecuencias, porque el patrón es reconocible y la trayectoria, hasta cierto punto, predecible. Kast llegó al poder con un mandato robusto en votos, con una izquierda en descomposición narrativa, con una ciudadanía cansada, asustada, irritada, deseosa de orden. Pero llegó sin una coalición disciplinada, sin un Congreso favorable y con un proyecto incompleto. Llegó con votos, pero no necesariamente con época. Llegó con autoridad electoral, pero no necesariamente con autorización doctrinaria.

Apenas instalado en La Moneda, debió ejecutar un cambio de gabinete temprano, señal de que la maquinaria no estaba preparada para el peso simbólico de su propia promesa. Por lo demás, la aprobación se mantiene en niveles modestos para un gobierno recién iniciado, marcando hasta ahora una caída constante y relativamente veloz. No se trata solo de un problema comunicacional. Es algo más profundo: el gobierno parece hablarle a una épica que la sociedad no ha comprado.

El discurso oficial apela a la emergencia, a la urgencia, a la excepcionalidad, como si esos términos por sí solos otorgaran licencia para una refundación de derecha.

Pero la emergencia no es una doctrina. La emergencia es un permiso limitado.

Kast cree que su triunfo de diciembre fue el inicio de una especie de momento constituyente conservador. La evidencia sugiere, en cambio, que fue apenas un acto de transferencia de rabia, una sanción contra el gobierno anterior, una demanda defensiva de orden que la derecha capturó porque la izquierda estaba inhabilitada para ofrecerla. Eso es muy distinto a una autorización doctrinaria. Una sociedad puede votar por orden sin querer una revolución conservadora. Puede votar por castigo sin votar por refundación. Puede votar por miedo sin entregar amor.

El recurso político central del kastismo durante la campaña fue la tesis de la emergencia. Ese concepto operó como un articulador extraordinariamente eficaz. Unificó miedos dispersos, organizó emocionalmente la percepción del país, transformó la inseguridad delictual en una metáfora más amplia de inseguridad civilizatoria: institucional, económica, administrativa, simbólica. La sensación dominante fue que nadie conducía realmente el proceso. Boric era una puerta que se abría hacia una habitación inexistente. Kast supo capitalizar esa percepción transformándose en algo más útil que un candidato deseable: en un candidato necesario.

La diferencia es decisiva.

Cuando una fuerza política triunfa porque la ciudadanía la desea, recibe crédito histórico. Cuando triunfa porque la ciudadanía la considera la única salida disponible, recibe apenas una autorización condicional para restablecer normalidad. El contrato implícito en cada caso es radicalmente distinto. En el primero, la sociedad está dispuesta a pagar cuotas anticipadas por la búsqueda de un sueño. En el segundo, exige resultados inmediatos sin haber comprado ningún sueño.

Aquí aparece la trampa que el gobierno parece no estar viendo. La emergencia es un dispositivo retórico que funciona muy bien para llegar al poder, pero funciona muy mal para transformar el modelo desde el poder. La emergencia legitima la intervención, no la refundación. Autoriza estabilizar el sistema, no reinventarlo. Permite apagar el incendio, no rediseñar la ciudad entera aprovechando las cenizas.

Y, sin embargo, el gobierno de Kast opera como si el mandato recibido fuera doctrinario. Opera como si la victoria electoral hubiera consagrado una preferencia estructural por la derecha que se mantendrá inalterable durante todo el período, independientemente de lo que ocurra en el escenario.

Esa lectura es funcional al cálculo interno de la coalición, porque permite avanzar agendas más ambiciosas que las que la legitimidad efectiva del mandato soportaría. Pero descansa sobre una doble ilusión: la ilusión del escenario neutro —creer que cada batalla se gana en su arena específica sin contaminar las demás— y la ilusión de la irreversibilidad del mandato —creer que el voto inicial opera como una autorización permanente que no se erosiona con cada movimiento del gobierno—.

La advertencia anterior podría parecer especulativa si no fuera porque el gobierno ya ha mostrado, en sus primeras semanas, el tipo de radicalidad que pretende imprimir. El caso de Jorge Quiroz al frente de la cartera económica es paradigmático. Lo que se presenta como ajuste fiscal y modernización del Estado opera, en realidad, como una reescritura ideológica del rol público: reducción agresiva del gasto social, revisión de programas redistributivos construidos a lo largo de tres décadas, replanteamiento de la arquitectura tributaria con un sesgo de clase apenas disimulado.

No se trata de eficiencia. Se trata de cirugía mayor.

Una cirugía mayor sobre un cuerpo institucional que se construyó por sedimentación y que el gobierno asume como susceptible de ser intervenido sin costo político porque interpreta el mandato recibido como una autorización amplia para hacerlo. Ahí aparece el punto exacto: el conservadurismo a favor de la transformación rápida e inconsulta. Una jugada de riesgo, dice la historia.

La radicalidad no está en el ritmo, que será necesariamente gradual por restricciones legislativas, sino en la profundidad de la pretensión. Quiroz no llega a administrar el modelo: llega a refundarlo en clave de derecha dura. Esa diferencia es exactamente la que define si un gobierno se considera o no en momento constituyente. Y la respuesta práctica que el gobierno está dando es inequívoca: sí, lo está. Lo cual confirma, justamente, el diagnóstico que abre la duda sobre si tiene el crédito social para hacerlo.

El caso de Iván Poduje en vivienda y urbanismo opera en una clave análoga, pero en otro registro. Poduje llegó al gobierno con una agenda de transformación urbana que, vista en abstracto, contiene elementos razonables y técnicamente defendibles: combatir tomas, recuperar control territorial, agilizar permisos, reordenar la política habitacional. El problema no es el contenido genérico. El problema es la forma de su implementación, que asume la posibilidad de reorganizar la relación entre Estado, propiedad y territorio sin pasar por las mediaciones políticas que tradicionalmente protegen ese tipo de cambios.

Hay una pulsión refundacional en la manera en que se conciben la demolición, la judicialización del fenómeno migratorio en su dimensión habitacional, la subordinación de los municipios a una lógica central de orden. Es la misma operación de Quiroz, trasladada del aparato económico al aparato territorial: la convicción de que el mandato electoral entrega licencia para modificar estructuralmente equilibrios que se sostenían sobre acuerdos tácitos de larga data.

Cada uno de esos acuerdos tenía costos, ciertamente.

Pero también cumplía funciones de estabilización que ningún diseño técnico puede reemplazar en el corto plazo. Poduje y Quiroz comparten el mismo error de cálculo: confunden la disposición ciudadana a recibir orden con una disposición a aceptar la reescritura del pacto. Y entre ambos puntos hay una distancia enorme.

La mirada del gobierno sobre la ciencia es quizás la pieza más reveladora de su matriz ideológica, porque ahí no hay urgencia que justifique la operación. Nadie puede decir seriamente que la ciencia básica sea una amenaza inmediata para el orden público. Nadie puede invocar la emergencia para explicar el desprecio por la investigación lenta, silenciosa, acumulativa, sin espectáculo. Y, sin embargo, el relato oficial subordina la investigación científica a la lógica de las startups, como si la producción de conocimiento debiera medirse únicamente por su capacidad de generar empresas, patentes, retornos y unicornios.

La ciencia básica queda así convertida en una especie de lujo improductivo. Pero no lo es.

La ciencia básica es lenta, costosa, incierta y muchas veces incomprensible para el poder político precisamente porque constituye el cimiento de toda capacidad tecnológica seria. Lo que se presenta como modernización es, en realidad, una rebaja ontológica: el conocimiento ya no vale por sí mismo, sino solo en la medida en que puede convertirse en producto. La pregunta no es si las startups son valiosas. Lo son. La pregunta es qué se pierde cuando se las instala como medida de toda producción intelectual. Y lo que se pierde es decisivo: la posibilidad de que Chile produzca pensamiento, no solo aplicaciones.

En un país que apenas comenzaba a consolidar masa crítica científica, este retroceso no se corrige con un presupuesto posterior ni con una frase amable en una cuenta pública. Desarmar comunidades de conocimiento toma poco tiempo. Reconstruirlas tarda una generación.

La denostación de la cultura completa el cuadro. No se trata solo de recortes presupuestarios, que podrían discutirse dentro de una lógica fiscal coherente. Se trata de algo más profundo: un desprecio explícito, una hostilidad simbólica cultivada como marca de identidad. La cultura aparece presentada como gasto superfluo, como elite desconectada, como apropiación ideológica de la izquierda. Pero atacar a artistas, intelectuales, gestores y trabajadores culturales no es atacar simplemente a un sector adversario. Es debilitar el tejido simbólico que produce identidad, memoria y futuro compartido.

Y aquí aparece la contradicción interna más severa del kastismo.

Pretende refundar el modelo, pero demuele las herramientas simbólicas que cualquier refundación necesitaría para sostenerse. Quiere instalar época sin construir época. Quiere ser doctrinario sin producir cultura propia. Quiere transformar el país sin hacerse cargo del trabajo lento, ingrato y profundo mediante el cual una sociedad llega a creer en una transformación.

Esa imposibilidad estructural probablemente aparecerá antes que cualquier otra.

Porque la derecha conservadora puede ganar una elección prometiendo orden, pero no puede fundar una época solo con emergencia, castigo y desprecio. Puede llegar al poder sobre la fatiga social, pero no necesariamente gobernar sobre una ilusión compartida. Puede disciplinar, ajustar, ordenar, reducir, castigar. Pero transformar exige algo más: exige que una sociedad acepte pagar por adelantado un futuro en el que todavía cree.

Y esa creencia no se decreta.

El conservadurismo, cuando es prudente, entiende que las sociedades no se reescriben como decretos ni se ajustan como balances. Sabe que las instituciones viven de sedimentos, de hábitos, de miedos, de memorias y de acuerdos tácitos. Pero cuando olvida esa sabiduría y se deja poseer por la fantasía refundacional, se vuelve una fuerza extrañamente parecida a aquello que decía combatir. Se vuelve revolucionario, pero sin épica popular; transformador, pero sin promesa compartida; radical, pero sin momento histórico.

Ese es el riesgo del gobierno de Kast: creer que la rabia recibida era esperanza; creer que el mandato defensivo era autorización doctrinaria; creer que la emergencia podía convertirse, por simple insistencia, en una nueva fundación nacional. Pero una sociedad asustada no necesariamente quiere ser refundada. A veces solo quiere respirar.

Y cuando un gobierno confunde ese respiro con una carta blanca para reescribir el país, la historia suele cobrar caro. Porque la transformación rápida e inconsulta no es patrimonio exclusivo de la izquierda ni de las revoluciones clásicas. También ha sido, muchas veces, el sueño secreto de las derechas que se cansan de conservar y deciden acelerar la historia en nombre del orden.

Ese sueño suele tener un color menos luminoso del que promete. No es una épica. Es apenas la ilusión gris.